Seis familias, la gran mayoría de ellas extranjeras, fueron notificadas con la medida de desalojo en curso, por parte de la Unidad de Seguridad de la Gobernación de Antofagasta, debido a que levantaron diversas construcciones conformando una nueva toma ilegal en terrenos fiscales.
La denuncia la realizaron vecinos de la Población René Schneider de Antofagasta, directamente a la Gobernadora Katherine López. Situación que se habría producido durante la semana pasada, en jornadas de intensas movilizaciones sociales que aprovecharon las familias extranjeras para levantar las construcciones en la falda del “Cerro El Ancla”, además de obstaculizar todo el sendero que es utilizado por deportistas que ascienden hasta ese sector, en el aniversario de la ciudad.
La Gobernadora Katherine López explicó que “dentro del trabajo que desarrolla normalmente la gobernación y debido a algunas denuncias recibidas por los pobladores del sector Alto René Schneider, los funcionarios de la gobernación, han hecho entrega de la notificación de no más tomas en ese sector. Sector que nos pertenece a todos los antofagastinos, sector patrimonial para nosotros, por lo tanto, no pueden ser tomadas por estas familias que se encuentran en el lugar. Junto a este procedimiento, la PDI realizó controles migratorios, debido a que a estas personas eran en su mayoría extranjeros, por lo tanto, hoy se les fue a notificar que esos terrenos son de Bienes Nacionales y están destinados a otro uso que no corresponde a un campamento”.
Los funcionarios del Departamento de Extranjería y Policía Internacional (Polint) de la PDI de Antofagasta, realizaron una veintena de controles migratorios a los extranjeros residentes de estas ocupaciones ilegales, como también a quienes que se encontraban en los alrededores de la toma.
Posteriormente los funcionarios de la Gobernación y de la PDI, se trasladaron hasta otro sector, de la población René Schneider sur, donde se ubica la quebrada aluvional Riquelme, donde desconocidos demarcaron un paño de terreno fiscal, con la intención de lotearlo para posteriormente instalar otro campamento. Ante esta situación los funcionarios de la gobernación procedieron al despeje y borrado del terreno loteado, situación que además será reforzado con sobrevuelos del dron de intendencia, como una forma de monitorear nuevos intentos de pobladores que pretenden instalar viviendas en terrenos fiscales.
Por último las familias notificadas con la medida de desalojo, tienen un breve plazo para desarmar por su cuenta las viviendas, de lo contrario y tal como se ha realizado en otras ocasiones, serán desalojadas por la fuerza pública y las construcciones y materiales serán destruidos, siendo trasladados hasta el vertedero municipal.
