Consejo de Defensa del Estado y Defensor Regional discrepan por eventual suspensión de Karen Rojo

"De acuerdo al artículo 16 de la Constitución y 61 de la Ley de Municipalidades, dictada la acusación el Alcalde o Alcaldesa queda suspendida del cargo", indica Carlos Bonilla, abogado del CDE. Por su parte, el Defensor Regional (s) de Antofagasta, Ignacio Barrientos, difiere indicando que "existe en este caso una clara afectación del derecho a la presunción de inocencia y al derecho a sufragio".

La eventual suspensión del cargo de la alcaldesa Karen Rojo a raíz del proceso judicial en su contra ha generado un debate entre diversos abogados respecto a si esta procedería o no en el actual escenario. Discusión a la cual ahora se suma el Defensor Regional (s) de Antofagasta, Ignacio Barrientos, y el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Bonilla. Ambos juristas, en conversación con Timeline.cl plantearon sus posturas sobre esta situación.

Por una parte, Bonilla hace un símil con el caso del fallecido exalcalde de Antofagasta Daniel Adaro quien también fue suspendido de su cargo por una acusación de fraude al fisco. Sin embargo, Barrientos, defiende el derecho de presunción de inocencia que debiera regir en este caso permitiendo que Rojo permaneciera en su puesto mientras se desarrolla en paralelo el juicio.

A ambos abogados de les planteó la misma pregunta: ¿En esta etapa del proceso penal procede la suspensión del cargo de la alcaldesa Karen Rojo?

Carlos Bonilla, Abogado del Consejo de Defensa del Estado. De acuerdo al artículo 16 de la Constitución y 61 de la Ley de Municipalidades, dictada la acusación el Alcalde o Alcaldesa queda suspendida del cargo. Ahora ¿Cuándo va a suceder esto? cuando se termine la etapa de preparación del juicio oral que es el 14, 15 y 16 de julio. Cuando esta etapa esté terminada, ahí el Juez de Garantía debe comunicar a la municipalidad que la alcaldesa queda suspendida, no antes.

Ellos plantearon un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional que está en tramitación, el Tribunal lo declaró admisible pero no suspendió los efectos de la acusación. Nosotros tenemos 10 días para evacuar el traslado y el Tribunal luego deberá decidir si declara o no admisible el recurso de inaplicabilidad.

La suspensión dura hasta que quede el fallo ejecutoriada; es decir, sin recursos (Apelaciones y/o Corte Suprema)

Ignacio Barrientos, Defensor Regional (s) de Antofagasta. Si consideramos solamente las normas del art. 61 de la Ley Orgánica de Municipalidades en relación con el art. 16.2 de la Constitución, la respuesta debería ser afirmativa.

Sin embargo, en mi opinión, esa respuesta fácil es errada porque desconoce, por un lado, que existe en este caso una clara afectación del derecho a la presunción de inocencia y al derecho a sufragio. Ambos derechos tienen el carácter de derechos constitucionalmente garantizados. Así se estima de manera unánime, aun cuando la presunción de inocencia no esté mencionada expresamente en el texto constitucional.

El art. 16. 2 de la Constitución establece que el último de los derechos indicados se suspende por la presentación de una acusación penal que atribuya la comisión de un delito que merezca pena aflictiva, esto es, de tres años y un día hacia arriba. La cuestión es que una persona respecto de la cual se ha presentado acusación es una persona que debe presumirse aún como inocente y así hasta la dictación de sentencia condenatoria en su contra. Lo que hace el art. 16.2 constitucional es adelantar los efectos de una sentencia condenatoria y en el caso de quienes detenten el cargo de alcaldes o alcaldesas habilitar para que se pida su incapacidad temporal para desempeñar el cargo. ¿Esto está bien desde el punto de vista constitucional?

La respuesta a la pregunta con la que cierro el párrafo anterior es un rotundo no. No está bien. Y no lo está porque en términos simple es “borrar con el codo lo que se escribe la mano”. Y lo digo así tan coloquialmente para que se comprenda que lo que revela esta situación es una inconsistencia normativa tremenda en el propio texto de la constitucional, que por lo demás fue advertida en la misma Comisión Redactora de la Constitución pues, por una parte, se admite que las personas tienen derecho a ser presumida inocentes y, por otra, se les priva de un derecho fundamental y clave para la participación política por la sola actuación de  un funcionario público, el fiscal del caso, que no establece con ello ninguna culpabilidad, pues ello es función de los tribunales. En una parte, la Constitución dice hay que respetar el derecho a la presunción de inocencia y, en otra, desoye su propio llamamiento de respeto a ese derecho.

Pero, además de esa inconsistencia que yo denomino en un artículo que escribí hace más de 10 años como “vulneración constitucional de la presunción de inocencia”, existe el problema grave que la norma constitucional del art. 16.2 infringe un claro mensaje del art. 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala que el derecho a la participación política, entiéndase el derecho a sufragio en sus modalidades pasiva y activa, es decir, ser candidato o elector, sólo puede ser regulado o limitado exclusivamente por razones, entre otras, de condena en causa penal. Y aquí el problema es grave pues una norma de la Constitución está en abierto desacuerdo con lo que previene el art. 23.2 de la Convención mencionada. Y esto no es menor, pues al suscribir y ratificar este tratado internacional el Estado de Chile se obligó a respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención. En este caso los órganos del Estado tiene no solo que acatar lo que dice la Constitución, sino que por sobre todo lo que expresan los tratados internacionales de derechos humanos. Lo anterior se funda en la norma del art. 5 de la Constitución que abre o remite el Derecho Chileno al Derecho Internacional. Los tribunales enfrentados a ésta colisión de normas tienen una obligación establecida por el Sistema Interamericano que es efectuar un control de convencionalidad y preferir la norma que asegurando de mejor forma el respeto y garantías de los derechos resulte aplicable al caso. Y esta norma no es otra que la de la Convención Americana. Esto obligaría a los jueces a desaplicar la norma del art 16. 2 y  del art. 61 de la Ley de Municipalidades por ser disconformes con las normas y estándares del Sistema Interamericano del que somos parte.