Revolución Democrática (RD) padece su peor crisis desde que un grupo de dirigentes estudiantiles conformó este partido político en enero del 2012. El conglomerado nació bajo una visión crítica de las administraciones del país que estuvieron en manos de la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha, con reproches que se intensificaron tras el 18 de octubre del 2019 y que tuvieron su máxima expresión con la frase de su principal líder, Giorgio Jackson. El año pasado en su etapa en la Segpres, el ministro de Desarrollo Social aseguró que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”.
La crisis, desatada por tres convenios por 426 millones de pesos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, deja como principales damnificados en la región a todo el círculo cercano de la diputada Catalina Pérez, entre quienes se cuentan autoridades de gobierno y nombres que ganaron cargos en elecciones populares y se perfilan como posibles cartas para la municipal del 2024.
Se trata de un hecho que tuvo consecuencias insospechadas para un partido que en su declaración de principios que estableció que sus militantes deben ser reconocidos “como referentes en distintos temas por su ética política”. Las dificultades golpearon al gobierno que vio nuevamente cómo la agenda escapaba de su control y tuvo que solicitar las renuncias de la jefatura regional de Vivienda y de la subsecretaria de dicha cartera, ambos integrantes de RD.
Este episodio significó la caída de la diputada Catalina Pérez, hecho que generó un vacío de poder en la región, marcado por el silencio absoluto de los dirigentes locales y que eventualmente afectará las aspiraciones de carácter electoral, ya que el próximo año por primera vez buscarán levantar un nombre a la alcaldía de Antofagasta.
El terremoto que sacudió al oficialismo tuvo epicentro en la comuna de Antofagasta y se explica por los vínculos que rodean los convenios firmados entre octubre y noviembre del 2022. El presidente de Democracia Viva es Daniel Andrade, quien hasta hace un par de semanas compartía domicilio como pareja de la diputada Pérez en la Región Metropolitana. Carlos Contreras, seremi de Vivienda quien renunció a menos de 24 horas de la publicación del reportaje de TL que expuso los contratos, había trabajado como jefe de gabinete de la parlamentaria antes de llegar al gobierno. Posteriores investigaciones periodísticas detectaron que la fundación había ampliado su giro una a construcción de proyectos de servicios públicos una vez que se dictaron los decretos para el traspaso de recursos.
TL contactó a la diputada para obtener su opinión del caso y manifestó que no tuvo conocimiento ni injerencia en los convenios. Más tarde declaró que Andrade y Contreras, como hombres adultos, debían explicar el “error de criterio político grave” y que tendrán que responder por ello. Al desatarse la polémica, el presidente nacional de RD, Juan Ignacio Latorre, coincidió que lo ocurrido fue un error político y que el problema solo apuntaba al vínculo entre Pérez y Andrade. Sin embargo, el discursó cambió radicalmente días después cuando presentó una querella por los hechos y finalmente dijo que “es muy poco probable que (ella) no supiera”.
Con todos estos antecedentes en la mesa, la figura de Pérez fue cuesta abajo: tuvo que dejar la vicepresidencia de la Cámara de Diputados para evitar una censura presentada por la UDI; luego un grupo de alcaldes RD solicitó congelar la militancia de la parlamentaria y en el actual escenario pensar en una reelección por Antofagasta no tiene mucho sentido. Y todo esto acarrea un impacto en el poder local, ya que Pérez era la mayor autoridad electa de Revolución Democrática en la zona y tiene estrecha cercanía con Jackson y por ello con la presidencia. De hecho, su círculo de hierro está compuesto por varios nombres que trabajaron con ella y una vez que llegaron al gobierno fueron designados con altos cargos en la región. Su imagen quedó fuertemente tocada con el escándalo en el que incluso la PDI llegó hasta su domicilio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda para incautar especies de su ahora expareja.
¿Sale Fuica y entra Kong en Apruebo Dignidad?
En la ciudad, otro nombre de RD vinculado a los cuestionamientos más complejos por convenios entre fundaciones y Vivienda es el de Paz Fuica. Primero, el gobierno informó que encontraron personas que eran pagadas por organizaciones para estar en la seremi agilizando el trabajo en conjunto. La concejala, quien manifestó estar disponible para primarias a la alcaldía si su partido lo solicita, fue nombrada en una publicación de El Mercurio de Antofagasta. En la nota se explica que supuestamente Fuica, en la práctica, habría ejercido funciones en el gabinete de la Seremi de Vivienda incluso contando con un correo institucional que era incluido entre los destinatarios bajo ese concepto, gabinete.
