Chile enfrenta una situación compleja en seguridad pública, no solo por la violencia que ha pasado a ser un compañero recurrente de los hechos delictuales, sino que además debido al déficit de dotación que aqueja a los cuerpos policiales y, de manera especial, a la policía marítima.
En el caso de Carabineros, la falta de dotación solo puede ser suplida con mecanismos como los llamados al servicio, que hoy representan un porcentaje muy bajo de la planta total, porcentaje que podría ser modificado y aumentado, y mediante la liberación de tareas administrativas que hoy, después de tantos esfuerzos realizados hace años para que ello no ocurra, le siguen asignando este tipo de tareas. A modo de ejemplo es posible señalar lo ocurrido con los acompañamientos que debe hacer Carabineros a las cargas sobredimensionadas que resultan ser actividades privadas que terminamos subsidiando todos los chilenos al destinar horas policiales a sus traslados, situación que bien podría asumir privados especializados y autorizados debidamente pagados por el propio privado.
En territorios como mejillones, la alta afluencia de este tipo de cargas implica muchas veces quedarse días enteros con la mitad de la logística (vehículos) disponibles para efectos de hacer fiscalización y control del delito que tanto aqueja a los ciudadanos.
En el caso de la policía marítima la situación es aún más precaria, dado que, del total de la dotación de la Armada, solo el 14% aproximadamente se encuentra destinada a estos fines. Para un país con una amplia frontera como la nuestra, resulta incomprensible que dicho porcentaje sea tan bajo. Solo considerando la región de Antofagasta enfrentamos más de 600 kilómetros de costa que deben ser resguardadas, distribuidas en un sinfín de caletas que muchas veces distan en horas de las ciudades más cercanas.
Otro aspecto de la policía marítima que debe ser fortalecida dice relación con la coordinación con otras instituciones, y especialmente con aduanas. Si bien muchas veces estas coordinaciones existen en el ámbito central, no se dan a nivel más descentralizado como son las regiones, o las comunas que viven una realidad mucho más precaria.
Considerando que las costas de nuestro país constituyen un paso de ingreso atractivo para la ilegalidad y especialmente para las drogas, resulta inconcebible que sigamos destinando solo el 14% de la dotación de la Armada a controlar dicha frontera. Ello en el corto plazo, si es que no es ya una realidad, constituirá el paso más atractivo para quienes deseen ingresar drogas o mercancías ilícitas desplazando por mucho la frontera terrestre, especialmente en un momento donde se ha fortalecido con presencia militar en la frontera terrestre y hemos dejado en el más absoluto despoblado a la frontera marítima.
Basta conversar con vecinos de comunas como Mejillones y Tocopilla, para darse cuenta de que las caletas aledañas a dichas comunidades carecen de toda presencia policial, y lo que resulta más grave, es que aun existiendo denuncia respecto de delitos que allí se cometan, es imposible que la policía marítima pueda constituirse en el lugar debido a los escasos medios logísticos que se lo impiden.
Nuestra frontera marítima en el norte es un espacio al que los delincuentes podrían vulgarmente referirse como un lugar donde “todo es posible”.
