“Este tipo de acciones por parte de algunos actores que forman parte del gobierno son inaceptables”, aseguró la diputada Catalina Pérez. La parlamentaria de Revolución Democrática se refiere a la situación de las tomas de terreno ubicadas frente a la costa en el sector sur de Antofagasta, donde la Seremi de Bienes Nacionales tramitó las órdenes de desalojo por ocupaciones que comenzaron a fines del 2021. Y entre las personas notificadas para hacer abandono de la propiedad fiscal se encuentra una militante del PS, partido que pertenece a la coalición de gobierno.
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La diputada explicó que esta clase de hechos no pueden permitirse, porque frente a los vecinos pone en cuestión la voluntad del gobierno de hacer las cosas de manera distintas. “Sea del sector político que sea y hay que ser igual de firmes, como lo hemos sido con el sector del frente cuando se cometen este tipo de actos, a mi juicio, inmorales, como cuando esto ocurre con alguna militante de nuestro sector”, enfatizó.
En otros temas de contingencia, Pérez destacó que, junto con el alza en el costo de la vida, la seguridad es la principal preocupación del país. Sin embargo, advirtió que este problema se arrastra desde hace años y “responde al abandono permanente que ha existido por parte del Estado respecto de nuestra región”. Sobre la banca de diputados de la macrozona norte que pide el estado de excepción para frenar la delincuencia, agregó que “dieron un ultimátum al gobierno de rechazar la renovación del estado de excepción en el sur, pero lo veo como un saludo a la bandera, porque no se traduce en nada concreto para los vecinos. No lograron convencer a nadie más en su mismo sector, porque nadie está disponible a ver el derecho a la seguridad como un canje político”.
- En Antofagasta las tomas de terrenos de son un tema complejo. Vemos que cuando aparecen ocupaciones en el sector norte, la autoridad intenta desalojar rápidamente para mantener un control sobre el suelo fiscal, pero se conoció que en el sector sur existen ocupaciones que no son por necesidad de una primera vivienda. ¿Qué impresión le dejan estas situaciones?
En Chile tenemos un problema gigantesco de acceso a la vivienda que se acentúa en regiones como la nuestra. A nivel nacional tenemos un déficit de 650 mil viviendas y en la Antofagasta algunos hablan de 30 mil, a las que familias no pueden tener acceso producto de la alta especulación de los valores y los terrenos. El gobierno se ha enfocado en la generación de una política de emergencia habitacional que tiene que considerar la situación que tenemos en regiones como la nuestra y en esto debemos claros en la comprensión del problema que viven muchas familias, pero también del aprovechamiento que ha existido por parte de un pocas personas, que empañan la evaluación del problema. Frente a esto hay que actuar con firmeza, porque por unos pocos no podemos desconocer el problema social de Antofagasta.
- Una de las personas involucradas pertenece a la directiva regional de un partido del oficialismo. Al ser gobierno las exigencias deberían ser mayores, ¿qué respuesta deberían entregar estos partidos frente a la comunidad?
Es inaceptable, porque frente a los vecinos y vecinas pone en cuestión la voluntad del gobierno de hacer las cosas de manera distintas. Hay que actuar con firmeza, determinación y señalar muy claramente, como lo ha dicho la delegada, que aquí nadie puede estar por sobre la ley. Esto, sea del sector político que sea y hay que ser igual de firmes como lo hemos sido con el sector del frente cuando se cometen este tipo de actos a mi juicio inmorales, como cuando esto ocurre con alguna militante de nuestro sector político. Espero que el partido correspondiente tome las medidas en su interior y que el gobierno actúe con firmeza respecto de estas situaciones y permita que sigan ocurriendo.
- ¿Este tipo de hechos termina provocando un daño gratuito al gobierno o una parte de él?
La ciudadanía tiene claro el compromiso del gobierno con generar una política habitacional de vivienda propia. También tiene claro los esfuerzos para aprobar una nueva Constitución que contenga estas herramientas para que el Estado provea viviendas a las familias en propiedad. Pero sí creo que este tipo de acciones por parte de algunos actores que forman parte del gobierno son inaceptables, tienen que terminar en un compromiso con un programa que dista mucho de lo que actualmente están haciendo.
Seguridad
- ¿Qué tan preocupante le resulta el escenario de seguridad en Antofagasta? ¿Cree que se está haciendo todo lo posible para dar tranquilidad a los vecinos?
