Gobierno acude al Tribunal Constitucional para frenar segundo retiro del 10%

Uno de los motivos indicados por el gobierno es que actualmente -asegura- la red de apoyo social ha beneficiado a 3 de cada 4 chilenos durante los últimos nueve meses.

Fue mediante una declaración pública que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera informó que recurrió al Tribunal Constitucional para poner freno al proyecto que permite un segundo retiro del 10% de las AFP el cual avanza en el Congreso.

Dentro de la justificación para aquello está que -según el Ejecutivo- los últimos 9 meses, la Red de Protección Social ha logrado ayudar a 3 de cada 4 compatriotas. Además, indican que el pasado miércoles el Gobierno presentó al Congreso un Proyecto de Ley que permite un retiro único y extraordinario del 10% de los fondos de ahorro previsional, priorizando a quienes más lo necesitan. Iniciativa distinta a la planteada por los parlamentarios y que estaba a punto de aprobarse.

«Este es un proyecto responsable que otorga un importante alivio a las personas que más lo necesitan, resguarda mejor las actuales y futuras pensiones, no otorga beneficios tributarios injustificados a los sectores de más altos ingresos, permite la recuperación de los ahorros previsionales y, sobre todo, respeta nuestra Constitución y el Estado de Derecho», indicó el gobierno.

Respecto a la iniciativa parlamentaria, acusan que «esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos».

«Para evitar esta mala práctica, el Gobierno ingresó hoy al Tribunal Constitucional un requerimiento para que declare inconstitucional el Proyecto presentado por un grupo de diputados, respecto a un nuevo retiro de fondos previsionales (…) El Proyecto antes mencionado no sólo es inconstitucional. También genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la Justicia Social», concluye la declaración.