Diputados de Antofagasta manifestaron su disposición a debatir sobre casos como el ocurrido este fin de semana en la ciudad, en el que un niño de 12 años fue detenido por el homicidio de un adulto. Debido a su edad el menor es inimputable, hecho que para los legisladores abre un debate en el que algunos apuntan a que deben establecerse sanciones para quienes cometan delitos, mientras que otros apuntan que lo principal es trabajar en tareas de prevención para que las escuelas actúen como una barrera que separe a los menores de la criminalidad.
La madrugada del domingo fue detenido un niño de 12 años por su presunta autoría en el crimen que dejó como víctima fatal a un adulto de 40 años. El homicidio ocurrió en el sector norte alto de Antofagasta y el fallecido presentaba heridas atribuibles a la acción de un arma cortante. El hecho también estaría involucrado un adolescente de 17 años y según informó preliminarmente la policía, el móvil del ilícito habría sido una disputa territorial. El niño, debido a su edad, fue entregado a su abuela.
El diputado Sebastián Videla (IND-PL) sostuvo que lo que está pasando con los menores que cometen delitos es gravísimo. El parlamentario dijo que hace pocos días se reunió con el general de zona de Carabineros y con los vecinos del sector donde propuso ideas que permitan prevenir algunos ilícitos. “Sin embargo, necesitamos el apoyo tanto de la Delegación como de la municipalidad y hago el llamado para que en conjunto luchemos contra la delincuencia y no tener miedo a quienes se dedican a quitar la tranquilidad a los vecinos. Por mi parte seguiré coordinado con los vecinos, pidiendo que se implemente tecnología de punta y sin descartar cualquier medida que permita enfrentar esta situación”, aseguró.
Prevención escolar
Para el diputado Jaime Araya (IND-PPD), lo ocurrido abre un debate pendiente que tiene varias aristas y, desde su visión, la primera es la preventiva. “Hay que enfocarse en los menores de 14 años para garantizar la escolarización de todos, particularmente de quienes viven en sectores más vulnerables, pero una escolarización de verdad, procurando que pasen tiempos adecuados en el colegio y que así estén lejos del reclutamiento que tienen las bandas del crimen organizado o los narcotraficantes”, manifestó.
Sin perjuicio del debate sobre la responsabilidad penal en un niño de 12 años, Araya expresó que es importante abrir la discusión sobre los menores entre 14 y 18 años, para plantear la posibilidad de una reforma en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y cambiar el tratamiento con la arista educacional como clave.
“Tenemos una necesidad urgente de revisar la escolarización de los menores de edad, las escuelas tienen que constituirse como una auténtica barrera contra el crimen. Muchos de ellos, particularmente de los sectores más vulnerables, quedan en la calle cuando salen de clases hasta las siete de la tarde cuando llegan sus padres al hogar”, apuntó.
Araya enfatizó que son las distintas instituciones las que tienen que asumir la responsabilidad de contar con formas de aproximación a la realidad que están viviendo los niños en el país, remarcando que el contexto hoy es distinto. Esto, ya que hay menores que están creciendo en las calles y no sabemos quiénes son, qué hacen sus padres y probablemente se dirigen a ser reclutados por el la criminalidad organizada.
“Si no somos capaces de cortar esto ahora, luego tendremos problemas graves. Lo que hemos visto reaccionar a las autoridades como se esperaría. Esto no requiere necesariamente reformas legales, tiene que ver con asuntos administrativos que pueden hacerse con recursos y poner énfasis en los focos que necesitamos invertir de manera temprana y responsable. La protección de la temprana infancia es una tarea de largo plazo para proteger a los niños de la criminalidad organizada”, afirmó.
Aplicar sanciones
Una postura distinta declaró la diputada Yovana Ahumada (IND), quien aseguró que «es inaceptable que una situación tan grave como un homicidio quede en la impunidad, incluso si el responsable es un niño de 12 años. Hoy en día, lamentablemente, los niños están siendo involucrados en delitos cada vez más graves, como los homicidios, y es evidente que alguien que le quita la vida a otra persona, por muy joven que sea, debe enfrentar una sanción”.
La legisladora añadió que no está completamente segura de que bajar la edad de imputabilidad a 12 años sea la solución, pero sí manifestó que está claro que debe haber una consecuencia para estos actos, ya que no se trata de un simple robo, sino de la pérdida de una vida.
«En este caso, un niño de 12 años cometió un homicidio, y no podemos permitir que eso quede sin castigo. Debemos buscar medidas correctivas y sanciones que lo aparten de la libertad, que lo recluyan, para que no vuelva a cometer este tipo de acciones. No podemos aceptar que, por ser menor de edad, se le deje sin responsabilidad alguna, más aún cuando el crimen fue cometido con alevosía y un elemento punzante que acabó con la vida de una persona. La justicia debe actuar y no permitir que situaciones así queden sin la sanción adecuada», propuso Ahumada.
