El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta ha acogido la denuncia de tutela de derechos fundamentales interpuesta por la abogada Alejandra Pozo Cortez, ex Directora Regional del Servicio de Protección de Antofagasta, declarando que se vulneraron sus derechos a la integridad psíquica, la honra y la libertad de trabajo, garantizados por el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
En un fallo significativo (causa RIT T-967-2023), el magistrado Carlos Campillay Robledo determinó que existieron indicios de lesión de derechos fundamentales a raíz de una informalidad en el proceso de petición de renuncia a la funcionaria, así como en la declaración de vacancia del cargo, procesos que el tribunal halló deficientemente administrados.
El fallo subraya irregularidades en las formalidades legales y en la transparencia de los actos administrativos, mencionando específicamente la falta de evidencia sobre la solicitud de renuncia telemática del 21 de agosto de 2023 y la falta de publicidad apropiada de los actos administrativos relacionados.
Además, el testimonio de diversas partes aportó al caso, indicando que las circunstancias de la petición de renuncia fueron motivadas por acusaciones no suficientemente investigadas de maltrato hacia otros funcionarios. Esto, sumado a la ausencia de motivación clara y pública en la petición de renuncia, sugiere una falta de justificación adecuada para afectar los derechos de la Sra. Pozo.
Como medidas reparatorias, se ha ordenado el pago de $10.000.000 por daño moral y $43.132.776, equivalentes a ocho meses de remuneración, por concepto de indemnización, conforme al inciso 3 del artículo 489 del Código del Trabajo.
Este fallo no solo implica una reparación económica significativa, sino que también recalca la importancia de la adherencia a los principios de legalidad y transparencia por parte de los organismos del Estado, especialmente en el contexto de la gestión de personal y la protección de los derechos fundamentales.
