Durante esta jornada llegará a Antofagasta el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en medio de la polémica por los convenios entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y Democracia Viva. La visita de la autoridad tiene por objeto, precisamente, entregar los antecedentes del bullado caso a la Fiscalía Regional de Antofagasta, que la semana pasada abrió una investigación de oficio para indagar “una eventual comisión de delitos”.
Y si bien aún no se conocen los detalles de dicha instancia, el Ministerio Público confirmó escuetamente que se llevará a cabo en el transcurso del miércoles.
Como sea, la agenda de Montes por la capital regional comprende otras actividades. “Voy por tres razones. Uno, iré a los campamentos para ver realmente lo que se ha hecho. En segundo lugar, voy a conversar con la autoridad y los dirigentes. Y en tercer lugar, con el fiscal, a quien le voy a entregar todos los materiales que tenemos”, fueron las palabras del titular de Vivienda.
“Dobles contratos”
También fue consultado por los supuestos “dobles contratos”, es decir, funcionarios del Minvu que a su vez tenían un vínculo laboral con la citada fundación. “No conozco ningún caso de una persona que trabajara en el Minvu que recibiera plata de las fundaciones, creo que hay una mala interpretación de una periodista. Lo que ocurre aquí es que algunas fundaciones contrataban personas que se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacerle seguimientos a los proyectos, es totalmente distinto. Un funcionario público que reciba un dinero de afuera es un delito muy fuerte”, dijo.
Agregando que “lo único que voy a decir es que hay contratos de personas con ONGs varias. En un tiempo fue más y después se achicó. Nosotros creemos que son seis personas, no son más que eso -con los datos que tenemos, el día de mañana pueden aparecer otros datos- y esas personas fueron contratadas por las fundaciones y cumplían funciones de apoyo en la Seremi o Serviu”.
Señaló, por último, que hay que modificar el sistema de entrega de recursos a fundaciones y reconoció que “es bien probable” que el propio gobierno presente una querella por los convenios.
