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viernes, 22 noviembre, 2024
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Sebastián Quinzán comparece ante la justicia por querella de injurias y calumnias

Este lunes 11 de noviembre, el asesor municipal Sebastián Quinzán, debía presentarse en el juzgado de Garantía de Antofagasta, donde por primera vez se encontraría cara a cara con su acusadora, la candidata a diputada Marcela Hernando la que busca llevar a Quinzán directamente a juicio, donde arriesgaría una pena de hasta 3 años de cárcel. (Solo se presentó el abogado del asesor).
La demanda se produce luego que el argentino acusara a Marcela Hernando de entregar una licencia médica para que una funcionaria municipal participara en su campaña a diputada, razón por la que enfrenta además un recurso de protección por haber publicado la licencia y los datos personales de la afectada. El trasandino también tiene problemas con Contraloría, por su contrato que lo liga al municipio.
La postulante al parlamento señala que la licencia médica entregada a Jessica Richards, secretaria del Departamento de Tesorería del municipio “es absolutamente legal, en base a un diagnóstico médico detectado y perfectamente verificable”, y agrega que no tuvo ninguna intencionalidad de usarla en forma “fraudulenta”, razón por la cual se querelló contra el vocero municipal.
La querella acusatoria contra Quinzán expresa que el cuestionado asesor habría incurrido en el delito de injurias graves con publicidad, contemplado en el artículo 417 N° 3 en relación con el número 418 del Código Penal, por cuanto decir que Hernando entregó licencias falsas no sólo repercute en la imagen de la doctora, sino que además la afecta al atribuirle un delito que afecta su condición de médico. El artículo 418 del Código Penal sanciona el delito de injurias graves por escrito y con publicidad con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio (hasta 3 años de cárcel) y una multa de 11 a 20 UTM.
Por otro lado, Jessica Richards, la afectada de la filtración de la licencia médica, presentó un recurso de protección, debido a que esto constituye en sí una violación a la Ley 19.629 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, que resguarda entre otros aspectos, la divulgación de información médica de las personas.

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