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martes, junio 22, 2021

Dirigenta del SSA: “El intervencionismo de los operadores políticos se tomó el mando del servicio”

La presidenta y secretaria del gremio de los Profesionales Universitarios del Servicio de Salud Antofagasta (Fenpruss), hablaron sobre los cuestionamientos que realizan a la conducción del servicio. Apuntan al millonario pago de un estudio que no se justificaba en plena pandemia y a la excesiva contratación de personas que incluso, derivó en el hacinamiento del edificio.

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Jonathan Mondaca
Jonathan Mondacahttp://www.timeline.cl
Periodista y Licenciado en Comunicaciones, Universidad Católica del Norte (UCN)

La denuncia por el millonario pago de un estudio que -según explican- no debía ejecutarse en plena pandemia, que tuvo resultados deficientes y derivó en una demanda, es solo parte de una serie de hechos que desde el año 2019, cuestiona el gremio de los Profesionales Universitarios del Servicio de Salud Antofagasta (Fenpruss).

A la masiva contratación de personas afines a partidos del oficialismo, la Fenpruss ahora denunció la contratación de una consultora para realizar un estudio de la red y así proyectar el trabajo del Servicio de Salud (SSA) durante los próximos años. Según informó El Mercurio de Antofagasta, el primer documento entregado por la empresa y por el que se pagaron $24 millones, solo detallaba el cronograma de trabajo y los profesionales que estarían a cargo de la tarea.

“Este servicio se compra en plena pandemia, cuando no era necesario efectuar un estudio de la red, porque todos los puestos de trabajo están modificados, se amplían las camas UCI y el personal está reconvirtiéndose”, manifestó Myrna Palma, presidenta de la Fenpruss de la Dirección del SSA, enfatizando que no tenía ningún sentido realizar ese estudio el año pasado, ya que recién este 2021 está solicitándose como un compromiso de gestión.

Claudia Medina, secretaria de la Fenpruss, manifestó que los más de $130 millones que costó el servicio de la consultora Adytum HR SPA, pudieron invertirse en mejorar el edificio del SSA, que cuenta con un sumario de la Seremi de Salud por hacinamiento. Esto, señaló, debido a la masiva contratación de personas desde el 2019, por lo que muchas de ellas ni siquiera tenían un puesto de trabajo y permanecían en los sillones ubicados en los pasillos del inmueble de calle Bolívar. “Si me pregunta cuántas matronas tenemos, le aseguro que contamos con más abogados y periodistas que profesionales de esa especialidad”, criticó Medina.

Durante el inicio de este gobierno, ustedes como gremio cuestionaron el masivo ingreso de personas al servicio que eran afines al oficialismo. ¿Cómo ven ese hecho acercándose el fin de esta administración?

  • (Medina) No nos equivocamos en denunciar, porque esa práctica continuó. Como ejemplo, en los últimos gobiernos en comunicaciones trabajaba un promedio de tres personas, ahora solo en comunicaciones son cerca de 17. Lo mismo pasa en jurídica, que siempre tuvo un máximo de tres abogados, pero ahora son unos 15 y todos ingresaron con este gobierno.

En sus 17 años en el SSA, ¿qué tan común es que los gobiernos ingresen gente de confianza, habían visto este flujo antes?

  • (Medina) Entendemos que cuando llega un nuevo gobierno, deben instalarse con gente de confianza, con asesores que acompañen el proceso directivo, sin embargo, esto ha sido escandaloso, excesivo. Ahora, los directores llegan solos, las asesorías las colocan una diputada y el intendente. Incluso, en algún momento se lo manifestamos a Marco Antonio Díaz (exintendente), porque cuando asume este gobierno llegó un jefe de gabinete, quien es el interlocutor con el gremio, y él nos dice directamente que el intendente da órdenes y que cuando se dan esas órdenes, el director las tiene que acatar.

¿Quién era ese jefe de gabinete?

  • (Medina) Emir Ávalos, que ya no está en el servicio.

¿Manejan alguna cifra de cuántas personas llegaron en este periodo?

  • (Medina) En ese momento (a mediados del 2019), eran más de 60. Antes de la pandemia hicimos una denuncia a la Seremi de Salud por las condiciones de trabajo en el edificio y enviaron un inspector. El resultado fue clausurar el edificio por hacinamiento, producto de estas masivas contrataciones. Teníamos personas sentadas en los sillones de los pasillos porque no tenían un puesto de trabajo, permaneciendo así por semanas y meses, percibiendo sueldo sin hacer nada.

