La decisión, tomada de manera unánime por la Primera Sala del tribunal y compuesta por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Jaime Rojas Mundaca y la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado, se basa en el reconocimiento de que la alta médica previamente otorgada al adolescente vulneraba sus derechos fundamentales a la vida, y a su integridad física y psíquica. El tribunal ha identificado una necesidad urgente y una responsabilidad estatal imperiosa de actuar de manera rápida y efectiva en defensa del menor, quien ha demostrado encontrarse en una situación de riesgo elevado, marcada por diagnósticos de salud mental complicados y un consumo severo de sustancias.
El documento judicial destaca que, debido a los repetidos episodios en los cuales el adolescente ha intentado atentar contra su vida, se hace necesario desplegar una serie de acciones orientadas a manejar su actual situación de consumo de drogas y, de manera crucial, a prevenir futuros atentados a su vida. Este tratamiento involucra la creación de un programa residencial o institucional, en caso de que el primero no sea posible, diseñado por un equipo multidisciplinario que abordará tanto los diagnósticos de salud mental del adolescente como su tratamiento efectivo para el policonsumo grave.
Además, el fallo incluye instrucciones específicas para que, mientras no se produzca el ingreso efectivo del adolescente al centro residencial forzoso, el hospital deberá implementar medidas de internación involuntaria preventiva en la unidad de salud de psiquiatría del mismo establecimiento. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la protección continua de la vida e integridad del menor hasta que se concretice su traslado al régimen de internación especializado.
Esta resolución no solo subraya la gravedad de la situación del adolescente desde su ingreso al sistema proteccional en 2018, sino que también enfatiza la importancia de una coordinación efectiva entre diferentes sectores del Estado para abordar y solucionar las complejidades de casos como este. Representa un esfuerzo significativo por parte del sistema judicial y de salud para garantizar un tratamiento adecuado y humanizado que promueva la recuperación y el bienestar a largo plazo del joven afectado.
Excelente!!!!
Cuantos jóvenes se salvarían si se prestará ayuda oportuna en los servicios de salud.
El Estado tiene una deuda enorme con la salud mental en este país.
No es una enfermedad, es un vicio y quita tratamientos a personas que de verdad lo necesitan, para eso estan otras entidades como CREA. esto quita recursos a personas que no quieren hacerse daño que se quieren y quieren tratarse para seguir adelante con sus vidas no destruirlas.
Él está con una enfermedad psiquiatrica base, y al no tener ningún tipo de tratamiento psiquiatrico e intervención,. Terminó institucionado y en estas entidades que no tienen ningún tipo de intervención para niños y adolescentes, terminó consumiendo drogas….
Instruyete antes de dar una opinion tan estupida, no tienes idea de lo que a sufrido su madre y hermanos…