COVID-19 en las cárceles

Por Ignacio Barrientos Pardo, Defensor Regional (S) de Antofagasta

Ignacio Barrientos
Ignacio Barrientos, Defensor Regional Suplente

Este año 2020 será recordado por mucho tiempo como el año en que “nos pusimos en pausa”. El COVID-19 es, seguramente, la mayor pandemia que ha azotado al mundo entero en los últimos 100 años. La crisis originada por su propagación del virus impactó en todos los ámbitos de nuestra vida. Al día de hoy los datos entregados por la Universidad Johns Hopkins, señalan que el nuevo coronavirus ha cobrado la vida de más de 444.000 personas en el mundo y alcanza las 8.190.000 de infectadas, de las cuales Estados Unidos, Brasil y Rusia concentran la mayor tasa de contagios, encabezando la lista de los países más golpeados por la pandemia.

En Chile el coronavirus registra 220.628 personas contagiadas al día de hoy, con 3.615 víctimas fatales, según información oficial, cifra ésta última que equivale al 1.2% del total de la población nacional. A su vez, nuestro país se ubica en el puesto 12 de la lista de países con más contagios.

En los recintos penales a lo largo del país la población en sistema cerrado supera las 40.000 personas y a la fecha de hoy el número de contagiados alcanza a 597 personas, lo que supera el 1,5% del total de las personas privadas de libertad, situación del todo preocupante porque supera al porcentaje de personas en libertad. Además, ya se registran 5 internos fallecidos.

Justamente, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de las mayores preocupaciones en medio de esta crisis sanitaria, son las personas que viven en centros colectivos. Entre ellas, sin lugar a dudas, las personas recluidas en las cárceles de todo el mundo quienes se encuentran en una condición de mayor riesgo, lo que ha movido a diversas organizaciones a emitir sugerencias, recomendaciones o exhortaciones sobre las medidas que se deben implementar para enfrentar la pandemia en los centros de detención. La preocupación mundial respecto de los presos y reclusos está motivada no solo por las condiciones de habitabilidad, sino por la situación de vulnerabilidad derivada de la especial relación de sujeción a la autoridad penitenciaria, ya que dependen, para la satisfacción de sus necesidades básicas, casi absolutamente de la actuación de agentes del Estado.

Diversos organismos internacionales han sostenido que los Estados se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. La Corte Interamericana ha declarado que los Estados deben asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a las personas detenidas o retenidas las condiciones necesarias para contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad, y que, por tanto, no pueden ser limitados, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso. Su falta de cumplimento puede resultar en una violación de la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

A nadie debe escapar que la realidad carcelaria chilena es un problema no resuelto. Sin perjuicio de la existencia de cárceles concesionadas, en que las condiciones de habitabilidad e higiene pudieran estimarse mejores, a lo largo del país aún existen cárceles en deplorables condiciones, un ejemplo claro de ello es la cárcel de Calama. Al día de hoy este recinto existen 26 internos confirmados como positivos, más del doble de los contagiados en la cárcel de Antofagasta. No se puede perder de vista que las malas condiciones de infraestructura resultan propicias para la propagación de un virus como el COVID-19.

Frente a esa realidad se alza el esfuerzo humano. Como lo hemos hecho anteriormente y más allá de los diversos roles que nos asigna el sistema legal, destacamos el tremendo esfuerzo y trabajo realizado por los/as funcionarios/as de Gendarmería y sus autoridades. La custodia y resguardo de personas privadas de libertad no es tarea fácil, menos en medio de una crisis sanitaria. Todas las medidas que se adopten deben considerar las dificultades y riesgos prácticos que existen.

Por ello, creo que compartiendo una mirada de prevención de más contagios debería observarse con mayor prudencia la decisión de trasladar internos a diversas cárceles de regiones desde recintos de la capital afectados por la pandemia, o al menos, adoptar, para hacerlo, las más rigurosas medidas sanitarias, a fin de evitar que medidas pensadas de buena Fe, como urgentes o necesarias, terminen transformándose en medios de propagación del virus.

Desde el primer día nos hemos coordinado con Gendarmería a nivel regional y sabemos de los esfuerzos que han desplegado. La contención de un virus en recintos penitenciarios es tarea compleja y los resultados de las medidas implementadas hasta ahora deben ser valoradas. La mejor forma de hacerlo es evitar que las adopciones de otras medidas echen por tierra dichos esfuerzos.