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sábado, mayo 8, 2021

Ignacio Barrientos, Defensor Regional: “En la pandemia nos dimos cuenta que el uso de la prisión preventiva era exagerado”

El abogado habló sobre la situación judicial de los imputados durante la crisis sanitaria, manifestando que en varios casos lograron reemplazar la medida por arresto domiciliario. Y adelantó que, a raíz del estallido social, implementarán un nuevo sistema de trabajo, con defensores que estarán en las comisarías para atender a los detenidos en los primeros momentos que lleguen a los cuarteles policiales.

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Jonathan Mondaca
Jonathan Mondacahttp://www.timeline.cl
Periodista y Licenciado en Comunicaciones, Universidad Católica del Norte (UCN)

Una vez declarada la pandemia por coronavirus en el 2020, la Defensoría Penal Pública (DPP) inició una revisión de todas las prisiones preventivas con imputados en grupos de riesgo, como enfermos crónicos y adultos mayores, quienes podían cumplir una medida cautelar en sus domicilios. Según el jefe regional de la DPP, Ignacio Barrientos, los buenos resultados de ese ejercicio mostraron que existe un uso exagerado de la prisión preventiva, la que “debería utilizarse solo de manera excepcional”.

El abogado expuso que habría que repensar el arresto domiciliario, asociándolo a un mecanismo electrónico que asegure el cumplimiento de la cautelar; “hay que explorar la posibilidad de aplicar otra cautelar y eso es parte del sistema. Cuando alguien plantea la aplicación de una medida tiene que pensar siempre en una que sea igualmente eficaz, pero menos gravosa”. Sobre la contingencia por la crisis sanitaria, Barrientos expuso que todos los integrantes del sistema judicial se han adecuado al trabajo remoto, lo que permitió mantener el funcionamiento de los tribunales. Sin embargo, advierte que en el caso de los juicios orales, la presencialidad tiene relevancia para la defensa, por lo que no esperan que la modalidad de videoconferencias permanezca una vez superada la pandemia.

El defensor regional también habló sobre las condenas de imputados por casos en el estallido social, la nueva dinámica de trabajo que implementarán gracias a esa experiencia, la defensa en comisarías y, recalcó la disposición de Carabineros para capacitarse con la DPP y mejorar su función luego de los eventos del 2019.

¿En qué consiste el programa piloto defensa en comisarías?

  • Es un programa consecuencia de los hallazgos que surgieron en todo el periodo del estallido social, acerca de la importancia que tiene la presencia de los defensores en los primeros momentos de la detención, cuando las personas son llevadas a los cuarteles policiales. Teníamos presencia en comisarías pero no en todos los casos, sino en las situaciones más graves, porque no contábamos con la capacidad humana para hacer ese trabajo todos los días.

A nivel nacional, la DPP desarrolló un estudio con una organización europea, que hizo un modelo que permite la defensa en los primeros momentos desde la detención. Antofagasta se eligió entre las regiones piloto, ya que demostramos buena capacidad de organización durante el estallido social y después. Esto comenzará en julio, en la Tercera Comisaría de Antofagasta y eventualmente se consideraría la Segunda Comisaría.

¿Y en la práctica, qué diferencias marcará esta nueva forma de trabajo?

  • Es importante porque el defensor se constituye como un mecanismo de control del quehacer policial, es un observador externo que permite asegurar que no ocurran prácticas que impliquen vulneraciones de derechos. Tener contacto penal con el detenido desde el primer momento, entrega tranquilidad, ya que hay alguien que se está preocupando por su estado procesal. Permite entrevistarlo de forma temprana y diseñar una teoría preliminar del caso para enfrentar un control de detención al día siguiente. También detectamos en el estallido social, que podemos contar con información sobre enfermedades, lo que se manifiesta al fiscal que cita a una audiencia posterior para evitar que el detenido esté sin sus medicamentos. Además, obtenemos datos para desacreditar la imputación y al día siguiente es relativamente fácil enfrentar la audiencia de control detención.

¿Aprecia una receptividad mayor por parte de Carabineros para procesos como éstos?

  • Por supuesto, tanto es así que Carabineros y la DPP firmaron un convenio en el que uno de los aspectos más importantes es la capacitación mutua, para que nosotros conozcamos la forma en que funcionan áreas que desconocemos. Todo esto en el último tiempo ha sido muy bien entendido por el alto mando de Carabineros, hemos desarrollado muchas reuniones técnicas con funcionarios y nos han manifestado apoyo para realizar el programa piloto en la región y la comprensión de que es necesario cambiar la lógica que hasta el momento se tenía de relación carabineros y defensa. La semana pasada iniciamos un ciclo de capacitaciones, en el que también participarán jueces de Garantía, sobre normativas y jurisprudencia relativa a la función policial, derechos humanos, orden público y la regulación del uso de la fuerza. Con esto entregamos insumos a los funcionarios y nosotros respondemos sus dudas sobre la normativa vigente.

