La acción judicial es la única vía que tendrá el Estado para recuperar los recursos que la Seremi de Vivienda entregó a la fundación Democracia Viva para ejecutar programas en campamentos de Antofagasta. Así lo asegura Pablo Toloza luego de que el gobierno confirmara que esta ONG no dejó ninguna boleta de garantía y que ante la solicitud para que restituya los fondos, la organización impugnó la cifra indicando que, a su juicio, se les exigen 97 millones de pesos que ya fueron ejecutados y rendidos. “Ya sea una acción civil dentro del marco de la causa penal o simplemente, y lo que creo es más lógico, es que el Consejo de Defensa del Estado tenga que demandar. Se tratará de un juicio civil de lato conocimiento, probablemente tardará años en fallar”, expresó Toloza.
El exintendente de Antofagasta es parte del equipo de abogados de la UDI que presentó la primera querella por este caso. Y sostuvo que entre las dudas que dejan todos los datos conocidos destaca por qué algunas fundaciones sí presentaban boletas de garantías en sus contratos, mientras que otras no entregaban este documento bancario. Para el exconstituyente, el sentido de Democracia Viva era netamente político, apuntando a que la ONG fue creada para su participación en el proceso constitucional anterior. “Al final de cuentas con toda la información que tenemos, estos convenios que tuvo Vivienda con Democracia Viva, más que convenios con un objetivo determinado para las personas que viven en campamentos, eran una donación encubierta para ayudar a los amigos”, dijo.
Toloza también detalló que la audiencia para discutir si Revolución Democrática puede sumarse como querellante en la causa fue aplazada debido a que el partido oficialista solicitó dejarla sin efecto. Esto, porque entienden que no procede desde el momento en que la presentación fue acogida a trámite.
- ¿Cuál es la explicación para que Democracia Viva no presentara una boleta de garantía para convenios que superan los 400 millones de pesos?
Los convenios que no tienen boleta de garantía al parecer, según lo que señaló el ministro de Justicia, habría sido un modus operandi no solo en el caso de Democracia Viva, sino también en otras fundaciones. La explicación que da al gobierno es insólita, por decir lo menos, porque dice que como estos convenios se hacían con servicios públicos, obviamente no se les pedían boletas de garantía y como esto deriva de aquello, terminó siendo una práctica. No es una explicación, el mismo ministro Cordero ha señalado que no eran todas las fundaciones las que no entregaban boletas de garantía, sino que solo algunas. Evidentemente, había una estructura, una maquinaria montada y hay tres hechos que son relevantes y que no pueden separarse. En primer lugar, hablamos de convenios que se dividieron en distintos actos jurídicos al objeto de eludir el control preventivo de la Contraloría. En Antofagasta Democracia Viva suscribe tres convenios para no exceder el límite y de esa manera evadir a la Contraloría. En segundo lugar, en algo que es totalmente irregular, se le entrega la totalidad del monto a estas fundaciones. Todas aquellas personas que tienen contratos con el Estado saben que esto es irregular, porque el Estado generalmente entrega recursos en la medida que se genera un avance, lo que acá no ocurrió. Y la tercera situación que conocemos ahora es que, sumado a todo esto, además, no se solicitó boleta de garantía. El ministro sostuvo que no habría una obligación legal para solicitar las boleta de garantía y creo que hay un error. Un principio general del derecho, derivado del derecho civil, establece la protección efectiva del crédito y que no requiere necesariamente una norma para que estas fundaciones otorgaran boletas de garantía.
Por lo tanto, creo que está equivocado lo que señala en ese sentido el ministro de Justicia, no es la sana doctrina y pensamos que lo que sí ocurrió es que a estas fundaciones no se les pidió boleta de garantía. Ahora, tampoco a estas fundaciones se les habría entregado una boleta de este tipo porque para solicitarla en una institución financiera, en un banco, tienen que contar con patrimonio, un cierto grado de antigüedad y estamos hablando de fundaciones creadas hace muy poco tiempo. En el caso de Democracia Viva su sentido era otro, netamente político, fue creada para su participación en el proceso constitucional anterior.
- ¿Por qué cree la información de la inexistencia de la boleta de garantía de Democracia Viva aparece ahora y no fue comunicada antes?
Cuando inicia todo esto que da a conocer Timeline, el subsecretario del interior Monsalve en una declaración señala que todas estas fundaciones tendrían respaldo de boletas de garantía. Pero, ahora nos enteramos de que no es así. A raíz de que Democracia Viva no querría devolver los fondos, en este grupo de abogados que estableció la UDI y en el que me toca participar, surgió la pregunta de por qué en lugar de pedir por favor a la fundación que reintegre los fondos, por qué no se hacía efectiva la boleta de garantía. Así surge el tema en una noticia publicada en el diario La Segunda, en la que manifiesto por qué el Estado tiene que pedir por favor los recursos. Con esa publicación, Timeline nuevamente hace una investigación y descubre que Democracia Viva no entregó boleta de garantía.
¿Por qué esto se dio a conocer después de más de un mes? Es únicamente porque un medio periodístico publicó una noticia y el gobierno se vio en la obligación, con el ministro de Justicia que a estas alturas es vocero, informando que no existían esas boletas. La única razón por la cual el ministro reconoce la no existencia de las boletas de garantía es porque tuvieron que reaccionar a lo que informan los medios de prensa.