La seguridad es un problema urgente del que el gobierno tiene que hacerse cargo. Este problema no nace hace cinco meses atrás, viene desde hace años y responde al abandono permanente que ha existido por parte del Estado respecto de nuestra región. Ese abandono es lo que tiene que revertir el gobierno y se anunciaron algunas medidas, como $2.500 millones para inversión en seguridad en la región, más de 1.350 de esos millones destinados a Carabineros, que es lo que la gente nos pide, más presencia policial en las calles. Supimos de una intervención para recuperar espacios públicos del comercio ilegal, creo que ese es el camino, pero falta mucho más. Esto tiene que ir de la mano de el mejoramiento de espacios, luminarias para los vecinos del sector centro alto, recuperar espacios públicos y políticas de prevención. Se están haciendo cosas para terminar con este abandono sistémico del que hemos sido víctimas en el norte, pero todavía tiene que hacerse mucho más para entregar seguridad a los vecinos. Se están realizando diálogos ciudadanos en esta materia a cargo de la Delegación porque no creemos que este problema se soluciona solo imponiendo lo que creemos sin preguntarle a la gente, quienes en mayor medida conocen el fenómeno de la delincuencia. Hay que diseñar políticas públicas firmes, sólidas y que se hagan cargo de una vez por todas de este problema.
- Sobre seguridad, el gobernador Ricardo Díaz declaró que “todos sentimos que ya no estamos en la misma región”. ¿Comparte esa reflexión?
Sí. Hoy tenemos una crisis de seguridad en el país y en la región, con los delitos violentos aumentando en los últimos diez años. En nuestro caso, esto responde a un abandono del Estado con el norte, pero en términos generales responde a una política de seguridad sumamente irresponsable, donde el derecho a la seguridad se vive de manera desigual dependiendo de los recursos de la comuna donde vives. Por eso es tan importante que el gobierno tenga esta planificación de reforma a Carabineros para reforzar y especializar su labor, que se anunciara una inyección de recursos públicos y que se busque la ampliación de las herramientas que tiene el Estado para controlar el problema de seguridad. Y también espero, a propósito del debate constitucional, que el apruebo permita que por fin apliquemos esta política nacional de seguridad pública que mandata la nueva Constitución, asegurando una distribución equitativa de las policías, para que todos los vecinos tengan derecho a vivir en entornos libres de violencia. En eso tenemos una tarea gigantesca como Estado y, junto con el alza del costo de la vida, es la urgencia que debemos enfrentar en lo que se viene como gobierno.
- ¿El estado de excepción solucionará este problema?
El estado de excepción a secas no resuelva el problema de la delincuencia, no veo voluntad de los diputados de dialogar. De hecho, dieron un ultimátum al gobierno de rechazar la renovación del estado de excepción en el sur, pero lo veo como un saludo a la bandera, porque no se traduce en nada concreto para los vecinos. No lograron convencer a nadie más en su mismo sector, porque nadie está disponible a ver el derecho a la seguridad como un canje político, sino das acá, te quito allá. Todos sabemos y lo he conversado con el subsecretario (del Interior) Monsalve, que la situación del norte es distinta a la del sur. Aquí tenemos alternativas, como la ampliación del decreto 265 que permite que los militares estén en la frontera y que ha sido de ayuda; también están las alternativas del proyecto de infraestructura crítica, el plan escuadrón Centauro que dota de más Carabineros a la ciudad, lo que se hizo en otras comunas del país y que en el primer mes redujo a la mitad el número de delitos.
Hay opciones y el gallito político de algunos de si “es mi propuesta o no es nada”, me parece bien irresponsable con los vecinos y vecinas.
- ¿Por qué no se sumó a esta bancada de parlamentarios de la macrozona norte que hace esta exigencia al gobierno?
Me reuní con el subsecretario Monsalve igual que los parlamentarios y creo que, de manera responsable y junto a otros parlamentarios, hemos levantado la urgencia de hacerse cargo del problema de la seguridad más allá del eslogan y de un enfrentamiento comunicacional que en nada ayuda. Muchos pretenden dar la ilusión a los vecinos de que se está haciendo algo, que el problema está resuelto, que se hizo el trabajo, para que dos días después nos demos cuenta de que es un conflicto que requiere soluciones serias para hacernos cargo. Tiene que existir voluntad política de todos los sectores y entender que no es un gallito entre sectores político, sino que no estamos jugando el derecho de que la gente vuelva a vivir en paz.
