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viernes, 22 noviembre, 2024
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Región

Municipalidad de Mejillones emite decreto de demolición de planta desaladora

Municipio notificó a la empresa Caitán sobre la determinación, instruida por el alcalde Marcelino Carvajal, justificando que no cumple con los permisos establecidos por la normativa vigente. Esto por irregularidades en la construcción de su sala de máquinas.

La Municipalidad de Mejillones emitió este viernes el decreto de demolición de la planta desaladora de la empresa Caitán, producto de irregularidades en la construcción de su sala de máquinas.

Esta mañana, en conversación con Timeline, el alcalde de la comuna, Marcelino Carvajal, defendía la determinación ante las críticas emitidas por presidente de Pampa Norte | BHP, Cristian Sandoval, a través de una columna publicada por este medio, y aseguraba que no era una decisión “antojadiza”.

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Señalaba, eso sí, que estaba dispuesto a dialogar con las partes, pero siempre que se realizara bajo sus reglas. Y agregaba, en el mismo sentido, que no conversaría con la empresa mientras esté “con esa actitud”. Esto porque luego de que la municipalidad les cursara una multa, de cerca de $4.500.000, decidieron llevar el caso a tribunales.

Aún así, el jefe comunal decidió emitir el decreto de demolición este mismo viernes.

“Hoy por instrucción del Alcalde Marcelino Carvajal, y tras un exhaustivo análisis de los antecedentes, se procedió a emitir y entregar el decreto de demolición correspondiente a la sala de bombeo de la planta desaladora, al considerar que esta no cumple con los permisos establecidos por la normativa vigente”, informó el municipio a través de un comunicado.

Fundamentaron que la empresa Caitán construyó la sala de máquinas de su planta desaladora en una zona no autorizada por el Plan Regulador Comunal, excediendo además el límite de construcción originalmente informado, que pasó de 150 a 400 metros.

A modo de contexto, explicaron que tras el lamentable fallecimiento de un buzo en las instalaciones, el Departamento de Obras Municipales llevó a cabo dos inspecciones al lugar.

Durante la segunda visita, detallaron, se cursó a la empresa una multa cercana a $4.500.000 por dichas irregularidades. “La empresa se negó a pagar esta sanción y optó por judicializar el caso”, reiteraron.

“Esta administración reafirma su compromiso con el diálogo, el respeto y la resolución pacífica de los conflictos. Asimismo, defendemos la igualdad ante la ley de todos los actores, ya sean públicos o privados”, finalizaron.

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