Los diputados republicanos querellantes en el Caso Convenios han solicitado que se indague formalmente el rol del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez y del jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi. Estos últimos personeros en virtud del traspaso de fondos desde el Gobierno Regional de Antofagasta a la Fundación ProCultura, en el marco del programa de recuperación de fachadas en la ciudad.
Es que -de acuerdo a La Tercera– Cristián Araya y Juan Irarrázaval consideran que las autoridades en cuestión han dictado instrucciones en beneficio de fundaciones o tienen relación con personeros investigados por el fiscal a cargo del caso, Cristián Aguilar.
Para Araya “hasta ahora el hilo se está cortando por lo más delgado, que son los seremis y subsecretarios, pero se debe investigar a quienes diseñaron este mecanismo defraudatorio contra las arcas fiscales”, en referencia a los mencionados militantes de Revolución Democrática. En esto coincide Irarrázaval, quien apunta a que son “los facilitadores del mecanismo que hay detrás de estos casos”.
Sobre Jackson, de hecho, los diputados afirman que mientras fue titular de la Segpres, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno -en donde tiene injerencia la citada cartera- dictó una instrucción que implicó rebajar los controles sobre el destino y uso de los fondos públicos.
Por lo mismo piden ante el tribunal que se cite a declarar a los tres funcionarios de gobierno, se dicte instrucción a Cibercrimen de la PDI para que incauten sus celulares y computadores (personales e institucionales) y se pida a la Brigada Anticorrupción que “proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales” vinculados a los casos.
Caso Fachadas
Como sea, según se desprende de la ampliación de querella, que tuvo a la vista el citado medio, Crispi debe ser indagado porque el 24 de junio de 2022, cuando se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, envió el oficio Nº 2377 / 2022 al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, el cual validó el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica” con ProCultura, a pesar de que la experticia de la fundación era otra.
“El oficio enviado al gobernador por el querellado Crispi Serrano señala que la Fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto”, indica el documento.
Así también señalan que el convenio fue visado por Martínez, quien -dicen- dictó la resolución que habilitó la modificación del presupuesto vigente que le permitió al Gore entregar $460.000.000 a la cuestionada fundación.
Por último, los parlamentarios republicanos piden tener en cuenta supuestos lazos de la actual jefa de la Dipres con Democracia Viva, ya que cuando fue presidenta de la Fundación Rumbo Colectivo -entre octubre de 2020 y marzo de 2022- recibió aportes de la organización encabezada por Daniel Andrade.
