Exintendente de Piñera asesora a comités de vivienda en toma del sector Costa Laguna de Antofagasta

El 22 de junio del año pasado, funcionarios de la Delegación Presidencial Regional, Bienes Nacionales y ambas policías acudieron con maquinaria hasta el sector de Costa Laguna, en el extremo norte de Antofagasta, para concretar el desalojo de terrenos fiscales que fueron ocupados de manera ilegal. Sin embargo, cuando llegaron al predio a un costado de la ruta hacia el aeropuerto, junto a las familias estaba Marco Antonio Díaz, quien se desempeñó como intendente durante la segunda administración de Sebastián Piñera y que luego levantó una candidatura a gobernador regional por Renovación Nacional, en representación de la centro derecha.

El abogado intercedió en favor de dos comités de vivienda, “Mujeres Cabeza de Familia” y “Chile Sueña”, manifestando que, como estaba dentro de los plazos, iniciaría acciones administrativas para recurrir contra la orden de desalojo. Luego de conversaciones, la restitución del terreno quedó congelada y los funcionarios solo alcanzaron a borrar demarcaciones en el sitio y retirar construcciones incipientes para evitar que la toma creciera. Este hecho sorprendió a todos ya que, en el periodo de Díaz como jefe regional, se ejecutó el desalojo de la toma Frei Bonn en Calama y se desarrollaron otros tantos operativos similares en Antofagasta.

“No hay para nada un cambio de posición, sino que hay una reivindicación de los procesos bien hechos y en este caso estoy velando por aquello”, aseguró el exintendente al ser consultado sobre su asesoría a estos comités. Y al mismo tiempo expuso que ha planteado a viva voz en las asambleas a estas familias que su condición es de irregularidad, “lo que no obsta a que tengan derecho a una defensa”.

Díaz explicó que quienes llegaron al lugar fueron engañados, porque compraron títulos de concesiones mineras que no amparan la ocupación de terreno y sostuvo que por aquello existe una denuncia en el Ministerio Público. “Lo que hay es un proceso de acompañamiento para regularizar la situación en orden de ocupar herramientas que han sido planteadas por la Corte Suprema en sendos fallos, en el programa de gobierno del presidente Boric, las entrevistas y debates de su campaña y en el foco que ha puesto el ministro de Vivienda en otras acciones que no son necesariamente los desalojos. Es una facultad de la autoridad, no la desconocemos, pero tienen el derecho a defensa como cualquier ciudadano y que previo a cualquier desalojo, a lo menos se tenga un catastro de las condiciones de vida para acceder a algunos beneficios”, aseguró el abogado.

Argumentos

• ¿Es efectivo que en junio del año pasado acudió hasta el sector de Costa Laguna para asesorar y detener el desalojo de una toma, adelantando que presentaría un recurso de reposición contra la resolución que autorizó aquella medida?

Hoy, completamente alejado de lo que fue mi figuración pública vinculada al quehacer político, estoy concentrado en un cien por ciento en desafíos de mi trabajo profesional como abogado. En el último tiempo estuve en la palestra por algunos casos relacionados con el mundo deportivo y es en ese contexto en el que, en junio del año pasado, no uno, sino dos comités, Madres Cabeza de Familia y Chile Sueña, que a la época eran asesorados por otros colegas, me contactan por la inminencia de un desalojo.

Ellos (los comités) habían realizado ya, con otro colega, un recurso de protección que entiendo se resolvió días atrás y en el marco del desalojo y ante el requerimiento de estos pobladores, me hago presente en el lugar y en buenos términos constato que se estaba realizando el proceso cuando aún estaban pendiente los plazos para recurrir de las órdenes de desalojo.