A raíz de la emergencia sanitaria, ¿cuál es la realidad en los centros penales de la región?

  • Las visitas familiares estuvieron suspendidas, lo que generó una situación inédita. Enfrentamos situaciones complejas con contagios en varios penales, aunque afortunadamente ninguna persona falleció. Destaco el trabajo de Gendarmería, tomando decisiones de manera oportuna, como el aislamiento de quienes tuvieron contacto estrecho con contagiados y sin generar reacciones en la población penal, lo que no es una tarea fácil. Con el director regional tuvimos una reunión con los familiares de quienes están recluidos en el complejo del Nudo Uribe, se invitó a un grupo a una visita en el penal para explicar las medidas para enfrentar la pandemia. Las familias quedaron muy tranquilas, porque comprendieron que visitar a los internos era un factor de contagio.
    Como medida se inauguró la línea de entrevistas a través de videoconferencias para mantener el vínculo sin exponer a nadie. Todo esto se desarrolló de manera rápida y contribuyó a un trabajo correcto, ya que la situación del complejo penitenciario de Antofagasta es muy distinta a la de otras cárceles, como Calama, que siempre fue una preocupación, porque es antigua, con celdas pequeñas, pero lo realizado evitó la diseminación del virus.

La pandemia obligó a reconfigurar la dinámica de todas las instituciones, ¿hubo un trabajo adecuado con los controles de detención y audiencias de formalización?

  • La coordinación fue temprana con todos los que intervienen en el sistema procesal penal, para realizar las audiencias más urgentes, como las de control de detención que son diarias, con modalidad remota y asegurando todos los derechos. Al poco tiempo instalamos una forma que se hizo cargo de los reparos que surgían de este funcionamiento y hasta hoy las audiencias de control de detención son por videoconferencias y los detenidos son trasladados a los calabozos del tribunal, son entrevistados telefónicamente por los abogados y luego el imputado comparece en pantalla.
    Donde nosotros tenemos más diferencia con el resto de los intervinientes, es la realización de los juicios orales, porque no es lo mismo que sea presencial que por videoconferencia. Hay muchas cosas que se pierden en un juicio oral a través de este sistema, pero debemos mostrar cierta flexibilidad y adaptarnos. Sin embargo, esto no equivale a que estemos en condiciones de aceptar que esta forma excepcional de funcionamiento se mantenga en el tiempo incluso después de la crisis sanitaria. Cualquier proyecto, y hay uno en ese sentido, que pretenda legislar hoy para el futuro cuando la pandemia sea superada, no tiene ninguna posibilidad de ser entendida como una forma razonable de legislar. Para que el actual sistema sea una norma permanente, requiere de evaluación, lo que debe realizarse una vez que termine la crisis y no antes.

Condenas por estallido social

Hace poco se conocieron condenas por detenidos del estallido social, casos de personas que estuvieron un año en prisión preventiva, pero que luego optaron a penas sustitutivas. ¿Se justificó finalmente todo ese tiempo en privación de libertad en relación a la sentencia?

  • Prácticamente en todos los casos en los que fuimos defensores, pedimos la revisión de la prisión preventiva. En algunas causas nos fue bien, en otras no. En relación a los imputados que salieron en un procedimiento abreviado la semana pasada, varios pasaron más de un año privados de libertad y el primer análisis a realizar es si era necesaria esa medida por tanto tiempo. En términos simples, la prisión preventiva es el último recurso, y por eso pedíamos su revisión para sustituirla por arresto domiciliario en algunos casos. No nos fue bien en ciertas causas entre otras razones porque se pedían diligencias y no se concretaban por distintas razones no imputables a la defensa, insistiendo en que eran importantes para la teoría del caso. Llegamos a un acuerdo con el fiscal para un procedimiento abreviado, lo que supone una rebaja de la pretensión punitiva del Ministerio Público y, varios de los imputados tenían imputaciones relativamente graves. Con los reparos que hicimos, logramos que el fiscal ofreciera penas que resultaban adecuadas a los intereses de los investigados, quienes tuvieron un tiempo para decidir si aceptaban el procedimiento abreviado y voluntariamente accedieron. Luego de la audiencia, logramos que tres de los que estaban privados de libertad, fueran liberados ese mismo día y se les aplicaran penas sustitutivas y con ello estamos dentro de la voluntad de nuestros defendidos. Queríamos que todo el mundo tuviera perfecta claridad de la naturaleza del procedimiento abreviado, lo que implica y las consecuencias de aceptarlo y que una de las condiciones básicas para ello es la voluntad. Así que estamos conforme con la salida que tuvieron estos casos y porque varios de ellos recuperaron su libertad.

