Luego de un año y cuatro meses de análisis por parte del Tribunal Electoral Regional (TER) de toda la evidencia presentada por un grupo de concejales opositores a la actual administración municipal de Calama para remover de su cargo al alcalde Daniel Agusto, ese largo camino llegó a su fin, pero no de la forma esperada por los denunciantes.
El TER rechazó todos los reclamos por notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa que presentaron los concejales Carolina Latorre, Dinka López, Maritza Cortés, José Mardones y Ricardo Campusano.
El fallo
Según informa El Mercurio de Calama, los motivos por los cuales se determinó rechazar la acusación, fueron resumidos en un documento de 88 páginas, firmados por los integrantes del TER.
Una de las acusaciones que allí que se expusieron tenía relación con los despidos que se realizaron a fines de 2016 una vez asumida la nueva administración municipal y cuyas demandas posteriores realizadas por los desvinculados provocaron un millonario desembolso de dinero para pagos de indemnizaciones y cotizaciones.
En este sentido el fallo indica que «la masividad o cantidad de despidos no puede tomarse como único criterio para configurar las causales de remoción solicitadas, toda vez que dichos despidos son parte de actos de administración»
Otra de las supuestas irregularidades denunciadas por los concejales de oposición estaba relacionada con la tardanza en la reincorporación de ocho trabajadores desvinculados en 2016, el que fue mandatado por Contraloría.
Al respecto, el fallo del TER detalla que «pudo establecerse que la Municipalidad de Calama ejerció legítimamente acciones administrativas y jurisdiccionales impugnando la decisión tomada por el órgano contralor hasta, finalmente, reincorporar a los ocho funcionarios recurrentes, sin que se advierta una excesiva dilación en ello tomando en consideración las fechas de sentencias y de su reincorporación»
El alcalde Daniel Agusto manifestó que el Tribunal «había hecho justicia con una situación patente y que, efectivamente, (esto) responde a una persecución política y a una obstrucción constante a nuestra administración». Y respecto al fallo indicó que había quedado establecido que «son problemas heredados de la administración anterior (del ex alcalde Esteban Velásquez) y que con el trabajo realizado en estos años hemos ido solucionando»
