Un total de 163 profesores de Antofagasta, todos víctimas del problema de la deuda histórica, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acelerar el conocimiento y resolución del caso que los docentes presentaron en enero de 2020 ante esta instancia internacional de derechos humanos.
Los docentes antofagastinos denunciaron al Estado de Chile por cuanto éste no ha reparado las graves consecuencias que se derivaron para ellos del no-pago, por parte de la Municipalidad de Antofagasta, de un conjunto de asignaciones remuneracionales que, de acuerdo con la ley, les correspondía percibir durante el proceso de municipalización de la educación, en 1981. En efecto, dichas asignaciones nunca fueron percibidas por los docentes. De ello se derivó una serie de daños, incluidos aquellos de carácter previsional, que, hasta el día de hoy, el Estado de Chile no ha reparado.
“El caso de los profesores de Antofagasta es un caso de derechos humanos y debe ser asumido como tal” manifestó el abogado patrocinante del caso, Christian Berndt Castiglione. “Independiente de las razones por las cuales los profesores no obtuvieron sus asignaciones, el Estado chileno debe asumir su responsabilidad internacional en este caso y reparar integralmente el daño ocasionado a mis representados”, concluyó.
Para acelerar la obtención de la reparación señalada es que, el pasado 15 de julio, el abogado Christian Berndt solicitó a la CIDH acelerar el conocimiento y resolución del caso de los profesores de Antofagasta.
“Han transcurrido más de cuarenta años desde el momento en que el Estado debió reparar a las víctimas. El día de hoy, la totalidad de nuestros representados son adultos mayores. De hecho, tres de ellos han fallecido recientemente” afirma Christián Berndt. “Si la CIDH no resuelve este caso a la brevedad, haciendo uso del recurso que le otorga el artículo 29.2 de su propio Reglamento, es muy probable que la resolución misma del caso por la CIDH pierda toda utilidad en el futuro, habida cuenta de la avanzada edad de mis representados”, explica el abogado.
En este sentido, el representante de los docentes antofagastinos solicitó a Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH, acelerar el procedimiento en el caso de los profesores de Antofagasta, permitiendo con ello una más rápida decisión respecto del mismo.
“No queremos que nuestros profesores, todos adultos mayores, tengan que enfrentar un procedimiento ante la CIDH que, fácilmente, podría tomar entre 4 y 8 años”, continúa Berndt. “Resulta urgente que la CIDH haga uso, en el presente caso, de todos los mecanismos procesales que su Reglamento le otorga para acelerar su tramitación”, concluye.
En efecto, plantea el abogado, el artículo 29.2 del Reglamento de la CIDH establece que, tratándose de casos en que las víctimas fuesen personas mayores, la CIDH puede pronunciarse respecto de la admisibilidad y el fondo del caso al mismo tiempo. Ello, porque de lo contrario, la resolución del caso, en atención a la edad de las víctimas, puede perder toda utilidad. Ese es, precisamente, el mecanismo que el abogado Christian Berndt quiere hacer aplicable al caso de los 163 profesores de Antofagasta.
El abogado concluyó indicando que “este caso es dramático. Son casi 40 años de búsqueda de justicia en Chile. Al no encontrarla dentro de nuestro país, decidimos acudir a las instancias regionales pertinentes, como la CIDH. El Estado de Chile, al no reparar a los profesores por el no-pago de sus asignaciones legales, no sólo infringió la ley chilena. También infringió los compromisos internacionales que, en materia de derechos humanos, contrajo el Estado al momento de ratificar la Convención Americana. Buscamos que esa responsabilidad se haga efectiva y el Estado repare integralmente el daño material e inmaterial ocasionado a los profesores de Antofagasta, de manera tal que nunca más otros docentes sean víctimas del mismo abuso por parte del Estado en el futuro”.
