El martes pasada las 14.30 horas, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, informaba sin saberlo a través de sus redes sociales el primero de tres episodios que involucrarían el uso de armas de fuego en la calle. Lo sucedido desató una crisis de seguridad que terminó con la suspensión de clases y la declaración de un paro comunal para este viernes.
Difundiendo fotografías sobre los daños, el alcalde comunicaba que una camioneta del equipo de Asistencia Municipal había recibido un disparo y en el mismo acto otras dos balas impactaron en un vehículo particular, un hecho que ocurrió el día anterior. “A pesar de que el delincuente baleó nuestra camioneta no nos van a asustar. Seguiré recorriendo las calles con más fuerza porque estamos muy unidos”, publicó Chamorro.
El resto de la jornada en la capital de El Loa continuó sin mayores incidencias, pero cuando faltaba poco para que terminara el día, la ciudad sufrió uno de sus mayores episodios de violencia en la vía pública.
A las 21.55 horas, en la Avenida Granaderos 2490, en pleno corazón de Calama y a pocos metros de la Fiscalía Local y frente al Juzgado de Letras, la Primera Comisaría de Carabineros fue atacada por un vehículo color blanco en movimiento desde el que se percutaron siete disparos. Las balas estuvieron dirigidas a la zona del servicio de guardia del cuartel donde se encontraban dos personas realizando una denuncia. Ambos quedaron heridos: la mujer boliviana tuvo una lesión balística en su pierna, mientras que un ciudadano chileno sufrió uno de los impactos en la cabeza.
La primera acción de Carabineros fue activar el plan de defensa del cuartel y solicitar ambulancias al Samu, vehículos de emergencia que fueron escoltados por personal policial. A la avenida llegaron dos unidades médicas que prestaron primeros auxilios durante varios minutos para luego trasladar a los heridos hasta el Hospital Carlos Cisternas. En paralelo, los efectivos cortaron el tránsito en el sector y custodiaban la calle con armamento y chalecos antibala. La motivación del ataque era totalmente desconocida y preliminarmente hubo sospechas de que los disparos tuvieron como objetivo a las personas que estaban estampando una denuncia.
El atentado de inmediato generó miedo en los vecinos cercanos y la comunidad calameña a medida que se esparcía la noticia sobre el inédito baleo a la Primera Comisaría. Toda la atención estaba concentrada en ese punto, hasta donde llegó el Gope, unidades especializadas y todo el contingente de Carabineros disponible en la ciudad, sin embargo, minutos después se reportó otro ataque con arma de fuego, esta vez en el terminal de buses que está ubicado en la misma avenida, unas cinco cuadras hacia el norte.
El vehículo del primer ataque ya estaba identificado y con ese dato las policías supieron que los hechos estaban vinculados: el mismo móvil acudió hasta el terminal y desde él se ejecutó otra ronda de disparos. La agresión dejó inmediatamente un fallecido y otros tres heridos, todos de nacionalidad venezolana.
A la medianoche, los patrullajes detectaron el vehículo y el conductor no habría detenido su marcha iniciándose una persecución que en la intersección de las calles Inés de Suárez con Vicuña Mackenna, al suroeste de la Primera Comisaría, culminó con otro fallecido. En el interior del móvil solo había una persona, el presunto o uno de los presuntos autores de los ataques al cuartel y el terminal. Todo esto quedó registrado por los vecinos del sector y en el video se aprecia el vehículo acorralado por los carros de los efectivos, quienes con gritos realizaron advertencias al conductor. Pero éste en su lugar retrocedió iniciando así una serie de disparos en su contra, los que incrementaron su cadencia cuando el automóvil nuevamente emprende su marcha en dirección a los carabineros. En total fueron más de 120 los balazos percutados en contra de Víctor Hugo Campillay Sandoval (39).
Con la identificación del presunto atacante, la policía reconstruyó preliminarmente la dinámica de los hechos. Según información publicada por el portal de noticias Emol, el fallecido tenía residencia acreditada en Pozo Almonte, pero para las policías era conocido en Calama como líder de una banda delictual de carácter familiar relacionada principalmente con el robo de cobre. En ese contexto, uno de sus hijos murió hace unas semanas al parecer en un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Días después otro de sus hijos fue arrestado por el robo de un automóvil, delito por el que pasó a prisión preventiva. Habría sido esta última situación la que desencadenó el ataque a la comisaría, ya que supuestamente acudió a pedir protección para su hijo quien era objeto de amenazas y ataques en la cárcel.
Posteriormente a la balacera del cuartel policial y al recibir datos de que integrantes de la banda rival estaban en el terminal de buses, se dirigió hasta ese punto donde disparó en varias ocasiones contra los venezolanos. Los antecedentes de Campillay indican que contaba con condenas previas por receptación de especies y uso de placas patente que correspondían a otro vehículo (2005), receptación en grado de consumado (2008), hurto simple consumado (2018), y este mismo año, por portar elementos «conocidamente destinados a cometer delitos de robo, en grado de consumado, y robo en lugar no habitado, en grado consumado». Además, registró detenciones por tráfico de drogas y robos en lugares habitados y no habitados.
En horas de la madrugada y tras la confirmación del segundo deceso, el acalde de Calama informó no solo la suspensión de las clases y las actividades culturales, también el cierre del Parque de la Cultura José Saavedra y Parque El Loa. Ya durante la mañana se desarrollaron una serie de reuniones entre autoridades, como el Comité Policial ampliado, en el que participaron las delegaciones presidenciales Regional y Provincial, los altos mandos de ambas policías y el Ministerio Público.
Sin embargo, el impacto de lo ocurrido en la capital minera fue tal que el jefe comunal declaró que “acá se produce el cobre. Si quieren asegurar los recursos para el país, aseguren la ciudad”. Y en esa línea, destacando que gran parte del PIB del Chile se genera en Calama, aseguró que “si nuestra ciudadanía pide paro, paro van a tener, hay que cortar esto, si no tenemos una decisión fuerte de autoridad vamos a seguir aguantando y en un momento vamos a normalizar esto y eso es lo peligroso, normalizar la violencia”.
Durante la misma jornada hubo manifestaciones y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama distribuyó entre sus funcionarios de la educación municipalizada y consultorios un instructivo con recomendaciones de seguridad para casos de balaceras, con indicaciones como tirarse al suelo y buscar refugio en una pared o vehículo; ubicarse de forma horizontal con los brazos cubriendo la cabeza y que si hay menores presentes, éstos deben ser los primeros en protegerse.
Ante la sensación de inseguridad generalizada, el alcalde Eliecer Chamorro manifestó que la comuna paralizará sus actividades este viernes a partir de las 9 horas y afirmó que se contactó con representantes de los grandes sindicatos mineros, quienes manifestaron todo su apoyo para tomar medidas mayores a partir de la próxima semana. “La ciudadanía empieza a manifestarse a partir del viernes, y desde el lunes los sindicatos mineros que se están sumando a este proceso”, advirtió Chamorro.
