Defensor Regional: «Puede darse un recrudecimiento del estallido social después de la pandemia»

Ignacio Barrientos asegura que es están preparando para ese escenario con tal de poder brindar ayuda durante las primeras horas de la detención de los manifestantes. También critica que en su momento se cometieron excesos policiales "de otra época" y que hoy no están las garantías para evitar que aquello se repita.

Fue recién en marzo de este año cuando asumió como Defensor Regional suplente de Antofagasta pero su trayectoria es bastante larga. Ignacio Barrientos Pardo lleva 27 años ejerciendo como abogado donde destacan sus roles en materias de Derechos Humanos y migración, siendo incluso uno de los fundadores de la Corporación Migr-acción relacionado a este último ámbito.

En esta conversación con Timeline.cl se muestra crítico de las audiencias de juicio oral por internet pues «no logra garantizar el pleno respeto de las garantías y derechos de los acusados (…) ¿Cómo vas a confrontar a un testigo a través de las cámaras?¿Cómo harás evidente que el testigo dijo una cosa distinta a la declaración que dio ante el Ministerio Público o Carabineros?¿Cómo vas a hacer las objeciones a las pruebas que consideras que el Ministerio Público está haciendo en la audiencia?», indica.

Sin embargo, hoy los esfuerzos también se concentran en un escenario de estallido social post pandemia que les permita reaccionar durante las primeras horas de la detención. Y es que este es un cuadro conocido para Barrientos quien estuvo desde el primer día -junto a otros defensores- afuera de las comisarías para velar por los derechos de quienes eran llevados a los cuarteles policiales. Estallido que también cree solo está suspendido por la crisis sanitaria, pero que volverá mucho más complejo.

«Soy hijo de paco«, cuenta para aclarar que no existe animadversión con la institución de Carabineros de la cual tiene una dura crítica respecto al rol que tuvo ese momento pues asegura que hubo personas que sufrieron situaciones «de otra época» y teme que hechos como los que narrará en la entrevista, se puedan volver a repetir de reactivarse lo iniciado en octubre del año pasado.

  • Últimamente han comenzado las formalizaciones de personas imputadas por delitos asociados al estallido social ¿Qué mirada tiene de estos casos?

A diferencia de lo que pueda ser para una persona extraña al proceso penal, nosotros manejamos las causas penales prácticamente sin análisis moralista. Vemos una causa y las oportunidades y defensa que existen y eso es difícil de entender para quien no está involucrado en esto. Para nosotros lo que importa son los antecedentes de la investigación que obran en contra de nuestro defendido o a favor de este. Es un tema de evidencias por si hay o no antecedentes que permitan inculpar o -en primer término- poner una medida cautelar o condenar a nuestros defendidos o absolverlos. Por eso, para nosotros, que sea una causa que venga de un episodio que todos hemos coincidido en llamar «estallido social» no tiene la relevancia que tiene para el resto.

  • A diferencia de otros casos, aquí el gobierno invirtió una gran cantidad de recursos en equipamiento que permitiera dar con los responsables los actos vandálicos ¿Esto se ha reflejado en la calidad de la prueba presentada en las formalizaciones?

No sacas nada con tener un drone que saca fotografías con las características del momento donde esto ocurre que es de noche, con personas cubiertas en su rostro y con una calidad de imágenes que tampoco es de las mejores. En los hechos que hemos conocido, han habido antecedentes que han permitido al Ministerio Público ofrecer procedimientos abreviados y en varios de ellos el propio acusado ha aceptado los hechos de la investigación logrando una pena menor e incluso se ha permitido en este escenario de crisis sanitaria egresar de la cárcel. Hasta ahora no se ha llegado a ningún juicio oral por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre del año pasado. Hay casos que son complejos donde todavía hay un par de muchachos que están en prisión preventiva y con abogados particulares porque las imputaciones son graves.

  • Cuando comenzó el estallido social en Antofagasta ¿Se resguardaron los derechos de quienes eran detenidos por la policía?

En muchos de los casos hubo personas que fueron detenidas y que sufrieron situaciones que parecían de otra época pues resultaban con lesiones en su cuerpo, extremidades, espalda, que iban más allá de la fuerza necesaria para detener a una persona.

  • ¿Eso lo detectaron desde un comienzo del estallido social o fue más adelante?

