En este quinto capítulo de entrevistas del programa “El resto es música” conducido por el periodista Jorge Ortiz y el analista político Sebastián Gómez, conversamos con Pablo Rojas, integrante de la ONG Fractal, de la Mesa Intercultural y de la red nacional de organizaciones migrantes y pro migrantes en Chile sobre la situación de los extranjeros en Antofagasta y el aumento de campamentos.
Aquí solo parte de lo conversado y que puedes escuchar de forma completa al final de la nota.
- ¿Qué te parece la ley migratoria propuesta por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera?
Lo que dice Sebastián Piñera es que estas reformas flexibilizan los procedimientos pero en realidad eso no es así, burocratizan aún más el procedimiento en cuanto crean una serie de visas que antes no existían y que por lo demás hacen más complejo el proceso de obtención, como la visa consular.
- ¿Cómo pueden afectar este tipo de visas?
Mira, el 2012 se instala vía administrativa la visa consular a ciudadanos de República Dominicana. En la práctica eso supuso que si el 2011 tenías 12 ingresos por paso no habilitado, el 2016 tenías 960, aumentando en un 4.550% la irregularidad de dominicanos. Además, lo que se vio fue un aumento en las órdenes de expulsión, precisamente por eso, pero no tuviste una disminución del flujo de dominicanos. Entonces, en el fondo, esta medida no ordena, gestiona ni administra sino que más bien restringe, pero en este acto aumenta el negocio de los traficantes en frontera pero no detiene el flujo migratorio»
- ¿Reconoces algún problema que haya acarreado el proceso migratorio en nuestra región?
Evidentemente que hay un problema. El problema es que el Estado de Chile no estaba preparado para recibir los flujos migratorios que recibió. En el fondo, los flujos migratorios que llegan durante la última década lo que hacen es dar cuenta de la tremenda deuda que el Estado Chileno tiene con todos sus habitantes. O sea, empiezan a mostrar las grandes dificultades y desigualdades que el Estado chileno tiene con su propia población. No es que los problemas se hayan producido porque llegaron los migrantes, los problemas se evidenciaron aún más porque llegaron los migrantes.
- ¿Cómo palpas la disociación que existe entre el discurso pro migrante y la realidad que se plantea en los barrios?
Hay un ejercicio de gobierno que tiene mucha responsabilidad en esto pues como gobiernes un país es como se van a comportar. Y, lo que hemos tenido, son gobiernos que han generado las condiciones para que esto suceda. Yo vivo una serie de precariedades muy similares a los de la mayoría de la población, tengo problemas para llegar a fin de mes ni tengo casa propia pese a ser profesional titulado como muchas personas. Entonces, la situación es ¿cómo la noción de seguridad estructural que tenía que ver con la previsión, salud y educación que antes estaba más garantizada, lleva a nosotros mismos a tener que buscarlas en el crédito, en el miedo al otro y cómo las autoridades fomentan eso? (…) Entonces, la responsabilidad que tienen los gobiernos para ir definiendo la opinión pública -pero también las condiciones de como uno vive- son importantes y a mi me parece que los gobiernos tienen una deuda gigantesca.
- ¿Observas una pronta solución a las tomas en Antofagasta?
Una de las cosas que es importante entender es que las tomas o campamentos son las peores y más injustas expresiones de una problemática general que es la vivienda en este país y ciudad (…) Lo que hay que modificar es como el Estado está entendiendo y ocupándose del problema de las ciudades y las viviendas partiendo -por ejemplo- reconociendo la vivienda como un derecho social básico en su Constitución.
- ¿Qué le dirías a aquellas personas que también son allegadas pero no optan por tomarse terrenos por ser ilegal?
Hay un problema bien complejo. Hay empresarios que se toman terrenos, hay personas que no tienen necesidad pero usando la legalidad de Bienes Nacionales se toman de forma legal terrenos (…) Yo diría que el tema es mucho más complejo. Hay mucha gente que vivía de allegada que hoy están viviendo en campamentos, la mayor cantidad de los chilenos que vivían en campamentos estaban de allegados. Y, por otra parte, la mayor parte de los migrantes que están en tomas pasaron cinco años arrendando en condiciones insalubres y de gran hacinamiento. Y, luego, tras no poder pagar más, terminan en un campamento. Entonces, ¿qué le diría yo a una persona allegada que no vive en campamento?, le llamaría a preguntarse si el problema es de usted, de la persona que se tomó o del Estado que no está pudiendo responder a la demanda.
- ¿Cómo se hace con aquellas tomas ubicadas en zonas de riesgo aluvional o que están debajo de una torre de alta tensión?
Nosotros entendemos que hay lugares en situación de riesgo. En realidad, prácticamente toda Antofagasta, tanto campamentos como barrios consolidados están en situación de riesgo (…) También está el tema de la plata que se requiere para mitigar ciertos riesgos, evidentemente en sectores como el Parque Inglés, los procesos de mitigación no son muy discutidos y están las lucas para hacerlo, no así en grupos más empobrecidos.
- ¿Y en el caso de torres de alta tensión que están insertas en las tomas? ¿Las empresas deberían correrlas? ¿El Estado debiera asumir el costo?
El riesgo está y sí la empresa podría mover la torre. El problema es que el privado no va a asumir ese costo pues la ley de servidumbre que rige esas torres obliga a que cualquier modificación vaya con cargo al Estado.
- Entonces, ¿el Estado debería asumir ese costo?
Sí. Y, ese costo asciende a seis millones de dólares. Se puede. Ahora, ¿el Estado estará dispuesto a poner esas lucas? probablemente no, probablemente sí.
