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domingo, 6 octubre, 2024
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Columna de opinión

Crisis en los Cesfam: La mirada local

"Es urgente establecer una mesa de trabajo con el Ministerio Público y las fuerzas policiales, ya que muchos funcionarios enfrentan una realidad donde sus denuncias de agresiones no son tomadas en serio. A pesar de la existencia de la Ley Consultorio Seguro desde 2018, su implementación ha sido deficiente, dejando a los trabajadores expuestos y vulnerables", Senadora Paulina Núñez

Recientemente, la región de Antofagasta vivió un intenso paro de tres días convocado por la Confusam, que representa a cerca de 60 mil funcionarios de salud a nivel nacional. Esta movilización fue un claro reflejo del descontento que atraviesa el sistema de atención primaria, evidenciando problemas que afectan tanto a los trabajadores como a los usuarios de los centros de salud familiar (Cesfam).

El paro se justifica por el aumento de agresiones a los funcionarios y la falta de seguridad en los recintos de salud, así como por la demora en el pago del incentivo al retiro y el mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas que afectan la atención diaria de miles de usuarios.

Emma Herrera, presidenta de la Federación de Trabajadores de Atención Primaria de Antofagasta (FETRAPSA), ha alertado sobre la profunda crisis que enfrenta el sistema de salud en la región. Según Herrera, el financiamiento per cápita basal de $11.274 es absolutamente insuficiente para cubrir la creciente demanda de servicios. Además, los ocho CESFAM existentes se encuentran colapsados, mientras que el 50% de sus instalaciones ya están obsoletas. A esta situación se suma la imposibilidad de contratar más personal debido a la falta de infraestructura, aunque se espera que la construcción de nuevos recintos sea posible gracias a los fondos derivados del Litio.

Por otra parte, es urgente establecer una mesa de trabajo con el Ministerio Público y las fuerzas policiales, ya que muchos funcionarios enfrentan una realidad donde sus denuncias de agresiones no son tomadas en serio. A pesar de la existencia de la Ley Consultorio Seguro desde 2018, su implementación ha sido deficiente, dejando a los trabajadores expuestos y vulnerables.

Además, la burocracia y los retrasos en el pago de los bonos han añadido una carga considerable sobre el personal de salud, creando un ambiente de incertidumbre que impacta en su labor diaria. Incluso se conoce que casi 40 funcionarios han fallecido esperando estos pagos, lo que refleja la gravedad de la situación.

El Ministerio de Salud – por ejemplo- acaba de reportar que se han registrado 7.319 agresiones a funcionarios de salud pública en lo que va del 2024, lo que equivale a 28,5 incidentes diarios, un aumento preocupante respecto al 2023. Estas agresiones, tanto verbales como físicas, se producen en centros de atención primaria y hospitales, con la mayoría de los casos afectando a mujeres entre 25 y 35 años.

Ante esta crisis, se han implementado iniciativas de seguridad, pero las autoridades del sector advierten que la violencia hacia el personal sigue en aumento, exacerbada por la falta de infraestructura y las condiciones laborales.

Los trabajadores también han expresado su preocupación por el incumplimiento de promesas del Gobierno en cuanto a la participación activa de los funcionarios en la reforma de salud y la universalización del sistema. Existe un temor de que estas reformas no contemplen adecuadamente las necesidades del sistema público, lo que podría afectar la calidad de la atención y perpetuar la desconfianza en las autoridades.

Es esencial que se tome conciencia de la magnitud de esta crisis. La salud pública no solo depende de políticas adecuadas, sino también de un entorno seguro y del reconocimiento al trabajo vital que realizan los funcionarios de salud. A pesar de las dificultades, los trabajadores organizaron turnos éticos para asegurar que los usuarios no quedaran desatendidos durante el paro, mostrando su compromiso con la comunidad.

Ahora, tras la movilización, es fundamental que el Gobierno apoye a los trabajadores de la salud en su lucha por condiciones dignas y una atención adecuada. La crisis en los Cesfam de Antofagasta no es solo un problema de los funcionarios; es un llamado a la acción para todos, ya que una atención primaria fuerte y segura es esencial para el bienestar de la población. La solución requiere un esfuerzo conjunto, donde el diálogo y la participación activa sean prioritarios en la construcción de un sistema de salud más justo y equitativo.

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