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sábado, mayo 8, 2021

Antofagasta: Jóvenes vinculados a delitos del estallido social salen en libertad

Libertad vigilada intensiva, arresto domiciliario nocturno y multas fueron algunas de las penas que el Tribunal de Garantía impuso a los 7 imputados acusados de diversos delitos cometidos en las manifestaciones de octubre de 2019

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Siete de los llamados jóvenes de la revuelta, imputados por una serie de delitos en el contexto del estallido social, salieron en libertad después de 13 meses en prisión preventiva y arresto domiciliario total tras aprobarse en el Tribunal de Garantía de Antofagasta un procedimiento abreviado al que se sometieron voluntariamente, asesorados e informados por sus abogados defensores.

En la audiencia, los imputados representados por la Defensoría Penal Pública fueron sentenciados a 61 días de reclusión parcial nocturna, la multa de 5 UTM en el caso del joven G.I.I., quien fue formalizado por el delito de receptación. A 3 años y un día de libertad vigilada intensiva por el delito de robo con violencia para FAAV. En el caso de MACC fue sentenciado a 900 días de reclusión parcial nocturna y se le abona el período que permaneció privado de libertad por lo que se alzó su medida cautelar.

Finalmente, el joven MAAE deberá cumplir 3 años y un día por el delito de robo con violencia y 1 año por lesiones menos graves; más 61 días el pago de 5 UTM por el delito de desórdenes públicos y finalmente 61 días por delito de daños. En suma, fue sentenciado a un total de 4 años y 123 días a pena privativa de libertad y se le abonará el periodo que estuvo recluido en el Nudo Uribe para pasar a cumplir el resto de la condena en libertad vigilada intensiva sumado a 120 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

En la tarde de ayer el Defensor Regional, Ignacio Barrientos y el Jefe de Estudios Regional, José Mario Fuentealba se reunieron con los familiares de los jóvenes para explicarles en qué consistiría esta audiencia y las características de la misma, indicando que “si bien se trata de una salida que requiere un acuerdo previo entre la defensa y el órgano persecutor, depende exclusivamente de la voluntad de los imputados decidir si optaban por el procedimiento abreviado o por un juicio oral, debiendo, eso sí, estar debidamente informados de las consecuencias  jurídicas de cada opción”.

Además, aseguró el Defensor que “estos imputados han sido acompañados en todas las etapas procesales y se ha monitoreado muy de cerca tanto su escenario judicial como su estado de salud, particularmente en este escenario sanitario, tal como se hace con cada uno de los imputados que atendemos. Además, hemos hecho varias reuniones con los familiares y desarrollado una intensa actividad recursiva de parte de los defensores, quienes durante los 13 meses que permanecieron sujetos a medidas cautelares, revisaron reiteradamente la intensidad de las mismas. En algunos casos logramos sustituir la prisión preventiva, pero en otros, debieron llegar hasta esta instancia para salir en libertad”.

“Estamos muy satisfechos del trabajo que hicieron los defensores penales Justo Veneros, Margarita Angulo, Roberto Vega y María Catalina Zuleta, quienes se entregaron con gran esfuerzo a estas causas, no solo por los aspectos jurídicos sino también por el enorme despliegue mediático que han provocado, especialmente con la huelga de hambre de uno de ellos. Sin embargo, hay que seguir trabajando ya que se les acompañará hasta el último día del cumplimiento de sus penas sustitutivas”, finalizó Barrientos.

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