Información que permita realizar denuncias en el Ministerio Público o entregar nuevos datos que sirvan a las investigaciones en curso, la modificación de leyes para evitar que hechos similares puedan repetirse y que el caso convenio tenga responsables con nombre y apellido. Esto es lo que en general esperan obtener los diputados de Antofagasta, Yovana Ahumada y José Miguel Castro, quienes integran la comisión investigadora que indagará los convenios cuestionados en todo el país entre diferentes ONG y organismos del Estado.
La instancia fiscalizadora reúne a 13 parlamentarios que el lunes a las 11 horas sostendrán la primera sesión y que ya tiene un encuentro programado para el jueves con una reunión extendida. Inicialmente, el trabajo de la comisión será hasta septiembre, sin embargo, debido a la gran cantidad de nombres invitados a exponer ante los parlamentarios, es probable que el plazo sea revisado. La lista de quienes serán convocados es amplia y va desde fiscales del Ministerio Público hasta la diputada Catalina Pérez y los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes.
El llamado caso convenios partió luego que se ventilaran tres convenios por 426 millones de pesos entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Las vinculaciones personales y políticas envueltas en esos contratos desataron una serie de críticas que terminaron con la expulsión de militantes de Revolución Democrática y el destape de una serie de situaciones que involucran dineros públicos y fundaciones que ahora son indagadas en todo el país y que incluso ya registran investigaciones formalizadas.
La diputada de Avancemos Chile, Yovana Ahumada, fue la primera en enviar un oficio al Ministerio de Vivienda alertando hechos que estaban ocurriendo en la Seremi de Vivienda de Antofagasta y ahora es parte de la comisión investigadora.
- ¿Cuáles son las expectativas de los resultados del trabajo de esta comisión?
La idea es recabar más información y saber cuáles fueron las formas de actuar. Principalmente con lo que sucedió en nuestra región espero que podamos escuchar lo que ocurría en la interna, con los funcionarios de la Seremi Vivienda, porque creo que ahí está el origen de todo lo que estamos viendo a nivel nacional. Es sumamente importante dar el espacio, escuchar a todos los involucrados y en eso no habrá restricción de invitaciones.
- ¿Qué puntos necesitan aclararse para conocer plenamente todo lo que sucedió?
Algo que me genera muchas dudas son los cambios del mecanismo para hacer el filtro de las organizaciones que pueden recibir estos recursos. Hay fundaciones que no tienen experiencia, no tienen el giro y, sobre todo, cómo Democracia Viva sin tener un año de antigüedad pudo optar a la entrega de estos montos millonarios.
- Sobre Democracia Vivas, ¿cuáles son sus principales dudas?
Cómo ocurrió la entrega de estos recursos si no se cumplían los requisitos que había antes; quiénes son los responsables de bajar los requisitos, quién tomó la decisión de dividir los montos; por qué no se escuchó a quienes correspondía para fiscalizar el proceso de adjudicación del proyecto. Creo que es lo principal para comprender cómo se gestó y articuló todo esto.
- ¿Investigarán los convenios de la región o todos los que levantaron alertas a nivel nacional?
La región, por supuesto, tendrá mayor fuerza, puesto que fue el inicio de todo lo que estamos viendo. Hay un par de fundaciones en particular, Democracia Viva, ProCultura y las que han sumado denuncias en el sur.
- En el caso ProCultura, ¿qué dudas cree que ameritan investigar?
Lo que pasa es que, además, la fundación está cuestionada en otra región. Queremos saber qué relación tiene o si actuaron de la misma manera. Me preocupa que sea una fundación que de alguna manera se cuestiona nuestra región, pero que también está siendo investigada en otras partes. Hay que ver por qué está siendo cuestionada, si existe alguna arista acá y qué relación tiene eso con el desarrollo de proyectos en Antofagasta.
- Cuando finalice el trabajo de esta comisión, ¿qué espera que ocurra en la práctica con toda la información que recopilarán?
Que se ayude a clarificar dudas y sobre todo entregar información para las investigaciones que se están desarrollando. La otro es visibilizar, hacer parte a la ciudadanía, porque serán audiencias públicas y eso es importante para transparentar lo que está pasando, lo que digan las personas y las entidades involucradas. Llevamos más de dos meses y si bien en otras ciudades ya hay algunos detenidos, en nuestra región no hemos visto eso y espero que tengamos responsables, nombres haciéndose cargo de lo que ha ocurrido con los recursos públicos.
Denuncias y nuevas leyes
Por siete votos contra seis, Renovación Nacional logró quedarse con la presidencia de la comisión investigadora y será el diputado José Miguel Castro quien encabece el trabajo fiscalizador.
- ¿Qué expectativas tiene sobre los resultados del trabajo de esta comisión?
Es complicado porque es un caso sumamente complejo, pero hay varias cosas que pretendemos obtener. Lo primero es información que quizás no tengan las distintas fiscalías y entregárselas para establecer cómo se ha manejado un modus operandi en estas verdaderas bandas. También proveer los insumos legislativos para reaccionar tanto en leyes que puedan frenar esto hacia futuro, como también en la ley de presupuesto, para quitar discrecionalidad a las gobernaciones regionales para que estos dedazos con miles de millones de pesos no vuelvan a repetirse, al menos, sin entregar rendiciones y sin pasar por Contraloría.
- ¿Cuáles puntos necesitan aclaraciones en todo el contexto del caso fundaciones?
Negociación incompatible, la entrega de platas directas sin rendirse, los montos otorgados, los giros y objetos de estas fundaciones, porque unas y otras no coinciden. Lo más importante se verá en la ley de presupuesto cuando cortemos el agua a estas fundaciones que, ha trascendido, podría perfectamente estarse hablando de un modus operandi para financiamiento ilegal de la política.
- ¿Qué dudas tiene en particular sobre el caso Democracia Viva?
Ahora se suma una arista más que es la concejala Paz Fuica, quien tenía un email del Minvu, cosa extrañísima y que estaba copiada en los traspasos que se hicieron. Tendrán que aclarar por qué ella estaba para una fundación, pero aparecía su correo cuando se firmaban convenios con otras organizaciones. Hay una serie de aristas que me parecen son sumamente complicadas. Pero no me gustaría centrarme solamente en eso, también tomaremos temas del Gobierno Regional como el proyecto de fachadas e investigaremos todo lo que sea necesario.
- ¿El proyecto de recuperación de fachadas también estará en la comisión?
Citaremos al gobernador para que nos explique, espero que, sin cebollas, cómo se justifica el tremendo gasto para capacitar a 38 personas con los valores que se están pagando. Para mí, los valores son una interrogante, junto el por qué está dando una segunda oportunidad. Quiero saber qué pasa con esta fundación, cuál es el motivo de la defensa férrea, una inquietud que no es solo mía sino de varios parlamentarios.
- En la práctica, ¿qué resultados veremos con la información obtenga la comisión?
Lo primero, denuncias hacia el Ministerio Público; leyes nuevas para contrarrestar lo que está pasando; ley de presupuesto para cortar la discrecionalidad de los gobernadores regionales y con esto intentar dar vuelta la página para recuperar poco a poco la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Un show político de Castro y Ahumada. Estos hechos ya están siendo investigados por la Fiscalía, que es un órgano autónomo y especializado sobre la materia.
Reclaman por la mala utilización de los recursos públicos, pero proponen hacer el mismo trabajo que ya está efectuando otro órgano del Estado, con plata de todos los chilenos.