Los tentáculos del narcotráfico llegaron a tal punto, que fueron capaces de instalarse en el corazón del combate con el narcotráfico en Antofagasta. Esto, luego que se conociera la desarticulación de una banda que traficaba droga entre Tarapacá y Antofagasta, entre cuyos miembros contaba con la participación activa de uno de los supervisores del sistema de drones implementado en nuestra zona por la Subsecretaría de Prevención del Delito para vigilancia y detección de ilícitos.
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Los cuatro integrantes del grupo criminal fueron detenidos con 25 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, valorizados en $154 millones. Todos quedaron en prisión preventiva, tras ser formalizados por la Fiscalía Sacfi ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta por su presunta autoría en los delitos de tráfico ilícito de drogas, receptación de vehículo motorizado y uso de placas de otro vehículo. La camioneta en que se trasladaban los imputados mantenía, además, encargo por robo en Santiago.
Al momento de la detención, en la Ruta 5 Norte con la Ruta B-25, la droga era trasladada por uno de los formalizados en un automóvil con los logos distintivos del Gobierno de Chile, con el fin de evitar las fiscalizaciones.
“La investigación la realizamos durante octubre, mes en que logramos dar con el paradero de esta banda de cuatro imputados dedicados al tráfico de drogas. La gravedad de este hecho se suma a que uno de los imputados se desempeña como supervisor de drones para vigilancia y detectar delitos, en el marco de un programa que posee la Subsecretaría de Prevención del Delito”, sostuvo el Fiscal Jefe de Sacfi, Juan Castro Bekios.
Reacción del gobierno regional
A raíz de esta situación, desde la Delegación Presidencial de Antofagasta emanaron una breve declaración donde aseguran que «esta conducta es inaceptable e intolerable y no permitiremos que estas acciones perjudiquen el trabajo que como Gobierno hemos estado realizando en el combate contra la delincuencia en nuestra región».
Además, señalaron que una de las acciones fue que «se le dio inmediatamente término al contrato de trabajo del funcionario involucrado», indicaron.
Además, aseguran que el equipo jurídico de la Delegación se encuentra evaluando si como Gobierno interpondremos acciones legales en contra del sujeto.