Analizar la edad en casos de reincidencia
Hay que analizar una baja de la edad en términos penales, sobre todo, en casos de reincidencia y donde el Estado trató de intervenir, señaló el diputado José Miguel Castro (RN). El parlamentario indicó que frente a esta clase de episodios hay que abrirse a todas las posibilidades. “Chile no resiste más con la delincuencia y las familias que han perdido a un ser querido lo único que esperan es que respondamos y es una de las tantas salidas que debemos hacer. Pero también hay que considerar medidas a corto plazo, como la salida del equipo de seguridad que, en términos numéricos, se presenta como el peor en la historia del país y en eso la ministra Tohá ha fracasado completamente”, criticó.
Además, Castro dijo que observa una desconexión total de las autoridades minimizando a través de cifras lo que vive el país, emplazando a que estamos estos dos años de gobierno son los que registran una mayor criminalidad. “Tampoco existe disposición del oficialismo en el Congreso para avanzar en proyectos clave, como el ingreso clandestino al país que se votó en contra. El problema está en que la realidad no puede mejorarse si no existe un cambio ideológico y eso es muy difícil, porque ahora estamos cosechando lo que durante muchos años se hizo y es complejo volver a la tranquilidad que teníamos”, manifestó.
Parlamentarios que opinan desde aristas muy diferentes, es decir nunca llegan a un consenso, además no conocen la realidad, lo que viven día a día niños y jóvenes en este país. Creen que las escuelas deben ser barreras contra el crimen.
El presidente, diputados y senadores, alcaldes, delegados presidenciales, ministros, son autoridades absolutamente ajenos a la realidad de la vulnerabilidad en Chile . Tienen remuneraciones que cuádruplican los salarios de la mayoría de trabajadores. Por qué no consideran que hoy la familia que es la base de una sociedad está fracturada por largas jornadas que muchos deben cumplir con salarios indignos, dejando la crianza de sus hijos en la calle? Por qué no se dan cuenta que los medios de comunicación son nefastos y dan pésimo ejemplos a infantes y jóvenes? Ejemplo los reality donde existe lo contrario a la nueva Ley Karin .
Los profesores no pueden educar con un currículum absoleto, descontextualizado, con jornadas extensas que no permiten una vida familiar plena para ellos y para sus apoderados.
Estás situaciones se solucionarían con un incremento considerable en los sueldos de los chilenos y reduciendo la jornada laboral consiguiendo así reconstruir la familia, entidad que instaura valores en sus hijos.
La educación debe volver al Estado, las municipalidades con tantos alcaldes corruptos no favorecen a la educación pública.
El congreso debe reducirse, qué conseguimos los ciudadanos con tanta gente instalada allí con grandes sueldos si nunca llegan a acuerdos por su partidismo, discuten porque no saben debatir, pelean incluso, instalan leyes con tantos vacíos, jamás los vemos en terreno, pero si en la tv, hay una minoria y menos que eso haciendo terreno de cuello y corbata solamente, ojalá vivieran una semana o un mes en poblaciones vulnerables donde se vive con $ 200.000. pesos, cómo cambiaria su visión.
Ojalá Juany fuera asesora de algún diputado. Tiene en ella, toda la razón del mundo.
Sra. Que gusto es leer a alguien que si entiende lo que sucede, los sres. Piticos se llenan la boca diciendo esto y aquello y nunca solucionan nada. El sr. J. Araya es pura boca y es bueno para dejarle la pega a otros ahora quiere que las escuelas actúen como barreras y es sabido por todos que las escuelas desde hace tiempo dejaron de ser lo que eran. Cuando en los mismos colegios maltratan animales, se pelean a cuchillo limpio, abusan de sus propios compañeros. Señores políticos habrán los ojos de una buena vez y ganen sus MILLONES haciendo algo concreto y no tanto bla bla bla.
Certera doña Juana, y somos nosotros responsables de que ésta «encantadora» cofradía de politiqueros corruptos y corruptores, siga haciendo de las suyas, para su beneficio, El más fiel reflejo de éste obrar demagógico, cuando el Sr. Araya sostiene que una probable solución no pasa por corregir o modificar por ejemplo el sistema legislativo sino que adecuar o adaptar medidas administrativos, para corregir estás falencias legales. Es evidente que el negocio es mantener el ventanal legal, que permite a sus clientes seguir libres cuando están sujetos a juicios. Qué mantienen libres a los principales clientes de los Abogados, incluidos las autoridades y políticos corruptos de Hermosilla.
Estos personajes, del mundo político han llevado a nuestra civilidad a un estado angustiante y de desesperación, sin ser capaces de entregar herramientas (leyes integrales) para abordar y corregir