Desde los primeros días en que se conocieron las relaciones que rodean los convenios TL contactó a la concejala para realizar precisamente consultas sobre su rol en la Seremi, sin embargo, hasta el momento no hay respuesta. Este golpe político y mediático afectaría a la eventual aspiración a la alcaldía del partido, lo que probablemente podría resolverse a través de un acuerdo electoral en el que el concejal Camilo Kong de Convergencia Social sería la mejor carta del oficialismo.
Una directiva regional en silencio
La directiva regional de RD ha mantenido silencio sobre todo lo ocurrido porque esperan el avance de las investigaciones en curso, lo que contrasta con las incontables declaraciones sobre el tema que realizan alcaldes, parlamentarios, militantes y hasta el timonel nacional del conglomerado.
La presidenta regional Paula Orellana, también consejera regional, fue cuestionada por diputados de la zona, quienes señalaron que en el momento de que se firmaran los convenio entre Democracia Viva y Vivienda, ella era pareja del exseremi Carlos Contreras. La crítica es similar a la que emitió el presidente nacional de RD Juan Ignacio Latorre hacia Catalina Pérez y apunta a que es raro que no supiera de esos contratos. Eso sí, destacan Orellana se inhabilitaba en todas las decisiones referentes a esa cartera por la convivencia que mantenía con el exsecretario regional.
Una de las dudas que deja todo lo acontecido es qué nivel de consulta en las decisiones realiza el partido a nivel central con la región, por ejemplo, con la presentación de la querella en la que inevitablemente será investigado Contreras. Hasta su expulsión del partido el viernes pasado era un comprometido militante de la zona que incluso apoyó económicamente la candidatura RD de Liliana González al Consejo Constitucional, quien en la cuenta de Twitter del partido fue presentada como asesora jurídica de Asentamientos Precarios de Vivienda.
La encrucijada de Ballesteros
En los cargos de gobierno, el RD de mayor autoridad es el delegado presidencial de El Loa, Miguel Ballesteros, quien también ha guardado silencio sobre la polémica y es comprensible por los vínculos del caso. Ballesteros fue asesor parlamentario de Pérez y por lo tanto existía cercanía con Andrade y Contreras, quien fue jefe de gabinete de la diputada y con quien posteriormente compartió en el gabinete regional. Las razones para evitar comentar la situación pasan por el actual ejercicio de su cargo, lo que no ha impedido a autoridades de otra regiones referirse sobre lo sucedido, y Ballesteros señaló que es la directiva regional la que debe emitir comentarios al respecto.
El delegado de El Loa, como la mayor autoridad de su partido en Antofagasta, debería ocupar el vacío de poder que deja la ausencia de la diputada. Pero llenar ese espacio hoy traería efectos políticos indeseados si se piensa en una eventual próxima intención electoral y su rango de acción pasa por hacerse cargo del partido en la región o renunciar a él.
El peligro que acecha a los protegidos de Pérez en el gabinete local
Mientras que hay autoridades que no han dado señales para llenar ese vacío de poder local, hay otras que ya comienzan a sentir el peligro golpeando la puerta debido a la baja protección que hoy puede brindar Catalina Pérez.
Uno de los más complicados es el seremi de Medio Ambiente, Gustavo Riveros. Quien otrora se desempeñara como asesor de Pérez antes de ingresar al gobierno y amigo personal de la parlamentaria, viene enfrentando varias tormentas en esa cartera que solo prometen hacerse más fuertes.
Todavía está en la retina del adherente al Frente Amplio, el visto bueno de Riveros para la aprobación del proyecto Comahue en la Comisión del Servicio Ambiental pese a que este era altamente resistido por movimientos sociales por encontrarse muy cerca de la Reserva Natural La Chimba. A lo anterior se suman las voces que piden su renuncia provenientes desde el interior de la región, y que solo prometen subir de volumen tras la anulación del Plan de Descontaminación de Calama.
Este escenario muestra la orfandad que atraviesa la red de poder la parlamentaria en la zona con la principal incógnita sobre si la Seremi de Vivienda continuará siendo cupo RD o las negociaciones terminarán con esta cartera entregada al Partido Socialista o Convergencia Social.
