Región de Antofagasta: 376 personas inocentes estuvieron en prisión preventiva el 2019

"Si condenas a una persona inocente, el verdadero culpable queda impune. Ahí hay una doble pérdida. Ese es uno de los dramas de nuestro sistema porque la única manera de dejar sin efecto una condena penal ejecutoriada es a través de una solicitud de revisión a la Corte Suprema y las causales para interponer una revisión de una sentencia firme en materia penal son muy complejas", indicó Ignacio Barrientos, Jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Antofagasta.

Lo que puede parecer solo una cifra, esconde tras de sí la historia de personas a quienes el Ministerio Público atribuyó responsabilidades en delitos que luego -al avanzar el proceso judicial- terminaron siendo absueltas o sobreseídas. Buscar dónde se provocaron los errores que permitieron esta situación es uno de los objetivos principales del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública (DPP) y que en Antofagasta tiene como su impulsor a Ignacio Barrientos, Jefe de Estudios del organismo.

Las cifras hablan por sí solas. De las 16.630 personas que atendió el año 2019 la DPP en nuestra región, 3.747 terminaron siendo inocentes; es decir, un 21,1% del total de imputados en ese periodo. Y las cifras revelan todavía un escenario más dramático.

De esas 3.747 personas, un 10% (376) estuvo en prisión preventiva. Es decir, debió pasar tiempo tras las rejas mientras se realizaba la investigación en su contra que luego lo dejaría libre. De aquellos casos, el 45,5% estuvo hasta 15 días privado de libertad, el 48,1% entre 16 días y seis meses y un 6,4% (24) pasó entre seis meses y dos años en esa condición. Todo esto a nivel regional.

Al momento de mirar las cifras del 2020, el escenario no es muy esperanzador. Al 30 de agosto del presente año, en la región de Antofagasta, 809 personas que han enfrentado el proceso penal han sido absueltas o sobreseídas. En el caso de las primeros, 314 estuvieron en prisión preventiva mientras que en el segundo, 59.

Las dudas y el control

Ignacio Barrientos plantea que aquí existe una falsa sensación en la comunidad respecto a una justicia blanda pues los datos muestran todo lo contrario. Explica que de diez casos donde el Ministerio Público pide la prisión preventiva para un imputado, en nueve se establece dicha privación de libertad mientras dura la investigación.

«Lo que planteamos es que hay un uso desproporcionado y excesivo de la prisión preventiva (…) Cuando un plantea el uso racional de la medida preventiva uno no quiere decir que no decreten medidas cautelares sino que estas sean alternativas a la prisión preventiva como, por ejemplo, el arresto domiciliario total o parcial», explica el abogado.

Eso sí, ahí es donde juega en contra un factor ajeno al imputado. «Hay datos donde se da cuenta que los jueces de garantía no decretan el arresto domiciliario porque no tienen confianza en los mecanismos de control que existen para que se cumplan esas medidas cautelares», agrega.

Los principales errores

El Proyecto Inocentes, inspirado en programas similares de organizaciones en Estados Unidos, ha logrado identificar algunos aspectos donde se producen las fallas que terminan con personas inocentes en el banquillo de acusados. El primero de ellos pasa por errores en el reconocimiento o identificación por parte de testigos o incluso víctimas.

«Ocurre que no existe en nuestra ley procesal penal una normativa que regule el proceso de identificación de los imputados. De hecho, esto no está en el Código Procesal Penal sino en un protocolo que emitió el Ministerio Público (…) Otros factores son las declaraciones falsas, confesión falsa, conducta inadecuada de agentes del Estado como Carabineros o Fiscales, pericias mal realizadas donde hay casos de personas que han sido condenadas en un primer juicio a raíz de una pericia sicológica que se hizo mal (…) también está la conducta negligente de un defensor cuando debiendo aportar un medio de prueba no lo hace, sabiendo que eso ayudará la teoría del caso de su defendido», agrega.

La impunidad del verdadero culpable

Uno de los aspectos más complejos del sistema procesal chileno es que ese error de condenar a quien no tuvo relación con el delito, a su vez es la libertad para el verdadero victimario.

«Si condenas a una persona inocente, el verdadero culpable queda impune. Ahí hay una doble pérdida. Ese es uno de los dramas de nuestro sistema porque la única manera de dejar sin efecto una condena penal ejecutoriada es a través de una solicitud de revisión a la Corte Suprema, y las causales para interponer una revisión de una sentencia firme en materia penal es muy compleja. Es muy difícil lograr la revisión de un caso penal y eso hay que mejorar para generar mecanismos procesales más sencillos para lograr el establecimiento de la inocencia de una persona y se declare que se cometió un error», indica Barrientos.

Otro de los objetivos de este proyecto apunta a reparar económicamente a las personas que tras ser encarceladas se demostró que eran inocentes, pues aquello también es en la práctica extremadamente difícil que ocurra. Eso, al menos en lo monetario pues la carga social, incluso quedando en libertad, siempre pesará por quien en su momento fue sometido a juicio. «Una persona declarada inocente va a cargar toda su vida con esa imputación aun cuando haya sido declarada inocente pues siempre estará un manto de dudas sobre su caso», culminó el Jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública.

Revisa esta conversación completa que se dio en el espacio #StreamingTL conducido por el periodista Jorge Ortiz.

#StreamingTL | "Inocentes": El programa que busca proteger a personas injustamente acusadas de delitos. Entrevista con Ignacio Barrientos, Jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública.

#StreamingTL | "Inocentes": El programa que busca proteger a personas injustamente acusadas de delitos. Entrevista con Ignacio Barrientos, Jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública.

Publicado por Timeline Antofagasta en Jueves, 1 de octubre de 2020