La bancada del partido radical, junto a otros diputados de oposición, presentaron un requerimiento de interpelación contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, para buscar explicaciones por el decreto que emitió y que permite a las clínicas privadas ser objetoras de conciencia, en el marco de la ley que regula la interrupción del embarazo en tres causales.
La iniciativa fue liderada por la diputada PR Marcela Hernando, quien explicó que la idea es que el secretario de Estado exponga en el hemiciclo este decreto administrativo que “está torciendo el espíritu de la ley que se promulgó después de 4 años de arduo trabajo parlamentario”.
“El Tribunal Constitucional cuando se pronunció sobre esta ley, dijo que las objeciones de conciencia son excepcionales y personales. El protocolo que se promulgó en enero daba cuenta de cómo se hacen ambas cosas y cuáles son los requisitos que tenían que cumplir las clínicas o instituciones privadas para justificar aquello. A través de la redacción del ministro este protocolo hace que no sea un acto excepcional y no distingue en ninguna de las tres causales”, afirmó la congresista antofagastina.
La parlamentaria radical estableció que es relevante que quede claro en la interpelación cómo el ministro Santelices entiende la relación entre un privado y el Estado, pues, según explicó “si un privado elige realizar prestaciones gineco obstétricas, no puede estar eligiendo cuáles sí y cuáles no. Es decir, no puede definir atender partos o embarazos a partir de la semana 36. Si deciden abstenerse de esa prestación, de salud pública, debería abstenerse de cualquier procedimiento gineco obstétrico”.
“El protocolo es un procedimiento administrativo que se anula de la misma manera cómo se promulgó, con la firma del ministro. Puede hacerlo en el momento que quiera. Quisiéramos que este protocolo respetara el espíritu de la ley y si no lo hace vamos a usar todas las herramientas que tengamos. Nadie en este país puede pasar sobre la ley. En estricto rigor de una interpelación uno puede llegar a una acusación constitucional. Nuestra intención es a priori no es esa. Lo que queremos es que este protocolo sea corregido y no pase a llevar el espíritu de la ley”, sentenció Hernando.
Decisión administrativa
Por su parte, la diputada del PPD, Loreto Carvajal, sostuvo que “no nos parece que mediante una actitud administrativa se venga a echar por tierra los intereses y el propósito de una discusión legítima, democrática que se generó en este Congreso y en donde se vulneran derechos esenciales. Aquí se están utilizando subterfugios para, en definitiva, dejar sin efecto la posibilidad que tienen las mujeres legítimamente, y en casos excepcionales de poder interrumpir el embarazo”.
Respecto a una acusación constitucional, la diputada señaló que nada está descartado, “por eso es que tenemos que ejercer todas las acciones y en particular tener los fundamentos necesarios para ver si es que es necesario llegar a eso”.
La interpelación se presentó con la firma de 58 diputados de todas las bancadas de oposición.
