Luego de desistir de su censura contra la mesa de la Cámara -una vez la diputada Catalina Pérez se «suspendió» de la vicepresidencia-, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó este jueves una querella criminal en contra de quien resulte responsable por los polémicos convenios de 426 millones de pesos firmados por el exseremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta, Carlos Contreras (RD) y la Fundación Democracia Viva, dirigida en ese momento por Daniel Andrade (RD), pareja de la parlamentaria.
Específicamente, la acción judicial presentada por los diputados gremialistas Juan Antonio Coloma, Cristián Moreira y Juan Manuel Fuenzalida, busca imputar los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de causales públicos.
En el documento, publicado en La Tercera, los legisladores argumentan que existió «un empleo indebido de bienes públicos por parte de quienes ostentan cargos de responsabilidad pública como lo son los funcionarios o empleados públicos».
«Resulta al menos cuestionable, y de ahí que se investiguen los hechos en sede penal, que se hayan desvirtuado fondos relativos a las funciones propias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta, en una fundación cuya naturaleza propia es de carácter político, y con sede en Santiago», agrega el escrito.
Los abogados Teresita Santa Cruz, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán y Carlos Oyarzún Concha, asesor legislativo del partido, estarán a cargo de la ofensiva penal.
Para el diputado Moreira, «no es posible que a una fundación que no tiene trayectoria se le entregue en forma directa una cuantiosa cantidad de dinero». Por lo mismo, dijo que tiene que existir una fiscalización «real» para que los dineros sean usados de acuerdo a lo que ellos comprometieron.
