La Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA), que reúne a las nueve comunas de la Región de Antofagasta, manifiestó su decepción por el anuncio confirmado por el ministerio de Educación, respecto a dar inicio al SLEP Lincancabur en 2025, que impactará a las comunas de Calama, Tocopilla, Ollagüe, San Pedro de Atacama y María Elena (Provincias de El Loa y Tocopilla).
AMRA, desde hace varios meses, sostuvo reuniones tanto en Santiago y Calama donde participó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo y los alcaldes y alcaldesas de la región, y en las cuales se pidió postergar el SLEP Licancabur, con el propósito de afinar los detalles para su implementación, que entre otros aspectos, involucra una considerable suma de dinero para el pago de indemnizaciones.
En este sentido, «los presupuestos para 2025 de los municipios involucrados en el SLEP Licancabur se verán afectados por la canalización de recursos para asumir indemnizaciones, en desmedro de otros proyectos urgentes para las comunidades, como por ejemplo, los vinculados a la Seguridad. El ministerio de Educación se comprometió, informalmente, a devolver los dineros a los municipios, sin indicar plazos. De no ser así se generaría el riesgo de una nueva “deuda histórica” que terminarán asumiendo los municipios».
AMRA, en tanto, manifestó su molestia por la voluntad que ha tenido el ministerio de Educación con algunas comunas de la Región Metropolitana, donde -acusan- con “tiempo récord” se postergaron los SLEP ante las demandas de los municipios, lo que evidencia privilegios. «En cuanto al SLEP Licacanbur se esperó que los alcaldes cesaran sus funciones en vista a las elecciones, para anunciar la implementación de éste, hecho que merma las confianzas entre el ministerio y los municipios».
[…] Alcaldes de la región de Antofagasta manifestaron estar «decepcionados» por implementación del S… […]
Más allá de la realidad o la data del problema, los candidatos a alcalde deben mantener cierta cautela al figurar en este tipo de acciones. Sobre todo, porque ciertos sectores pueden cuestionar sus acciones. En especial, a una autoridad comunal postulante a la reelección, cuestionado por financiamiento político.