Ud. se preguntará ¿cómo funciona el Consejo? Y es una interrogante que, por motivos de información y transparencia, debe ser acogida.
El Consejo funciona con una directiva y cuatro comisiones. Todos los días hábiles, de lunes a viernes, se tienen sesiones y, para poder hacer más flexible éstas, algunas sesionan por la mañana y otras por las tardes, destinando las jornadas vespertinas, por lo general, para reuniones de bancadas, trabajos con los asesores, etc. Se tienen sesiones plenarias, convocadas por la presidenta del Consejo, cuando nos visita y expone algún poder del Estado o las universidades encargadas de la participación popular. Previamente, se inscriben por bancadas los que van a ser los oradores en la oportunidad, distribuyéndose los minutos según el número de consejeros por bancadas; por lo regular, se estila 4 o 5 minutos para el/la consejero/a inscrita.
Las apertura de sesiones plenarias y de cada comisión, se hace en “nombre de Dios y de la patria”, siguiendo lo que rige en el Senado. Cabe puntualizar que, en enero de 2012, se introdujo la modificación del reglamento de la Cámara Alta, cuyas sesiones se abrían con “En nombre de Dios, se abre la sesión”, uniformando lo que se estilaba en la Cámara de Diputados: “En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión”. Puede llamar la atención tal expresión, en un estado laico, desde 1925, pero son nuestras singularidades. No me molesta, pues soy creyente católico.
El protocolo es riguroso y solemne. El uso de la campanilla es un instrumento que refiere del inicio- todos de pie- cierre o de pausa breve. Para hablar un consejero o un comisionado, debe dirigirse al presidente de la Comisión y, por su intermedio, interpelar al invitado.
Por lo general, las personas invitadas a título personal o en representación de una institución, disponen de unos 20 minutos para su exposición, como promedio, que debe sincronizarse con la difusión televisiva y grabación. Si se tiene un inconveniente se suspende la sesión.
De los personajes que han concurrido, algunos han empleado power point; otros con minuta, no faltando los que tienen subrayados sus observaciones en el Anteproyecto. Sin hacer comparaciones no todos/as los que han sido invitados o han solicitado exponer, están revestidos de amplia trayectoria, que, en el medio académico es tener auctoritas el saber socialmente aceptado, legitimado y con ascendiente; otros, vienen premunido de mero poder, por ser miembro de algún órgano autónomo del Estado, es decir, exhiben potestad.
Hay invitados que han exhibido un saber envidiable, como el jurista Pedro Pierry Arrau, que además de ser un referente del derecho administrativo en nuestro medio, (el otro es Eduardo Soto Kloss), fue miembro del tribunal constitucional, ministro y presidente de la corte suprema. Uno anhela que siga exponiendo apasionadamente, combinando teoría, doctrina, experiencia y mundo. Otros, deberían acortar sus exposiciones. Otros, que nos han visitado en la Comisión 2, han hecho gala, por haber sido miembros de los órganos que se examinan en ella (Desde el Poder Judicial, tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, hasta Ministerio Público, entre los más descollantes), de conocimientos y anécdotas muy ilustrativas, como Enrique Correa, Cristián Villalonga, Enrique Navarro, entre otros.
Ramiro Mendoza, otro ex Contralor General de la República, une a su saber académico, experiencia forense y su paso por este órgano constitucional. Durante su exposición, que inició con “Quis cutodiet ipsos custodes”, una sentencia del poeta romano Juvenal, que significa “Quien custodia o vigila a los vigilantes”, me honró señalando que en la sala posiblemente el que podía entenderla era el que escribe. Después, me aludió nuevamente, al hacer notar lo burocrático que puede transformarse el Estado, citando el papeleo que se exigen en los Fondecyt, poniendo de ejemplo al suscrito. Y a propósito de proyectos Fondecyt, escuchamos los resultados de un proyecto sobre historia del ministerio público, ejecutado por el académico Javier Wilenmann, el pasado 26 de julio, indicando que era un mito el poder que tenía el Fiscal Nacional, pues este diseminaba en los Fiscales regionales y que era importante la existencia de una Fiscalía Supraterritorial. Es una investigación con muchas entrevistas a ex autoridades y estadística. Lo cual nos lleva a preguntarnos si tales investigaciones empíricas tendrán incidencia en los consejeros constitucionales?
Cada Consejero tiene asignado un presupuesto para contar con asesores. Lo asignado es discreto, pero, según me han indicado, los abogados les interesan postular, pues consignan su paso por el Consejo Constitucional en sus CV. En tal sentido, contraté a Gigliola Cassi Martinez y Salvador Quinteros Pérez, dos jóvenes abogados, militantes de RD. Gigliola estudió en la Universidad Católica del Norte de Coquimbo, en la década de 1990, es mi asesora principal, y tiene como un tesoro familiar, a su bisabuela la poetisa Alejandrina Carvajal Aspee (1881-1951), muy conocida en su tiempo y difundida por varios periódicos y revistas de Aconcagua y Valparaíso, compuso el “Himno de Aconcagua”, y Salvador en la Universidad Central, con una experiencia en la comunicación política, coordina los temas ventilados en otras comisiones. Son labores que permiten tener la información de las enmiendas y las posturas ante los/as consejeros/as dentro de la bancada RD y dentro de la bancada general. Independiente de la información que acopie y mi postura sobre algún tópico específico. Así, por ejemplo, tal como planteé en mi campaña, consideraba que el acceso gratuito a Internet, debía ser considerado como un derecho social, puesto que, ahora, las diligencias del ciudadano con el Estado, las debe realizar en las distintas plataformas para el efecto (desde la Tesorería pasando por el SII hasta Fonasa) o el procurar información y chequear las fuentes por el ciudadano común, las puede encontrar en las plataformas de los medios de comunicación. De ahí, que era importante enfatizar, más cuando estamos ingresando como país en la sociedad del conocimiento. Fue rechazado por la bancada, en razón de que se tramitaba una ley en tal materia. No obstante, una enmienda sobre la Contraloría General de la República- que tratamos en otra columna- que fiscalice todos los fondos públicos, hasta llegar hasta las Corporaciones, y otras, fueron acogidas por la bancada progresista. De ahí, que todas las enmiendas que, comprende a todos los órganos jurisdiccionales ventiladas en la Comisión 2, defendidas por mis asesores y aprobadas en la bancada progresista, comienzan con mi rúbrica.
La próxima semana comienza una secuencia de días febriles, dado que entramos de lleno en la discusión de las enmiendas. Hay metodologías que se deben concordar: capítulos y enmiendas o en su conjunto.
Nos encaminaremos hacia el meollo del Anteproyecto y de las miradas que ha suscitado tal documento emanado de la Comisión de Expertos que mereció el elogio inicial.
Somos de la opinión- y en esto no estoy solo- que la ciudadanía no solo tiene que estar informada sino tiene el derecho de que las deliberaciones de las enmiendas que afectan a los artículos del Anteproyecto de nueva Constitución Política, deben ser ventiladas de modo público, que se sepa de sus fundamentos y argumentaciones, y sopese el pueblo de Chile si era esto lo que anhela, espera o no para poder encaminarnos hacia el trabajo mancomunado de hacer de nuestra patria, un mejor país, más próspero y seguro.