Nueva Constitución
- ¿Con la propuesta de Constitución finalizada, observa un esfuerzo en la comunidad por leer el documento y conocer de primera mano la propuesta?
El texto constitucional es un best seller. Hay mucha necesidad de buscarlo e informarse, también veo cómo el apruebo va creciendo y cómo el rechazo se estanca, porque basó su campaña en mentiras que son fáciles de desmentir. Cuando la gente lee el texto se da cuenta que no están en duda el derecho a la propiedad de la vivienda, la continuidad de los colegios subvencionados o el sistema de capitalización individual, en términos del sistema previsional. Lo que tenemos hoy es una Constitución que por un lado garantiza derechos, para que no dependan nunca más del tamaño del bolsillo, en segundo lugar garantiza democracia para que todos podamos participar en igualdad de condiciones de las decisiones del país y en tercer lugar, algo que es relevante, es que se termina con el abuso y la corrupción. Por ejemplo, en caso de aprobarse la nueva Constitución, Karen Rojo nunca más podría postular a un cargo público y con esto se le acaba la fiesta a los corruptos y por eso es tan importante aprobar el 4 de septiembre.
- ¿Qué tanto daño hace al proceso las tergiversaciones de ciertos artículos o las fake news sobre el documento en su totalidad?
Mucho daño, porque he escuchado que la nueva Constitución relativizaría o quitaría poder a las policías para actuar en medio de una crisis de seguridad, nadie podría pensar que eso es una buena idea. Por el contrario, la nueva Constitución establece por primera vez el derecho a vivir en entornos libres de violencia y obliga la generación de una política nacional de seguridad pública que distribuya mejor las policías. Son cosas muy buenas de la propuesta constitucional que son contingentes a la necesidad que la comunidad expresa. En materia de género, cuando se dice que se reconocerá el trabajo doméstico para que sea considerado como lo que es, un trabajo y que se generen políticas públicas para que a ninguna mujer se la castigue previsionalmente o con su sistema de salud por cuidar a otros u otras. Creo que tenemos una propuesta sólida, que garantiza derechos, seguridad, poner fin a los abusos y ahí las mentiras del rechazo hacen mucho daño. Pero confío que la gente leerá el texto, se informará por canales oficiales y votará apruebo el 4 de septiembre.
- ¿Cree que estas acciones de desinformación son aisladas o tienen una cierta coordinación?
La campaña del rechazo se ha basado en dos ejes discursivos. Uno es la deslegitimación del proceso, ha habido mucha crítica a cómo se dio y eso se puede compartir o no, pero más relevante de cómo fue el proceso es el resultado. Además, si hablamos de proceso, la Constitución de 1980 fue escrita en dictadura. El segundo foco son derechamente las fake news, porque se ha dicho que la gente perderá la propiedad de su vivienda, de su segunda vivienda, que no podrá heredar a sus hijos, que se terminará con el sistema subvencionado en los colegios o que no podrás atenderte en clínicas nunca más y todos tendremos que hacer filas en los servicios públicos. Nada de eso es verdad, es necesario decirlo así, el rechazo se basa en mentiras y cuando no tienes argumentos para defender legítimamente tu propuesta es porque tienes al frente un buen texto constitucional, al que por cierto se le pueden hacer mejoras, pero que es necesario para avanzar en el camino de cambios que Chile ha requerido.
Firma acuerdo
- ¿Cuál es la señal que envía el oficialismo con la firma del acuerdo para reformar la Constitución en caso de que gane el apruebo?
Perseguíamos dos objetivos, aclarar las dudas que existen respecto de la implementación. Por ejemplo, en qué se traduce la plurinacionalidad o los derechos sociales que se garantizan en el nuevo texto. Por otro lado, se entrega un camino de certezas sobre qué ocurre en caso de que gane el apruebo desde el 5 de septiembre en adelante, comprometiendo algunas reformas que mejoran la propuesta frente a algunas dudas que tiene la comunidad y algunos sectores políticos. Me alegra que el apruebo, con todos sus apellidos, lograra ponerse de acuerdo, a diferencia del rechazo, que no ofrece un camino claro y que tiene cinco respuestas diferentes para lo que pasará después del cinco de septiembre.
- ¿Fue desafortunada la declaración de Tellier tras la firma respecto de que no podían garantizar que realizarán lo firmado porque se requiere debate popular?
No aportó en nada, ni al espíritu ni la vocación que tenemos todos los firmantes del acuerdo de las certezas que debemos entregar a la ciudadanía.