La primera cuestión que constato y sobre la que dejo absoluta claridad es que ellos están en una condición irregular de asentamiento, el predio corresponde a Bienes Nacionales y por lo tanto no tienen título alguno para emplazarse. Y aquí viene un dato importante, tan pronto señalo esto, a viva voz y a toda la asamblea, se apresuran en mostrarme un conjunto de documentos que, a juicio de ellos, amparaban su emplazamiento. Luego de un examen muy preliminar, cualquier abogado se daba cuenta de que en lo que creían estar amparados no era tal y que habían sido víctimas de un engaño. A los pobladores les habrían vendido concesiones mineras en el sector, una práctica que es muy habitual y señalo a la asamblea que esos títulos no los amparan en lo absoluto en el derecho del uso del suelo, sino que entregan derecho sobre las sustancias concesibles que están en el subsuelo.

Ese primer apoyo o asesoramiento fue un golpe de realidad para ellos, porque demostrar que la inversión que habían realizado y la organización, en realidad no sirve para nada, lo que motivó una denuncia en el Ministerio Público. Desde ahí, mi labor profesional respecto de esos comités está orientada no a lograr que puedan tener acceso a una vivienda en el sector, a lo que me comprometí es regularizar su situación para acceder a los beneficios del Estado en la medida que se cumplan ciertos requisitos. Y con relación al desalojo agotar todas las acciones de defensa, prudentes, serias y razonables, sin transmitir falsas expectativas.

No son caprichosos los argumentos que hemos vertido, porque en el ejercicio de la asesoría que tuvo un primer acercamiento en junio y de manera más formal desde septiembre del año pasado, se presentaron recursos administrativos ante la Delegación Presidencial, recursos de reposición jerárquico en subsidio, solicitud de dejar en espera el proceso de desalojo hasta que no se resuelvan todos estos asuntos, enviamos cartas al presidente de la República y al ministro de Vivienda, en las que solicitamos ingresar formalmente a estas familias al catastro, para que puedan colocarse a la fila y acceder a algunos de los beneficios del plan habitacional de este gobierno. Esto, ya sea radicación, subsidio básico de vivienda u otro.

Planteamos esta línea porque fuimos serios en decirles que no tienen derecho a estar en ese suelo, aunque es un hecho de la causa que lo están ocupando. Pero también, porque en fallos de la Corte Suprema del año pasado, en la causa rol 1062-2022, se estima que sin perjuicio de los derechos de propiedad que asisten sobre el suelo, las autoridades en su conjunto tienen obligaciones respecto de generar condiciones de vida y salubridad. En ese sentido, cualquier proceso de desalojo debe estar antecedido a lo menos por una labor de catastro que permita entregar alguna solución a las familias. Y este criterio también se vio en la Corte de Apelaciones de Concepción en la causa 1536-2022 que, sin perjuicio de rechazarse, subyace esta obligación de coordinación de los organismos que deben intervenir en materia de vivienda.

Como abogado recogí estos argumentos y los reforcé con consideraciones que estaban en el programa de gobierno del presidente Boric y que señalaban que no daría luz a una política de desalojos, cuestión que fue refrendada en los debates que participó. Reafirmó con vehemencia que antes de un desalojo se debían buscar soluciones para las familias. Por último, en la solicitud al Ministerio de Vivienda, está la carta que el ministro Montes envía al delegado del encuentro nacional de pobladores y pobladoras el 25 de agosto del 2022 que, a propósito de campamentos y desalojos, aborda las fortalezas del plan habitacional omitiendo deliberadamente señalar que darán curso a una política de desalojos hasta que las familias no tengan una solución ad-hoc.

• ¿Continúa asesorando a estos dos comités?

Mi acompañamiento será hasta que se resuelvan todas las instancias administrativas. No tengo a mi cargo la denuncia penal (por supuesta estafa por concesión minera para ocupar el suelo), tampoco, hasta este momento, estoy vinculado al recurso de protección. Pero sí estoy ligado a los recursos administrativos, al seguimiento de las cartas enviadas al presidente y al ministro de Vivienda y, además, al proceso para que formalicen su situación mediante la incorporación en un catastro para, en condiciones de igualdad y sin saltarse la fila, conseguir acceso a beneficios que cualquier persona pueda tener, sin hablar de chilenos ni extranjeros.

