Ante el anuncio de remodelación del histórico edificio Arrecife, ubicado en el Balneario Municipal de Antofagasta, los locatarios del inmueble han salido a desmentir al alcalde Jonathan Velásquez, luego que asegurara que este se encontraba abandonado debido a conflictos judiciales con los comerciantes.
“(Jonathan Velásquez) mediante un en vivo formuló una serie de declaraciones, además de ser completamente falsas, llegan al punto de constituir injurias en contra de los comerciantes que con gran esfuerzo procedieron a arrendar los diferentes locales ubicados en el edificio municipal, ubicado en el Balneario Municipal”, parten señalando los locatarios en una declaración pública.
Agregan que “de forma lamentable y una vez más, nuestra máxima autoridad municipal ad portas de una nueva elección de alcalde, formula una serie de declaraciones que escapan totalmente a la realidad, además de faltar a la verdad, la cual se puede acreditar consultando las diferentes causas que existen entre la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y los locatarios, entre los cuales se encuentran los dueños del restaurante Macao, exClub del tío, La Urgencia II, Antojitos, El rincón de la empanada, entre otros”.
Aseguran, en este sentido, que el abandono del edificio se debe única y exclusivamente a la responsabilidad del municipio, ya que no lo ha mantenido óptimas condiciones y que tampoco cuenta con recepción definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales. Recuerdan, por ejemplo, que la Seremi de Salud instruyó el cierre preventivo del Balneario Municipal el 21 de marzo de 2023, luego que colapsara el sistema de alcantarillado en el sector.
Ahora, respecto a los conflictos judiciales a los que hacía referencia el jefe comunal, los locatarios señalan que “si bien es cierto existen diferentes causas en tribunales referentes a los locales ubicados en Avenida Croacia, dichas causa fueron iniciadas en su oportunidad por la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, con fecha 31 de agosto del año 2021, es decir, en ese momento el alcalde era don Jonathan Velásquez, sin ser efectivo que los conflictos judiciales se venía arrastrando de administraciones anteriores, y que debido a estos conflictos judiciales el edificio se encontraría abandonado”.
“Tampoco es efectivo, que las otras administraciones arrendaran los locales por cifras irrisorias, como en $50.000 o $100.000 mensuales, ya que ninguno de los locales arrendados pagaba cánones de arriendo inferiores a la suma de $300.000, llegando incluso a cancelarse sumas de $3.000.000”, aseguran.
En la misma línea, indican que “no sería efectivo que los juicios hayan terminado hace una semana. Por el contrario, estos juicios iniciados por el edil en representación de la Municipalidad al día de hoy se encuentran archivados, por inactividad de la Ilustre Municipalidad, la cual al momento de formular esta declaración no ha procedido a notificar las sentencias pronunciadas en los diferentes procesos, ante los Tribunales Civiles de la ciudad, sentencias que en su gran mayoría procedieron a rechazar la demanda de término de contrato de arrendamiento por no pago de renta, presentada por la Municipalidad, acogiendo los tribunales de esta ciudad la teoría del caso de los locatarios, en el sentido de ser la Municipalidad la cual no ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales que derivaban de dichos contratos, causando a la fecha un enorme perjuicio económico a cada uno de los locatarios, los cuales ya han iniciado demanda de indemnización de perjuicios en su contra”.
Manifiestan que ya están acostumbrados a las declaraciones del jefe comunal que, a su juicio, buscan desacreditar la reputación de los comerciantes gastronómicos de la zona. Aun así, señalan que estas palabras despiertan enemistad situaciones de odio en la comunidad vecinal, quienes responderían con descargos hacia los arrendatarios. “Claramente el edil actúa de facto aprovechando su poder e influencia en redes sociales para incitar repudio, odio y una mala imagen respecto de los comerciantes”, aseveran.
Todas estas actitudes de parte del alcalde Jonathan Velásquez, sostienen, “han obligado a los locatarios a interponer una serie de recursos de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad”.
Los arrendatarios cierran la declaración lamentando que no han podido desarrollar la actividad económica por las malas condiciones en las que se encuentra el edificio municipal y aclarando que tampoco existe una sentencia firme y ejecutoriada que les obligue a hacer entrega de los locales.
