El candidato a diputado del PRI por Antofagasta, Carlos López, está en un complejo escenario que dificultaría poder estar en la papeleta de noviembre próximo. Esto, debido a una acción judicial privada en su contra que se remonta hace casi un año pero que finalmente derivó en una acta que será enviada al Servel dentro de los próximos días con la firma de la magistrado Milena Ubilla Carvajal. ¿El motivo de esta acción? Una acusación ante los tribunales por el delito de estafa.
Los hechos
De acuerdo al texto -al cual tuvo acceso Timeline.cl– los hechos que motivaron la acusación comenzaron el 31 de julio del 2012 con la promesa de compraventa de un galpón de 250 mts2 de superficie por 300 millones de pesos entre «Cáceres Milanez y Compañía Limitada» y el representante legal de la empresa vendedora, Carlos López. Acto en el cual se canceló el 20% del valor correspondiente a $60.000.000 más una reserva por $15.000.000; montos que habrían sido cobrados por López.
La sorpresa habría venido luego que los compradores se percataran -según indica la acusación- que López no era propietario del inmueble ni tampoco tramitó u obtuvo un permiso de edificación para construir el denominado Galpón que estaba ofreciendo. Junto con lo anterior, Carlos López, «con el propósito de producir la defraudación, adquiere otro inmueble (Lote A-1) a nombre de una empresa diferente (EMEJ Ltda.) de la que también era su representante legal y finalmente lo enajena a un tercero quien lo adquiere como un sitio eriazo», cita el documento.
El obstáculo en la candidatura
La complicación del candidato del PRI no es solo en el ámbito económico de la acusación sino que esta tiene un alcance electoral pues – de acuerdo a abogados consultados por Timeline.cl– no podría postular a cargo público por ser acusado de un delito con pena aflictiva (como en este caso).
De hecho, el artículo 17 de la ley de inscripciones electorales indica que «los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no se haya impuesto dicha pena, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos», ley 18.556.
La defensa de López
Nos contactamos con Carlos López quien aseguró que esto responde a una persecución política y que está tranquilo pues no afectaría su inscripción en el Servel. No obstante, igual sus abogados presentarán la próxima semana un recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, recalca que este es una acusación privada pues la fiscalía en su momento declinó presentar alguna acción.
¿Usted debe los $75 millones de pesos que indica la acusación en su contra?
No, nada de eso. El Ministerio Público desechó la acusación porque no había delito. Eso es así. Si buscas, el Ministerio Público no perseveró porque no hay delito.
Entonces, ¿a qué cree que se debe todo esto?
Esto es un chantaje político, pero nosotros estamos muy tranquilos con este tema. No tenemos ninguna desesperación, estamos en campaña y seguimos adelante en todo.
¿Qué pasa con la norma que complicaría tu candidatura en el Servel?
Es que eso estamos viendo. Nosotros creemos que es inaplicable porque, primero, el solo hecho que cualquier particular pueda hacer un tema de eso sin que el Ministerio Público haya perseverado, es un cacho (sic). Entonces, es un tema completamente ilegal desde el punto vista nuestro y así lo saben nuestros abogados que están preparando el recurso.
¿Va a inscribir igual la candidatura?
Sí, nosotros la vamos a inscribir de todas maneras.
¿Por qué si no trae complicaciones a la candidatura van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional?
Por que va a tener que ser el Tribunal Constitucional el que decida si el Tribunal de Garantía está en lo correcto o no.
