Con el objeto de proteger a miles de familias afectadas por las deudas en materia educacional, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura –en votación dividida- respaldaron el proyecto que interpreta la ley N° 19496 y modifica otras normas legales.
Con este resultado, la propuesta en primer trámite será analizada en una próxima sesión ordinaria en Sala. Tras ello, el texto volverá a la Comisión para dar inicio al debate en particular. En simple la moción despenaliza las deudas educativas, sean el Crédito con Garantía Estatal (CAE), el Fondo Solidario o el Crédito Corfo.
El presidente de la instancia, el senador Juan Ignacio Latorrre explicó que “teníamos que resolver un desempate. En una sesión anterior hubo dos votos a favor y dos en contra; ahora hubo 3 votos a favor y uno en contra. Quiero destacar que esta propuesta fue transversal dado que es de sentido común”.
El congresista relató algunas de las dificultades que tienen los jóvenes endeudados. “Hoy como los estudiantes con mora no se consideran consumidores, no pueden acogerse a la ley respectiva. Así existe un trato asimétrico entre los acreedores (Bancos y el Estado) y los deudores puesto que los contratos firmados tienen las mismas condiciones que aquellos relacionados con la compra de bienes y servicios”, hizo ver.
También mencionó los embargos que deben sufrir los estudiantes que no han podido cancelar el crédito respectivo. “Lo que venimos a corregir con las cláusulas de los contratos porque los acreedores hoy son juez y parte. No pueden seguir sufriendo los deudores educacionales estos abusos”, describió.
Para la senadora Yasna Provoste, “la idea es avanzar en garantizar el derecho social a la educación, por medio de una educación pública, gratuita y de calidad para todos”.
Proyecto
La propuesta nació en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre, Yasna Provoste, Francisco Chahuán y Carlos Montes cuyo objetivo es permitir un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación, poniendo término a una serie de situaciones que ponen a los estudiantes que han suscrito algún tipo de crédito para cursar estudios en educación superior en situaciones de abuso e indefensión.
Así se interpreta la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores con el objeto de establecer que esta normativa es aplicable a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.
Asimismo, se modifican las leyes 19.287 y 20.027 para terminar con una serie de condiciones que ponen a los estudiantes endeudados en situaciones de abuso e indefensión. Por último, se interpreta la ley 20.720 con el fin de establecer que las deudas adquiridas por estudiar en la educación superior pueden sujetarse a los procedimientos regulados por la citada norma.
