Uno de los temas más acuciante que afecta a las personas, es la consideración que no se haga justicia con sus demandas. Acá no estamos refiriéndonos a la percepción sobre la justicia, que deja bastante que desear en las diversas encuestas que hemos podido leer, sino a la constatación que la justicia no llega hasta la reparación del daño infringido y, peor aún, que las instituciones sean indiferentes a las denuncias establecidas, al seguimiento de su causa y, finalmente, después de un tiempo, no se hizo justicia. Recuerdo una encuesta dirigida por Jorge Correa Sutil y Luis Barros, Justicia y marginalidad, percepción de los pobres, a inicios de la década de 1990, donde los reclamos apuntaban a la lentitud, la ineficiencia y el carácter discriminatorio de la justicia contra los pobres. Un informe, ya del año 2017, antes de todos los males que se nos vinieron encima como país, el Informe Anual sobre derechos humanos, confeccionado por la Universidad Diego Portales, advertía severamente dos dimensiones del acceso a la justicia: “desde hace años, se viene denunciando que la justicia civil se encuentra cooptada por grandes empresas como la banca y el retail que persiguen la cobranza de sus créditos, mientras los casos donde se discuten controversias de ciudadanos comunes y corrientes –como un problema de arriendo– representan una bajísima proporción de la carga de trabajo de los tribunales civiles. Algo similar ocurre en la justicia de policía local: se encuentra saturada, principalmente, por causas de infracción a la ley del tránsito y no pago del peaje electrónico (TAG), mientras que los problemas que afectan a los consumidores –una de las materias de competencia de estos tribunales– no alcanzan siquiera al 1,0% del total de causas ingresadas” (p.358).
En tal sentido, se ha considerado que en el acceso de la justicia debe darse diversas circunstancias, escriben Haydée Birgin y Beatriz Kohe, como ser la posibilidad de llegar al sistema judicial contando con la representación de un abogado; de obtener un pronunciamiento judicial en un tiempo prudencial; de conocer los derechos y los medios para poder ejercerlos y de contar con asistencia jurídica gratuita para los sectores más desaventajados, etc.
Hemos hecho mención, en otras columnas, que, en un sistema democrático, la justicia es una vara primordial, pues de que valen los catálogos de derechos tanto civiles como sociales, si no se tiene la eventualidad de recurrir a los tribunales en demanda de respeto y concreción de los mismos. De ahí, las interpelaciones que hemos formulado en la Comisión 2 ante el Poder Judicial, Ministerio Público, en conjunto con consejeros de otras bancadas, como ser la consejera Ivonne Guerra, pues el acento no es solo hacer justicia con los delitos de gran connotación pública, sino como la gran mayoría de la población, de los sectores populares siente si son protegidos en su integridad física y en sus bienes por las instituciones.
Actualmente, existen dos instituciones que agrupan a los jueces y secretarios abogados de las corporaciones edilicias: el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, creado en 1966, que agrupa a la mayoría, y el Colegio de Secretarios Abogados de Policía Local A.G, fundado el 2010.
El jueves 3 de agosto, conjuntamente con nuestra asesora Gigliola Cassi, recibimos en audiencia telemática- solicitado en base de la ley del lobby- al Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, donde no todas las municipalidades cuentan con juzgados: de las 346 comunas solo el 93, 9 tienen juzgados, encontrándonos con situaciones donde una comuna, ejemplo Santiago o Arica, tienen 5 o 3 juzgados respectivamente. Si bien, desde el año 2012 la ley obliga a los alcaldes a proveer de un juez letrado y un secretario abogado a los juzgados, un 23,6% todavía no cuentan con ello. Este organismo nos señaló en base a una encuesta llevada a cabo, que estas deficiencias afectan severamente a “principios básicos de jurisdicción” como a la ciudadanía en cuanto “al principio legal de acceso a la Justicia”, puesto dependen de la voluntad de los alcaldes tanto para crear un Juzgado como para proveer de la planta mínima que la ley exige.
En las consultas del INJPL, de los años 2021 y 2023, este último año respondieron un 66, 4% a nivel nacional, donde la región de Antofagasta solo el 50% respondió, pero los resultados son interesantes de leer. La mayoría ratificó los principios de acceso a la justicia y unidad jurisdicción y la función de la Academia Judicial forme a los funcionarios de los Juzgados Locales y, en cuanto a lo expresado en el Anteproyecto Constitucional, en su artículo 158 inciso 8, que aboga para la creación de Juzgados Comunales, para ver conflictos vecinales, entre otros, la gran mayoría apoyó tal resolución: lo mismo, hubo amplio consenso que, después de aprobado el Anteproyecto el Presidente de la república tendrá cinco años para presentar un proyecto que regule el funcionamiento de los Juzgados Comunales. Esto guarda consonancia, con la aspiración de los jueces de terminara con la doble dependencia de la Corte de Apelaciones y de las Municipalidades, sean reformados y se integren al Poder Judicial. Se busca que se incorpore la tramitación electrónica en los procedimientos de los Juzgados Locales, y se rechaza por amplia mayoría que vuelvan a conocer las faltas del Código Penal, considerada en la Comisión de Expertos que analizó el Anteproyecto. La sugerencia de los Jueces encuestados es que los Juzgados Locales conozcan de las pequeñas causas o de la justicia local, de base o vecinal.
Es relevante conocer tanto la deseabilidad de la participación popular como de los jueces que tienen el primer encuentro del sentido de justicia para el ciudadano común, para poder articular una visión sistémica de la justicia, como pilar fundamental de la Constitución. Los sectores populares deben saber y sentirse amparados por la justicia, cuando son violentados desde distintas formas.
En la conversación diaria, cuando hablamos de justicia, deslizamos nuestro hablar hacia otras nociones que aguardamos puedan hacernos sentido de la justicia, como ser la inseguridad ciudadana, que atenta contra nuestras libertades y la seguridad que asignamos a la autoridad pública, en definitiva, al Estado.
En las deliberaciones sobre la seguridad en la Comisión 2 del Consejo Constituyente, junto con el consejero Alejandro Kölher, sostuvimos con fuerza que debíamos hacernos cargo de la seguridad policial, desde una perspectiva sistémica: corregir los yerros e ineficiencias para articular una garantía de seguridad, que no solamente amparara nuestras libertades sino la búsqueda de la justicia ante los transgresores de nuestra tranquilidad, sea en nuestras personas y bienes. Anhelábamos una discusión amplia que recogiera, desde las otras Comisiones con materias atinentes, una mirada de seguridad, que el país aguardaba. Empero, Republicanos, en uso de su potestad legítima, articuló un capítulo sobre la seguridad, sin abrir el debate amplio que habíamos tenido- y así lo hicimos notar en nuestras columnas- sobre la materia y agregando éste, más allá de los acuerdos de la Comisión Experta.
Edificar un sistema que resguarde nuestras libertades, sin avanzar en los defectos que ya advirtió Erich Fromm en su famoso libro El miedo a la libertad, supone un amplio consenso más allá del “golpe mediático”: el país aguarda una discusión seria, responsable pero que nos resguarde tanto del autoritarismo como del libertinaje. Para ello, se debe dialogar para conjugar distintas perspectivas, incorporar anhelos de vastos sectores ciudadanos. Es la única manera de comprender, desde el convencionalismo del lenguaje, cuáles son los alcances de las palabras y nociones que empleamos, ¿todos entendemos lo mismo? Ya Wittgenstein, lo advirtió en sus Aforismos (Vermischte Bemerkungen): “Luchamos con el lenguaje. Estamos en lucha con el lenguaje”