Sumario por hacinamiento

¿Esas contrataciones tenían alguna justificación?

  • (Medina) Obviamente que no, si estaban sentados en un sillón. A raíz de esa denuncia, la Seremi de Salud levanta un sumario y emite un informe con todas las observaciones del edificio y con eso, el director del servicio, Héctor Vallejos, detuvo las contrataciones porque no había puestos de trabajo y hasta que se resolviera el hacinamiento. Pero eso no sirvió de nada, porque a las dos semanas seguía llegando gente. En la página de transparencia se puede observar la cantidad de contrataciones a honorarios desde enero del 2019, para comprobar que no se cumplió la orden.
    Además, por la contingencia había que reforzar la labor de salud, por lo tanto, llegaron recursos adicionales para contratar personal para la pandemia, pero muchos de esos recursos se quedaron aquí y eso permitió que creciera el departamento de comunicaciones.(Palma) Sacaron a 41 funcionarios de esta dotación y los llevaron al séptimo piso del exHospital Regional por el hacinamiento. Está desarrollo organizacional, la unidad de capacitación de la unidad oncológica, la unidad de salud dental y comunicaciones. Pero los puestos de trabajo que ellos dejaron, los ocuparon de inmediato, nunca quedó el espacio y fue la oportunidad para traer más gente. Los funcionarios en el séptimo piso del exhospital están en pésimas condiciones, ayer (miércoles) hubo un episodio donde cuatro de ellos quedaron atrapados dos veces en los ascensores que subían y bajaban sin control.

¿Cómo una jefatura puede contratar sin dar explicaciones?

  • (Palma) Históricamente, el director del servicio era el que aprobaba o no un contrato. Pero en algún momento, con Juan Urrutia o Héctor Vallejos, se hizo una encomendación de funciones al subdirector de gestión de personas, se delegaron funciones. Así, la potestad de contratar quedó en el subdirector. Como funcionarias antiguas, entendemos que este servicio se ha tomado como una caja pagadora de favores políticos. Siempre vimos que un grupo de asesores llegaba junto al director, pero ahora se permeó a toda la organización, porque incluso hay hijos de funcionarias contratadas en esta administración que también tienen trabajo aquí.

Otro aspecto que se cuestionó era la llegada de personas sin experiencia, profesionales recién egresados contratados con altas remuneraciones.

  • (Palma) Eso lo denunciamos hace bastante y queda en evidencia por la cantidad de juicios que este servicio ha perdido por profesionales con poca experiencia. Se contrataron personas que no tienen profesiones afín, hay gente como traductor de idioma o ingeniero acuicultor trabajando en recursos humanos. No digo que no puedan aprender ni tengan habilidades, pero en cualquier concurso público del país no habrían sido seleccionados en esos cargos por no cumplir el perfil. Todo el mundo queda con la sensación de que esto que ocurre es lo que debe ser y no es así. Las platas públicas no deben ser patrimonio de ningún partido político, diputado, diputada o de un senador. Los dineros deben ser administrados por personas con competencias y no nos parece lo de aquellas personas que llegan a dedo, sin concurso, porque lleva a que la gestión se debilite.

¿Qué sensación queda con todo esto?

  • (Medina) El giro del servicio es la salud de la población más vulnerable que se atiende en el sector público y desde nuestro punto de vista, hay una distorsión, porque prácticamente tenemos un canal de televisión aquí. Si me pregunta cuántas matronas tenemos, le aseguro que contamos con más abogados y periodistas que profesionales de esa especialidad. No entendemos que a los hospitales les recorten la posibilidad de reforzar la atención de los usuarios en contexto de pandemia. Nuestro rol es apoyar a la red, pero el intervencionismo de los operadores políticos se tomó el mando del Servicio de Salud y eso nos remece. Vemos gente que aquí se pasea y no hace nada, por eso no entendemos que en el país los hospitales están colapsados y acá tenemos personas abanicándose, pudiendo esos sueldos destinarse a la labor asistencial. Los fondos asignados a Adytum podían perfectamente asignarse para dejar este edificio como corresponde, porque estamos clausurados por la Seremi de Salud con un catálogo de sumario y no debiésemos funcionar.