Yo diría que durante los primeros tres meses y después también se presentaron episodios de ese tipo. Muchas personas eran detenidas y luego liberadas en otros lugares antes de llegar a los cuarteles policiales. Nosotros estábamos todas las noches principalmente en la Tercera Comisaría donde podíamos intentar tomar evidencia fotográfica de lo que estaba pasando, interceder ante el Ministerio Público, pararnos ante el Tribunal de Garantía para que acudiera en muchos casos a inspeccionar el cuartel policial y ver las condiciones de la detención y a los detenidos, pero esa se una situación creemos que comenzó el mismo 19 de octubre

Frente a eso uno quiere que no se vuelva a repetir. A partir de ese momento, como Defensoría Penal Pública, se comenzó a pensar en la proyección de una defensa en las primeras horas de la detención pero con una puesta institucional que considerara recursos, una adecuada planificación de la defensa en esa instancia y tanto es así que la nos adjudicamos un proyecto donde tenemos plazo hasta finales de este año para concluir esa primera etapa y luego vendrá la implementación.

  • ¿Qué le impactó más de lo que observó en ese momento?

Puedo decir -porque estuve ahí durante muchas noches desde el 19 de octubre- que de forma espontánea varios defensores llegaron sin que tuviéramos tiempo para coordinarnos y lo hicieron con una mística bastante grata. Ahí pudimos comprobar cosas que no son buenas, lo primero es que había exceso policial y esto lo digo con todo respeto a los funcionarios de Carabineros pues no tengo absolutamente nada contra ellos. De hecho, mi padre fue Sargento Carabineros, vivíamos en retenes y como siempre lo digo: «soy hijo de paco«. Entonces, no tengo nada en contra de ellos, pero pude comprobar que había exceso policial y es algo que me parece que en el Estado que nos encontramos como sociedad es repudiable.

Y lo otro que me sorprendió -pese a que soy abogado hace casi 27 años- es que me tocó vivir el sistema antiguo donde los abogados teníamos muy pocas posibilidades de ir las comisarías para ver a un detenido porque simplemente no te dejaban pero ocurre que este sistema procesal penal cambió y una de las cosas que dice es que una persona tiene derecho a una defensa desde el momento que es detenida y por eso es que podemos ir.

  • ¿Y con qué se encontraron durante el estallido social?

Nos encontramos, desde el primer día, con la resistencia de funcionarios policiales que demoraban en exceso el que pudiéramos entrar a entrevistarnos con los detenidos, es chocante porque no estamos hablando que el Código Procesal Penal empezó a regir hace dos años, este sistema comenzó el año 2.000. Entonces ¿qué ha pasado en 20 años?¿No hemos aprendido nada?¿Solo aprendizaje? No puede ser.

En esto estamos dispuestos -y se los he dicho a varios carabineros que me han querido escuchar- que estamos dispuestos como Defensoría a ayudar al cuerpo de Carabineros a superar esas falencias que todavía se presentan el 2020.

  • Si volviera el movimiento social a las calles post pandemia ¿Están las garantías  para que aquellos hechos que vieron en octubre del año pasado no se repitan?

No. No están dadas las garantías, no ha habido ningún cambio sustancial en quienes están encargados de las funciones de orden y seguridad. Creo que todavía hay situaciones de impunidad como son los casos de las personas que han perdido la vista producto de disparos en situaciones que se vivieron durante todo este periodo que se llama «estallido social». Siempre lo digo, nosotros creemos que el estallido social está en pausa, suspendido, pero no está terminado. Y, lamentablemente, puede darse un recrudecimiento de este después de la pandemia. Para eso nos hemos estado preparando durante todo este tiempo con capacitaciones, análisis, pero también con una actitud muy colaborativa con Carabineros pues somos parte de un sistema de justicia penal y Carabineros e Investigaciones son auxiliares del Ministerio Público.

En esta tarea, una de las cosas que pudimos constatar en las permanencias nocturnas en las comisarías es que aquellos detenidos que el fiscal decía que no lo pasaran a control de detención quedando citados y en libertad de irse a sus casas, se demoraban -en muchos casos- más de seis horas en salir. En varias oportunidades tuvo que ir el juez y decirles que liberaran a esa persona donde la explicación que daba Carabineros era que estaban con un retraso porque habían muchos detenidos.

Pero nosotros comprobamos que tanto el registro de ingreso y egresos de los detenidos se hacía manualmente en un libro de detenidos. Estamos en el siglo XXI, eso lo hacía mi papá en los ochenta. Entonces esto hay que hacerlo de una manera distinta, y por eso hoy día estamos en las primeras conversaciones con la plana mayor de Carabineros donde hemos tenido muy buena acogida para instalar un sistema distinto y digital de ingreso y egreso de detenidos.