Tres desafíos para el país

Vivimos un momento en el que se discuten temas de máxima trascendencia, bajo un clima de descontento y desconfianza generalizado, en donde buscar consensos y abrir el diálogo es fundamental, como única forma de aportar experiencias y visiones que pongan en el centro de las políticas públicas el bien común.

Para la construcción, industria que el año pasado creció apenas un 0,9% y perdió a 65.000 trabajadores capacitados, el panorama no es auspicioso. En Antofagasta las variaciones negativas durante el primer semestre en torno al -2% arrojaron un escenario que aunque negativo abre una oportunidad para plantear con mayor firmeza aquellos desafíos país que pueden ser abordados en el corto plazo, siendo prioridad que el Gobierno termine con el déficit habitacional, revisando iniciativas como el proyecto de ley de aportes al espacio público, la nueva norma de provisiones para la banca y eventuales nuevos impuestos a la actividad inmobiliaria, que podrían dificultar el acceso a una vivienda de los sectores emergentes y medios.

Sin ir más lejos el último Balance de CChC advirtió que a nivel nacional se necesitarían más de 140.000 viviendas y una inversión de US$5.000 millones para responder a los requerimientos del grupo más vulnerable de la población y que en la ciudad el porcentaje de nivel de allegados de 6.8% es visiblemente más alto que lo que se registra a nivel nacional con solo un 2.8%.

El segundo desafío para Chile es contar también con un plan integral y permanentemente actualizado de infraestructura estratégica, independiente de los vaivenes de la política y sus urgencias. Nuestra propuesta es la creación de una nueva institucionalidad, una Agencia Nacional de Infraestructura, junto con incrementar lo que hoy invierte el sector público en esta área, que es del orden del 2,5% del PIB anual, con una mirada especial hacia las regiones como la nuestra, que aporta casi el 10% de este indicador país.

Y en tercer lugar es indispensable que se refuerce y acelere el proceso de modernización del Estado y sus órganos fiscalizadores. Aquí nos detendremos pues la falta de actualización de la principal herramienta de planificación territorial de la ciudad le ha pasado la cuenta a Antofagasta, por lo que evaluar y perfeccionar esta normativa debiera ser la principal ocupación de nuestras autoridades, proceso en cual seguiremos enfatizando para que se escuche al sector privado, que mucho tiene que decir sobre políticas públicas de un país y una región que hemos construido y debemos seguir construyendo entre todos.