Este martes 11 de marzo, el Concejo Municipal de Antofagasta aprobó, por 10 votos a favor, la adquisición del nuevo sistema de televigilancia para la comuna. Es un proyecto de 2.809 millones de pesos, financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional, que se arrastra desde el 2023.
En ese año, la iniciativa fue adjudicada por un grupo de proveedores, pero dado un reclamo, se realizó un proceso de invalidación. “El 23 de enero de 2025, a través de decreto, se dispuso la invalidación de todo el proceso y se instruyó retrotraer el procedimiento concursal hasta la etapa de evaluación de las ofertas. Entonces la comisión evaluadora volvió a hacer una revisión de todo el proceso, y concluyó mediante un informe de reevaluación del 27 de enero, adjudicar a la unión temporal de empresas compuesta por Ciudades Inteligentes SA, Hidrosan Ingeniería SA, Ingesmart”, explicó la directora de Jurídica, Jessica Matus.
La abogada indicó que el contrato también cuenta con unidades técnicas municipales y del Gobierno Regional, y sobre el proyecto, detalló que “el objeto es la provisión de instalación de 100 postes de 12 metros, un sistema de transmisión para el envío de la información a la central, programas, programa de capacitación, garantías del sistema, mantenciones preventivas y correctivas, una nueva central de control y una sala de monitoreo”.
El plan de mantenimiento preventivo considera 15 visitas en 62 meses, además de mantenimientos correctivos, las cuales se realizarían, en promedio, 17 veces al año.
Al respecto, el director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, añadió que la central de monitoreo que se encuentra en la municipalidad, deberá ser ampliada y tener prestaciones 24/7. “Tendríamos la central de monitoreo más importante de la región”, dijo el ex jefe de Zona de Antofagasta, quien calificó el proyecto como determinante en materia de seguridad.
Instalación de cámaras
Castro explicó que para la instalación de las cámaras se levantaron puntos de interés e información criminológica a través de las plataformas de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros. “Fue un proceso de selección territorial técnico, sin ninguna otra consideración”, indicó.
También se pidió el pronunciamiento de la Dirección de Control, desde donde indicaron que no habría ilegalidad, pero que las cámaras deben instalarse en los lugares establecidos en el contrato.
Desde el municipio explicaron que consideraron seis dimensiones para la instalación de los aparatos. La primera es la del hospital y centros de salud (12 cámaras); la segunda, los lugares de interés, que van desde tribunales de justicia, vertedero, terminal de buses, la vega central, la cachimba del agua, entre otros (31 cámaras); la tercera en zonas de escuelas, liceos y universidades (21 cámaras); la cuarta en cruces principales de Coviefi, Parque Inglés o Costa Laguna (15 cámaras); la quinta en las principales plazas y parques de la ciudad, incluyendo el Paseo del Mar y Parque Brasil, entre otras (14 cámaras), y sexta, en los 7 balnearios de la ciudad consideran Juan López y Huáscar.
Que bien, sí, es fundamental que exista un equipo responsable de la observación y seguimiento de lo que estás muestran, trabajo coordinado e integrado con carabineros para realizar seguimientos y no simples aparatos de grabación qué terminan haciendo publicidad al llamado crimen organizado.