El fin de semana pasado, a través de El Mercurio de Antofagasta, la empresa portuaria ATI publicó una carta dirigida a la comunidad antofagastina informando el reinicio de las obras del galpón de acopio de concentrado de cobre a partir de las próximas semanas. Carta que comienza con un “mea culpa” por no haber comunicado en forma oportuna los alcances del proyecto comprometiéndose, en este «nuevo comienzo», a realizar esfuerzos máximos para informar de mejor manera los avances.
En la misma misiva, ATI se compromete además a instalar dos centrales de monitoreo de PM 2,5 y PM 10 en los alrededores del puerto y desarrollar un proyecto arquitectónico para “atenuar” el impacto visual para que el galpón sea considerado un verdadero aporte al entorno del sector costero de Antofagasta.
En este nuevo comienzo que plantea ATI ¿puede ser considerado como un borrón y cuenta nueva, luego de haber criticado la judicialización del tema y haber puesto en duda la institucionalidad ambiental tal cual lo hizo Gastón Bastías, gerente general de ATI, en un su columna publicada en Timeline en abril pasado?
“¿Acaso los proyectos debieran pasar primero por la Corte Suprema para su aprobación final?. Esa es la respuesta que deben dar las autoridades en el futuro más inmediato, de manera tal que los proyectos no estén expuestos a riesgos de evaluaciones que incorporen los tribunales de justicia, dándole su propio soporte y credibilidad a la tan denostada institucionalidad medio ambiental”, citaba el Gerente General de ATI.
En esa misma columna, Bastías explicaba que “de ser negativo el fallo, se perderá una inversión de 48 millones de dólares y la posibilidad de avanzar en un proceso de balance que involucra a dos palabras tan importantes como intrínsecamente presentes en estas tierras: Minería y Comunidad y dejará la sensación de la fractura o debilidad de la institucionalidad medio ambiental, la que una vez que otorga los permisos, quedan sin efecto por una determinación de la Corte Suprema”.
Esa postura crítica manifestada por Bastías parece haber quedado atrás. Durante esta semana, los tres implicados en el “Proyecto Galpón”, Minera Sierra Gorda, FCAB y ATI, presentaron detalles del proceso de transporte del concentrado de cobre. Todas las empresas, aseguraron frente al Intendente Regional, concejales y representantes del Colegio Médico, que esta acción es completamente inofensiva para la salud de las personas. Pero, ¿por qué no se informó antes de todo esto?
Ahora el panorama es otro, uno donde, al parecer, la institucionalidad y la intervención de la justicia no fueron tan malos después de todo. La única duda existente sobre esta mesa de trabajo entre los implicados en el polémico proyecto y el gobierno regional es conocer cual será el resultado esperado teniendo en cuenta posturas tan alejadas y que la misma Corte Suprema, cual arquitecto de ATI, no hizo más que fijar su mirada en la forma y no en el fondo del conflicto.
