Acusación de alcaldesa genera debate sobre eventual suspensión del cargo

Municipalidad de Antofagasta
Municipalidad de Antofagasta | Foto: IMA

Tras la acusación de la Fiscalía en el denominado Caso Main en contra de la alcaldesa Karen Rojo por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible que dio a conocer El Mercurio de Antofagasta, se abrió un debate legal respecto a los alcances de esta medida respecto a su permanencia en el cargo o no.

Consultado por el mismo medio, el abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Bonilla, hizo memoria del caso del fallecido exalcalde Daniel Adaro quien sí quedó suspendido del cargo el año 2008 por una acusación similar, hecho que en su momento intentaron dejar sin efecto en el Tribunal Constitucional, pero no logrando el cometido.

«Todo indica que la alcaldesa también debería quedar suspendida del cargo por el hecho de haberse formulado una acusación en su contra, porque sus derechos ciudadanos quedan suspendidos de acuerdo al artículo 16º de la Constitución Política del Estado», indicó.

El contrapunto

Si hay una frase que han repetido constantemente los abogados defensores de la alcaldesa Karen Rojo es que este juicio no es parecido al del fallecido alcalde, de ahí que el futuro respecto a la suspensión podría correr distinta suerte.

Otros abogados consultados por el matutino también reafirman aquella lógica tomando como ejemplo lo ocurrido con otras alcaldes del país por el mismo delito. Uno de aquellos escenarios planteados tiene que ver con que los concejales pidan que se declare vacante el cargo al Tribunal Electoral Regional (TER), por la pérdida de la calidad de ciudadano.

Y mientras esto ocurra, la defensa de la alcaldesa presente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) que de ser acogida a trámite podría suspende el juicio en el TER, mientras el TC se pronuncie.

Acciones judiciales que seguramente se darán a conocer durante los próximos días en este caso que ya tiene casi dos años de investigación por parte del Ministerio Público.