Por decisión unánime, el pleno de la Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada Catalina Pérez. La medida judicial había sido solicitada por el Ministerio Público en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva, instancia en la que también por decisión unánime, el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta concedió la petición del organismo persecutor. Ahora la fiscalía formalizará a la legisladora, que, tras perder su fuero, quedará sometida al proceso penal.
La resolución del máximo tribunal del país fue considerado como un paso en la dirección correcta por los parlamentarios de la región, quienes esperan que la justicia actúe con todos los responsables involucrados en los hechos que indaga el fiscal Cristian Aguilar. En tanto, al tratarse de un año electoral, analistas políticos indicaron que el impacto del daño se extiende hasta el Frente Amplio. Si bien Pérez ya no pertenece al conglomerado precisamente por las consecuencias del caso Democracia Viva, explican que era la figura más fuerte para retener el cupo en el Congreso, porque lo que ahora deberán buscar una alternativa que cargará con el peso reputacional del caso convenios.
El abogado querellante en la causa y que expuso ante la Suprema, Pablo Toloza, manifestó que la diputada tendrá que enfrentar la justicia y será ahí donde deberá probar si es o no culpable de tres delitos reiterados de fraude al fisco. “No podía el fuero, una institución que ella misma señaló como improcedente, servir para ampararse y no enfrentar la justicia”, subrayó Toloza, recordando que Pérez tuvo la intención de eliminar el fuero parlamentario.
El diputado Sebastián Videla (IND-PL) dijo que “la ciudadanía espera que se llegue hasta las últimas consecuencias y a todos los responsables por un hecho grave, con platas públicas, delito del que se espera tenga responsables. Confío en que la justicia está haciendo un muy buen trabajo”.
En la misma línea habló Jaime Araya (IND-PPD), quien sostuvo que la Corte Suprema ratificó lo señalado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el sentido de que “existe mérito para seguir adelante con la investigación y eventual formalización de la diputada Catalina Pérez, por los hechos que son de público conocimiento”.
Desde la oposición, la diputada Yovana Ahumada (PSC) espera que Pérez “enfrente la justicia igual que el resto de los involucrados en el caso Democracia Viva, es decir, en prisión preventiva, para que entregue toda la información necesaria. Ningún diputado está sobre cualquier ciudadano, no más impunidad”.
“EL TEMA SE TRASLADA AL FRENTE AMPLIO”
Para el analista político Osvaldo Villalobos era muy difícil que la Corte Suprema revocara una determinación unánime de la Corte de Apelaciones, ya que los antecedentes que se conocen permiten a la fiscalía generar un caso que amerita investigación. También detalló que, en un ambiente en tela de juicio, el regreso de Hermosilla a prisión preventiva, la destitución de la senadora Allende y lo sucedido con Catalina Pérez, la ciudanía debe reconocer que, independiente del sector político, la justicia está haciendo su trabajo.
“Al tratarse de un año electoral, el tema se traslada directamente al Frente Amplio, partido en el que si bien la parlamentaria dejó de militar hace varios meses, no lo libera del caso y no tiene más figuras para la carrera parlamentaria. En este punto es importante destacar el difícil desafío que tiene la directiva regional del partido, primero, para establecer una buena estrategia de comunicaciones, porque no puede operar el silencio acostumbrado. Y salir con una propuesta clara respecto a quiénes serán las cartas parlamentarias.
Junto con Catalina Pérez y el Frente Amplio, Villalobos sostuvo que el problema también llega al gobierno, ya que el caso fundaciones tiene una raíz que es innegable en torno al Frente Amplio, en ese tiempo de Revolución Democrática, en la administración del Estado.
“Catalina Pérez ahora tiene que dedicarse a preparar su defensa. Más allá de la justicia, hay un entendimiento de la comunidad sobre este caso y recordemos que la diputada tuvo episodios algo erráticos cuando se publica el caso. Las declaraciones iniciales que luego fueron variando o las entrevistas en las que no ha dejado clara su participación o no en los hechos. Creo que debe preparar ya su defensa, porque la Fiscalía pidió el desafuero para procesarla. Con esto cualquier opción de candidatura queda absolutamente negada y traslada el desafío a la directiva del Frente Amplio, para mostrar un candidato con un tremendo daño de reputación en Antofagasta”, analizó Villalobos.
“NO ES UNA SORPRESA”
Lo sucedido es simplemente el formalismo de algo que iba a suceder, señaló Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas. Y agregó que el desafuero se dilató al considerar el inicio del caso, sin embargo, dijo que aquello fue por el desarrollo lógico que conduce hacia una revelación que puede ser nefasta para el futuro de la diputada.
“No es una sorpresa. En lo personal no sé si la complica tanto, porque no sé si es una postura de los políticos o si hay una psicología propia, esa negación total de los hechos. Políticamente, aunque tengamos o no un juicio, ya está comprometida, tanto así que no tiene partido. No sé si esto cambiará su actuar, porque la estrategia se va acomodando a los hechos y continúa con el discurso que busca la misma finalidad, ‘sigo en carrera y volveré a presentarme’”, expuso Zamorano.
En este escenario, añadió, el Frente Amplio recibe un golpe fuerte, porque Pérez era su figura nacional y regional, “la Paulina Núñez de la izquierda. Es difícil pensar que no tendrá ningún impacto el hecho de que su principal nombre fuera desaforado”.
Zamorano continuó analizando y expresó que en algún momento la diputada recordará que es política, que su padre fue exiliado y que debe dar un paso al costado por ética, primando los principios más que la sed de poder. Y aunque cuente con la presunción de inocencia, lo recomendable, adelantó, sería que no se presente a las elecciones y que quizás apoye alguna otra candidatura.
“Si no se da cuenta de que hoy mancha cualquier cosa que toca es porque existe un problema para percibir la realidad. Si va será solo por razones políticas, pero no por la gran política. Hay un caso actual en Francia, Marine Le Pen fue suspendida por usar fondos públicos del Parlamento Europeo, se comprobó un delito, no podrá presentarse a elecciones durante cinco años y era la favorita para la próxima presidencial. Más que entrar en la dicotomía falsa de si la justicia puede baipasear la soberanía popular, hay que felicitar que esto hace diez o quince años no sucedería. Tenemos un principio de transparencia que se aplicó y existen muchos elementos que demuestran cómo funciona verdaderamente el mundo político. Que se usaran fundaciones para generar trabajo a la gente de un partido es algo que siempre ha ocurrido, pero la buena noticia es que ahora lo sabemos”, valoró Cristian Zamorano.
