Siempre que se sorteaba el Loto me tocaba preguntar a la gente ¿qué haría usted con 550 millones de pesos? Las respuestas más comunes eran comprar propiedades, viajar y dejar de trabajar; debiendo luego hacer un símil de esta suma de dinero con cosas tangibles para convertirlo en una nota en televisión. Bueno, si hacemos ese mismo ejercicio -pero en política- podríamos partir diciendo que una cifra similar fue la que «invirtieron» las empresas en aportes reservados durante las dos últimas elecciones en la región de Antofagasta y que, en algunos candidatos, fueron la principal vía de financiamiento sin fructíferos resultados en las urnas.
En Timeline.cl, junto con el reportaje sobre aportes reservados hicimos una encuesta donde participaron más de 170 personas quienes en un 90,9% expresaron la necesidad de eliminar este tipo de aportes a la política pero también rechazaron en un 65,9% que sea reemplazado por dineros públicos. Si lo vemos en frío, ambas respuestas son coherentes a lo que uno puede palpar en las redes sociales pero plantean también la interrogante: ¿Cómo carajo se debería financiar la política en Chile?.
En julio de este año se abría una pequeña e ilusa esperanza para conocer los aportes reservados de todas las campañas políticas desde el año 2003 en adelante y que fue votada en la cámara de Diputados. El resultado: 39 a favor, 53 abstenciones y el rechazo de los honorables Germán Becker, Jorge Tarud, Pablo Lorenzini, Patricio Vallespín y Paulina Núñez.
Existen voces con antorchas en mano que gritan a todo pulmón: ¡Que cada uno se financie con plata de sus bolsillos! Bueno, si bien suena bonito, sería una alternativa horriblemente elitista pues estaríamos diciendo que solo postulara gente que posee una fortuna suficiente para autofinanciarse una carrera electoral. Y, si algo nos han demostrado los últimos casos de colusión, es que la decencia no tiene relación alguna con una exitosa carrera empresarial a costa de malas prácticas.
[blocktext align=»left»]Se debe terminar con lo reservado de los aportes y que estos dineros sean conocidos por la comunidad y fiscalizados arduamente por un organismo «con dientes».[/blocktext]
Entonces, si descartamos el aporte reservado, si los diputados tampoco permitieron levantar el secreto, nos oponemos al financiamiento público y al autofinanciamiento dependiendo del aporte económico particular de cada aspirante a algún cargo ¿qué nos queda?.
No somos pocos quienes pensamos que sería indecente que los dineros públicos vayan a financiar a partidos y campañas políticas existiendo tantas necesidades en nuestro país subdesarrollado, pero hay otras opciones. Una de ellas es terminar con lo reservado de los aportes y que -al igual que en Estados Unidos- estos dineros privados sean conocidos por la comunidad y fiscalizados arduamente por un organismo «con dientes». Una vez publicitado el aporte, el parlamentario (o autoridad comunal y regional) debería quedar inhabilitado para regular asuntos que atañen a quien aportó dinero en su campaña.
Sumado a esto, urge restringir los espacios para hacer publicidad política en las calles y así «emparejas la cancha», incentivar debates con todos los candidatos en universidades y espacios públicos, condenar la entrega de obsequios en campaña y -aquí la parte menos agradable para el lector con antorcha– asumir como un DEBER del votante el informarse de las propuestas, asistir a los debates y rechazar los obsequios. ¿El rol del Estado? Fortalecer la educación cívica a temprana edad y también re-educar a quienes hoy acuden a las urnas confundiendo -o incluso ignorando- las atribuciones del cargo que están votando como fue el bochornoso caso de la primera elección de CORE donde varios, hasta el día de hoy, difícilmente podrían definir claramente la función que cumplen en nuestro país pues nunca se hizo -por falta de interés del gobierno de la época o simplemente provecho político- una campaña informativa para que el voto fuera guiado por el conocimiento y no por la ignorancia.