• ¿Tiene conocimiento de si ellos tuvieron alguna relación con la toma masiva que fue desalojada la semana anterior?

No tienen relación alguna con toma recientemente desalojada. Es más, cuando estas personas en algún momento buscaron un profesional que los acompañara, indirectamente se me consultó y descarté absolutamente trabajar en esas condiciones, porque lo que vi respondía a un propósito distinto al de las familias que se organizaron para tener mejores condiciones de vida. Estos comités no tienen participación ni relación con esta toma desalojada y lo que no puedo afirmar es si existe relación con aquellos que vendieron las concesiones mineras que inicialmente indicaban permitiría construir viviendas. Eso no me consta y por lo menos la directiva de estos comités formalmente constituidos, no están relacionados con la toma recientemente desalojada.

• ¿Esta asesoría es una situación excepcional o continuará trabajando con más comités de vivienda para evitar desalojos o hechos similares?

En este contexto he sido requerido en innumerables ocasiones y he declinado aceptar otros encargos distintos a este, toda vez que no es el foco profesional en el que estoy concentrado. No es un área donde la oficina esté desarrollando una experticia, esta es una cuestión muy puntual relacionada con garantizar el acceso de igualdad ante la ley. Sabemos que en Antofagasta no es el único asentamiento irregular, tal vez es el que tiene mejores condiciones inmobiliarias y por eso la velocidad, viven personas de esfuerzo y no quienes puedan hacer frente a un proceso de desalojo con armas. Al contrario, son varias las consideraciones con un componente social y mi postura personal es la que he planteado a mis representados, su condición es de irregularidad, lo que no obsta que tengan derecho a una defensa y acompañarlos en un proceso de regularización. Y esto puede suponer que se inicie un trabajo de radicación o que deban salir, con acceso a los beneficios del Estado. No olvidemos que hubo autoridades que en campaña con documentos notariales ofrecían radicación y lo que reclamo es el principio de igualdad ante la ley y que todos pudieran tener acceso a idénticas condiciones.

¿Impacto político?

• ¿Cómo debe interpretar esta asesoría la comunidad? Bajo su administración como intendente se ejecutó el desalojo de la toma Frei Bonn y se hicieron otros tantos operativos similares en Antofagasta.

Son dos esferas distintas, pero plenamente compatibles. Soy una persona y profesional que considera que la toma de asentamientos irregulares no es el mecanismo para proveerse una vivienda en el país, algo que consideré antes con la toma Frei Bonn y lo considero ahora que asesoro a estos comités. Con la gran diferencia que en la toma Frei Bonn nos demoramos diez meses en catastrar a las familias, en asignar subsidios de arriendo a los que correspondía, relocalización a otros, postularlos a un proyecto, formalizarlos. Fue un proceso ordenado, se cumplieron requisitos, no se dejó a la gente a su suerte y es justamente eso lo que reclamo. No hay para nada un cambio de posición, sino que hay una reivindicación de los procesos bien hechos y en este caso estoy velando por aquello.

• ¿Es consciente de la carga política que esto significa?

No tengo ni el más mínimo interés de que se le entregue una interpretación política a esto. Cuando todos rehúyen de asesorar a cierto tipo de personas, por su condición o nacionalidad, alguien debía estar disponible y bueno, me coloqué en la brecha. Si eso tiene un costo político, preocupará a los políticos, a mí no. Lo mío es un trabajo de acompañamiento y espero que nadie vea en eso algo que pueda perjudicar a estas familias.

• ¿Por qué cree que se difunde ahora su asesoría a estos comités y no el año pasado cuando comenzó ni en los meses siguientes?

Puede ser que estemos en un periodo electoral y a alguien le parezca interesante relevar este punto ante la ausencia de ideas y de un debate más profundo sobre los tópicos que son importantes para la ciudadanía. ¿A quién le puede importar la labor profesional que realice una persona, por más figuración pública que tuviera en algún momento?