Investigan a asesor jurídico de la Municipalidad de Antofagasta por falsificación de documentos

La denuncia surgió tras antecedentes recabados por la Defensoría Penal Pública luego que detectaran graves irregularidades en uno de los contratos que se había adjudicado Marcelo Encina. Junto a la sanción de 100 UF que aplicó el organismo, pusieron los antecedentes a disposición de la Fiscalía de Calama.

«Se tuvo por acreditado que el ex defensor penitenciario, don Marcelo Encina Muñoz, para justificar su inasistencia a unas actividades de la Unidad de Estudios y de la Defensoría Local de Calama, remitió por correo electrónico un certificado médico que señalaba que se encontraba con reposo médico por gastroenteritis por el lapso de 4 días desde el 27 de junio de 2019. Sin embargo, entre las diligencias del procedimiento sancionatorio se requirió informe al Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Antofagasta, el que evidenció que el abogado había salido del país el 22 de junio de 2019 con dirección a Brasil y que regresó el 2 de julio de dicho año. Ni el abogado ni la empresa informaron esta salida del país», indicó a Timeline.cl el abogado Luciano Cisternas, asesor jurídico de la Defensoría Penal Pública.

Estos son parte de los motivos que tuvo la Defensoría Regional para denunciar ante el Ministerio Publico al Asesor Jurídico del Alcalde Suplente Ignacio Pozo, por la comisión de hechos que podrían ser constitutivos de delitos. La denuncia de carácter penal se enmarca en el contexto de la relación que mantenía el actual Presidente Regional del Partido Radical con el organismo encargado de la defensa en el sistema procesal penal de la región.

La Copa América 2019

La nueva situación que complica judicialmente al asesor jurídico de la Municipalidad de Antofagasta se remonta al año 2019 y tienen relación con un contrato de defensoría penitenciaria que había suscrito Marcelo Encina Muñoz y que terminaba el 30 de junio del 2019.

Las alertas se encendieron poco antes del término de la licitación luego que desde la Defensoría Penal Pública (DPP) viajaron a Calama para velar por el cumplimiento del contrato vigente que se acercaba a su fin. Sin embargo, fue ahí donde se encontraron con la sorpresa que no pudieron encontrar físicamente a Encina, pese a que sus funciones debían realizarse de forma presencial. Para justificar aquello, este indicaría que estaba enfermo ante lo cual presentó una licencia médica.

Cabe señalar que el contrato en cuestión exigía que las defensas penitenciarias las realizara el propio Marcelo Encina o en su defecto algún reemplazante previa notificación a la DPP, situación que no había ocurrido. Pero las sospechas sobre una situación irregular se confirmaron cuando verificaron si el aludido se encontraba o no en el país.

En la época que se investigan los presuntos delitos, Brasil era un destino ampliamente visitado por personas de toda Sudamérica y particularmente por los amantes del fútbol pues -justo en ese lapsus de tiempo- se estaba llevando a cabo en el país carioca la Copa América donde -precisamente- Chile jugaba sus encuentros deportivos.

Para justificar su ausencia, el cuestionado funcionario de confianza del actual Alcalde Suplente de la ciudad, presentó un certificado médico que resultó ser falso, lo que sin duda deberá ser investigado por el fiscal a cargo del caso, sin perjuicio de constituir un eventual ilícito de carácter penal, lo que gatilló una investigación administrativa y como consta en el procedimiento sancionatorio que llevó adelante la institución, «durante la ausencia de Encina tampoco se proveyó un abogado que cumpliera el contrato que se había adjudicado para entregar defensa judicial tanto en los tribunales de justicia como en la atención a público», indica Cisternas.

«En este caso se aplicó la sanción de 100 Unidades de Fomento, por estimarse configurada una falta grave, la más severa en las Bases Administrativas de dicho contrato, sin perjuicio del grave carácter de los hechos que infringían la probidad administrativa (…) entendiéndose que los hechos de los que la Defensoría Regional de Antofagasta había tomado conocimiento constituían un delito de falsedad documental, se denunció el hecho a la Fiscalía Local de Calama, remitiendo el Oficio N° 381/2019, de fecha 4 de julio de 2019. Asimismo, atendida la gravedad del hecho, éste también fue puesto en conocimiento del Comité de Adjudicación Regional de Antofagasta», culminó señalando el asesor jurídico de la Defensoría Penal Pública.

Actualmente dicha investigación se está llevando adelante por parte del Ministerio Público a la espera de un nuevo informe que emane de la DPP para cuantificar el perjuicio que provocó este hecho por parte de Marcelo Encina y ver el curso judicial que tomará esta nueva denuncia que recae sobre quien debe velar por el aspecto jurídico tanto del municipio como del Concejo Municipal de Antofagasta. Un complejo escenario que deja en jaque al primer asesor nombrado por el Alcalde Suplente, quien podría enfrentar inminente formalización de cargos en su contra por el delito ya mencionado.