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Con el ingreso al Congreso Nacional del proyecto de ley sobre la Educación Superior Chilena, se produjo un gran debate nacional sobre su contenido y alcance, teniendo una de las voces protagonistas el Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, del cual, el rector de la Universidad de Antofagasta, doctor Luis Alberto Loyola, es su vicepresidente.
Si bien existe cierta coincidencia en que es un avance, los rectores señalan que las buenas intenciones del proyecto se pueden ver frustradas sino se fortalece la educación pública en general, pues de lo contrario, el lucro seguirá presente, y por ende, el énfasis estará el mercado de la demanda y no en la oferta.
Para conocer más su opinión del rector Loyola sobre el proyecto, teniendo presente la discusión parlamentaria y los cambios que aún puede sufrir, sostuvimos la siguiente conversación.
¿El proyecto que ingresó al Congreso es bueno, malo o deficiente en cuanto a los contenidos?
Es positivo en algunos aspectos, pues por primera vez sitúa a las Universidades del Estado como una red coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior, a la vez, considera como punto central el aseguramiento de la calidad y un fondo basal específico para las universidades del estado.
Sin embargo, de manera global, el proyecto sigue orientado hacia el mercado pues mantiene el Crédito con Aval del Estado que fomenta la existencia del lucro con recursos del Estado. Creemos que debería potenciarse más el sistema público de educación, junto con reconocer el rol que deben jugar las universidades regionales, como la nuestra.
¿El proyecto sitúa a la educación pública como un derecho social?
No, pues mantiene al mercado dentro del sistema educacional superior, lo cual queda claro en la forma de financiamiento que se propone. Si bien se regula el lucro con recursos del Estado, éste sigue presente. Los rectores de las Universidades Estatales, insistiremos en que la educación sea considerada un derecho social, ahora es el momento de hacer esa transformación histórica.
¿El Estado se hará cargo realmente de sus universidades?
De cierta manera, puesel estado debe asumir su rol, creando el Fondo Basal que tanto hemos pedido y junto con él, un fondo adicional para financiar, mediante convenios de desempeño la investigación científica.Sin embargo estos fondos deben ser evaluados financieramente para que logren el impacto que esperamos como universidades del estado. Así mismo, detectamos la falta de un reconocimiento y estatus para las universidades regionales.
¿El aumento del fondo Basal a las “Ues” del Estado no discrimina las universidades públicas, no estatales, agrupadas en el g-9?
No, porque lo que ocurrirá es que ahora por ley vamos a tener los recursos que ya estábamos recibiendo de alguna forma mediante el Convenio Marco. No se trata de quitar a algunos para darles a otros, sino que de nivelar.
¿Cuáles son los ejes que usted más destaca de esta reforma?
Sin duda que la calidad, pues es el eje central con su sistema de aseguramiento, junto ello, destacó la equidad, la inclusión y la pertinencia. Tendremos un sistema de calidad independiente, amplio y que además será de forma global y obligatorio. Todas las universidades deberemos acreditarnos obligatoriamente por 8 años.
Habló de la educación como un derecho social ¿Cómo se traduciría ese concepto para la comunidad?
Que la educación nunca más sería una mercancía o un bien de consumo, y que sería exigible su acceso y calidad para todas las personas, sin importar su origen. La educación como derecho social, aspiramos, a que sea considerada dentro de la Constitución, al igual que otros derechos inalienables de los ciudadanos.
¿La comunidad universitaria UA tendrá la posibilidad de debatir este tema?
Para eso convocamos a una jornada de reflexión para este miércoles en el gimnasio del Campus Coloso. Será una muy buena oportunidad para que discutamos y analicemos nuestras diferentes opiniones y podamos enriquecer el debate, y hacer llegar nuestros planteamientos a los parlamentarios.
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