Y en ese mismo tema, ¿qué evaluación tiene del trabajo de Carabineros y el Ministerio Público?

  • Lo que puedo hacer es una evaluación de nuestro trabajo, sobre lo que hacen las demás instituciones, uno puede tener opinión pero me resulta un poco apresurado y no me corresponde evaluar. Nuestro trabajo en el estallido social fue de mucho compromiso con todos nuestros defensores que concurrían a las comisarías, recopilando antecedentes y transmitiendo la información al defensor que al día siguiente tomaba la audiencia. Para nosotros fue un gran aprendizaje de una forma de trabajo que hasta ese momento no habíamos realizado y con esa lógica queremos trabajar. Lo que pueda decirse sobre el Ministerio Público, de la actuación de las policías, creo que requiere un grado de perspectiva histórica mayor y un análisis de antecedentes más objetivos, que en este momento no tengo a la vista de manera completa. Esas mismas instituciones están en procesos de evaluación de sus desempeños durante esos episodios, y en el caso de los Carabineros, sí puedo decir que hoy muestran un grado entendimiento de que la mejor forma de trabajar es la colaboración, la coordinación y que estén comprometidos a áreas que son comunes a las nuestras, como el respeto a los derechos de las personas, y por ello están entusiasmado con las actividades de capacitación que estamos realizando.

Luego del estallido social, ¿ve algún aspecto en el que se requiera legislar o una actualización?

  • Requerimos una actualización de los procedimientos policiales de registro, para cuando ingresan y egresan. Nos percatamos que muchas personas llegan detenidas, el fiscal decidía citarlos y podían ser liberadas. Pero pasaba mucho tiempo para que recuperaran su libertad y no lo hacían simplemente porque debían completarse cuestiones burocráticas, que son comprensibles, aunque uno tiene la impresión de que esos procedimientos deberían ser más ágiles. Se requiere una actualización y en eso estamos comprometidos y Carabineros está consciente.
    Ahora, en materia de pandemia hay muchas cosas que decir, durante el año pasado nos dimos cuenta que había muchas personas en prisión preventiva y que perfectamente podían estar en sus domicilios cumpliendo arresto domiciliario.
    Cuando inicia la pandemia, la DPP a nivel nacional hizo una revisión de todas las prisiones preventivas, especialmente de personas en grupos de riesgo, enfermos crónicos y adultos mayores y se logró un buen resultado. A pesar de que siempre lo hemos dicho, ahí nos dimos cuenta que el uso de la prisión preventiva era exagerado y hubo una comprobación de que esas personas privadas libertadas podían estar sujetas a otra cautelar. Por ejemplo, habría que repensar el arresto domiciliario y asociarlo a un mecanismo electrónico que asegure que la persona no quebrantará la medida. Eso podríamos hacerlo a través de una norma legal.
    También nos dimos cuenta que había muchas personas condenadas con cuadros complejos de salud y que no era bueno que durante la crisis sanitaria estuvieran en la cárcel. En varias partes del país se iniciaron peticiones que dieron lugar a que los tribunales sustituyeran la condena y enviaran a las personas a sus casas a cumplir el arresto domiciliario. Eso no ocurrió en todas las localidades, porque algunos tribunales entendieron que no había una norma que los habilitara para decidir en tal sentido. Creo que se debe considerar que frente a situaciones excepcionales como éstas, que no sabemos si volverán a ocurrir, los ordenamientos jurídicos contemplen válvulas de escape.

¿De qué manera podría regularse ese uso exagerado de la prisión preventiva?

  • En lo personal no creo que todo se soluciona a través de una ley. Se necesita la comprensión de que la prisión preventiva es una medida excepcional y que antes de decretarla, hay que explorar la posibilidad de aplicar otra cautelar y eso es parte del sistema. Cuando alguien plantea la aplicación de una medida cautelar tiene que pensar siempre en una que sea igualmente eficaz, pero menos gravosa. Si hay una, debe aplicarse, porque no puede ser que todas las personas que son imputadas, tengan que pasar largo tiempo privadas de libertad para que luego comprendamos que no tuvo responsabilidad o que reciba una pena menor a la que se tenía prevista. Los que integramos el sistema tenemos que hacer una reflexión de la real necesidad de la prisión preventiva como medida cautelar y descartarla en la mayor parte de los casos y sustituirla por una que sea eficaz, pero que no sea tan gravosa, considerando que la medida afecta a una persona que todavía tiene la presunción de inocencia.

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