- Se recordaron unas declaraciones del subsecretario Monsalve quien en su momento se refirió a las boletas de garantía.
En un punto de prensa (el jueves pasado), un medio de comunicación manifestó que recordaban que el subsecretario Monsalve había dicho en el inicio de esta situación que no había que preocuparse porque estaban todas las boletas de garantía y con ello los recursos estaban resguardados. Al parecer, el subsecretario no tenía la información, no conocía los antecedentes y queda de manifiesto que hay dos posibilidades: o el equipo que mandó el ministro Montes a Antofagasta a fiscalizar el convenio con Democracia Viva o no entregó al ministro la información de que no existían boletas de garantía o, el ministro ocultó ese dato. No hay otra explicación para que a más de un mes de conocer este escándalo se informe que no existen boletas de garantía. El gobierno está dando información gota a gota, el mismo presidente dijo que esto sería caiga quien caiga, que serían transparentes y solo se comunica a la opinión cuando los medios de comunicación, el querellante o la fiscalía encuentran algo.
- Ante la diferencia de los montos entre lo que exige el Ministerio de Vivienda y lo que asegura la fundación es lo que corresponde reintegrar, ¿qué acción debe seguir la autoridad considerando que no existen boletas de garantía?
El Consejo de Defensa del Estado presentó una medida precautoria sobre las cuentas corrientes de Democracia Viva ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, acción que habría sido acogida y el banco habría sido notificado. Ahora no sabemos cuánta plata hay en esa cuenta corriente y es solo una medida precautoria, no quiere decir que esos dineros serán remitidos al Estado, quedarán en custodia. Eso se hará efectivo una vez que se inicien las acciones judiciales, ya sea una acción civil dentro del marco de la causa penal o simplemente, y lo que creo es más lógico, es que el Consejo de Defensa del Estado tenga que demandar. Se tratará de un juicio civil de lato conocimiento, probablemente tardará años en fallar porque el mismo juzgado conocerá la demanda civil, eventualmente a la Corte de Antofagasta entraría una apelación y la causa es probable que termine con un fallo de la Corte Suprema. La única forma que tiene el Estado de recuperar los recursos es a través de una demanda que podría durar cinco años. Ahora hay que ser bien claro en esta situación, lo que único que va a recuperar el Estado, eventualmente en una sentencia favorable, es lo que encuentren en esa cuenta corriente. Democracia Viva es una fundación que no tiene ni un lápiz pasta, no tiene inmueble, el domicilio que tenían en Ñuñoa era un departamento arrendado por otra persona, tampoco tienen bienes muebles. Habrá fondos que no se van a recuperar, la fundación se defenderá en que los recursos fueron gastados. Me atrevo a señalar que no se va a recuperar la totalidad de los fondos.
- Conocido este último antecedentes, ¿pedirán algún tipo de acción judicial?
Estamos evaluando distintas de acciones por distintas vías. Somos querellantes en la causa penal y en ese sentido, con este nuevo antecedente y así también lo ha señalado el propio ministro Cordero, pueden establecerse nuevas figuras penales, nuevas personas que aparezcan responsables en esta causa. Acá hay una negligencia de parte de aquellas personas que no pidieron una boleta de garantía, hay dudas razonables para aclarar si hay comisión de algún delito, una concertación con el objeto de que no existieran estas garantías. Son dudas razonables que tendrá que ver la fiscalía. La UDI solicitó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados que se informarán sobre todos los convenios cuáles tienen boleta de garantía, porque es evidente que hay fundaciones que sí entregaron estos documentos y otras, que no sabemos la razón, no lo hicieron. Imagino que el motivo pudo ser que por amistad no se pidiera dicha boleta. Hay una vía judicial en la que estamos viendo la posibilidad de ampliar los antecedentes de la querella con esta nueva información y también ante el contralor para ver cuáles son los contratos que cuentan con boleta de garantía porque se trata de un modus operandi. Al final de cuentas con toda la información que tenemos, estos convenios que tuvo Vivienda con Democracia Viva, más que convenios con un objetivo determinado para las personas que viven en campamentos, eran una donación encubierta para ayudar a los amigos.
- ¿Cuándo es la audiencia en la que se discutirá si Revolución Democrática puede actuar como querellante?
La audiencia tenía fecha, pero Revolución Democrática presentó ahora un escrito solicitando que se deje sin efecto la audiencia, porque ellos estiman que no es procedente una audiencia para determinar si son o no parte querellante. Ellos consideran que el hecho de que se acogiera a trámite la querella presentada los deja habilitados para ser parte del proceso. Nosotros estamos dentro del plazo que fijó el tribunal contestando esa presentación por parte de Revolución Democrática, porque estimamos que con todos los antecedentes que existen a la fecha, no corresponde que actúen como querellantes en la causa. Hay claridad en que quienes participaron en estos hechos son militantes o exmilitantes de este partido político, ligadas a el ministro Giorgio Jackson y por eso nos parece que sería bastante impresentable que sean querellantes en esta materia.