El último caso que denuncian es la contratación de una asesoría.

  • (Palma) En el caso de la denuncia que realizamos por Adytum, no es un trato directo, es una empresa inscrita en mercado público como proveedor de prestaciones, entonces su contratación fue vía convenio marco. No se transgrede ningún mecanismo, el punto es que lo comprado no era necesario. Se asignaron cerca de 150 millones de pesos, entre todas las compras a esa empresa, en circunstancias que con ese dinero podían resolverse todas las observaciones de este edificio descritas en el sumario sanitario. O podía adquirirse una ambulancia avanzada para el Samu, que tiene tres ambulancias de ese tipo y el estándar del ministerio nos dice que deberíamos tener siete, en relación al territorio y la población.

El estudio de red

¿Qué denuncian específicamente sobre el contrato del SSA con la consultora para ese estudio de la red?

  • (Palma) La compra se realizó por convenio marco el año pasado, porque Adytum es una empresa inscrita en mercado público como proveedor de prestaciones. Este servicio se compra en plena pandemia, cuando no era necesario efectuar un estudio de la red, porque todos los puestos de trabajo están modificados, se amplían las camas UCI y con el personal que se está reconvirtiendo. Se trata de un estudio que se desarrolla para proyectar la inversión y las acciones del sector para los próximos cuatro o seis años, por lo tanto, es evidente que no podemos sacar una foto en plena pandemia para una proyección. Es un instrumento que forma parte de la cartera de proyectos de inversión del sector público y recién este 2021, se está solicitando como un compromiso de gestión, que los servicios de salud comiencen a trabajar en su estudio de la red. No tenía ningún sentido, no era la oportunidad de realizarlo.
    Otro elemento es la calidad del producto recibido. Leímos el estudio y no tiene pies ni cabeza, porque antes se había trabajado en lo mismo con otra empresa, pero de forma paralela con los establecimientos y los profesionales, tiene una metodología que esta empresa no consideró. Y todo esto queda en evidencia al mirar el informe. Una de las cosas que más nos remeció es que la primera cuota que se pagó fue por un informe que tenía una Carta Gantt que detallaba las personas que trabajarían. Por ese informe se pagaron casi $25 millones.

¿Qué pasó cuando llevaron el tema al director del servicio?

  • (Medina) Enrique Bastías recibió nuestra denuncia y estaba viajando a Santiago en ese momento, donde para expondría la situación. Después de eso no sabemos qué ha pasado.

¿Entonces quién encargó el estudio?

  • (Medina) Al menos la solicitud de compra está realizada por Rodrigo Sánchez, subdirector de gestión de las personas. Cuando se adquiere un bien o un servicio, el documento es la solicitud de compra, que pasa por diferentes sectores de la administración y todas las solicitudes de compra que denunciamos de Adytum, excepto una, fueron hechas por el subdirector de gestión de personas, pero validadas por Héctor Vallejos en su calidad de director del servicio (en el 2020).

Entonces Bastías no tuvo nada que ver.

  • (Medina) Bastías es el director del Hospital Regional, pero como el cargo de director del Servicio de Salud es de Alta Dirección Pública (ADP), solo puede ser subrogado por otro cargo ADP. Vallejos, que se fue el 16 de abril, está haciendo uso de su feriado legal postergado.

Luego esta consultora demandó al SSA, ¿en qué estado se encuentra ese proceso?

  • (Palma) Nos enteramos de esto cuando la empresa demanda al servicio, porque antes sabíamos que había una consultora realizando cosas, pero no teníamos nada concreto. La demanda es por el no pago de las facturas, porque en algún nivel de control medio, se detectó que el producto no era acorde a las bases ni los términos de referencia. Esto quedó de manifiesto y aparece una petición directa al director por parte de quien emite la solicitud de compra, para que autorice el pago retenido. Como gremio, el 6 de mayo hicimos la presentación al director del servicio, Bastías, quien entregó las antecedentes en Santiago y el juicio será en julio. El tema lo expusimos a todos los parlamentarios del distrito sin excepción. Los únicos que reaccionaron fueron Marcela Hernando y Pedro Araya. Hernando generó un documento al contralor general y le pide revisar esta situación. Araya se entrevistó con nosotros y nos hizo el enlace con el contralor general y eso se concretó el 27 de mayo, cuando expusimos a Jorge Bermúdez lo mismo que presentamos al director del servicio.

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