ProCultura, la fundación que ha sido cuestionada luego de que el Gobierno Regional de Antofagasta le traspasara $629 millones para intervenir tres fachadas, enfrenta ahora una nueva polémica por un proyecto en la región del Biobío.
Se trata de la iniciativa “Turismo creativo”, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cuya finalidad es “desarrollar productos más competitivos”, a través de una inversión de $2.553 millones y una duración de 24 meses, que fue aprobada el 4 de mayo de 2022 por el Consejo Regional. Además, busca poner en valor la identidad cultural y la vinculación de distintas áreas de la cultura (audiovisual, música, gastronomía y artesanía).
De acuerdo a El Mercurio de Santiago, este es el proyecto unitario que más fondos ha recibido en el Biobío en el último periodo. Por ejemplo, compara esta asignación de recursos con los $5 millones para el equipamiento de Bomberos o a los $3.900 millones para la renovación de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses.
Asimismo, el matutino explica que “dentro de los documentos entregados en el caso, se encuentran antecedentes del proyecto y 9 cartas de apoyo de la ciudadanía, una de ellas firmada por Elizabeth Aguilera, dirigenta social que también apoyó un proyecto de ProCultura en Lota y recibió financiamiento para su campaña como constituyente de por lo menos dos directivos de la fundación, según los registros del Servel”.
Gastos de la fundación
Según se desprende de la presentación del proyecto, realizada por el director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín, el impacto sería para unos 313 mil beneficiarios, entre población de las provincias de Concepción, Arauco y Biobío.
La fundación ha gastado $367 millones para una “puesta en valor de los artesanos de la cerámica del Biobío” (24 meses), mobiliario para un taller de cerámica por $75 millones, una conferencia de la música por $200 millones y un plan de difusión y promoción por $230 millones.
Hay que agregar los gastos en consultoría y administración que durante los 24 meses suman $48 millones para un director de proyecto, $36 millones para un encargado administrativo y 39 millones para un encargado de comunicaciones, así como $72 millones para gastos administrativos.
Avances
El Gobierno Regional de Biobío informó a El Mercurio de Santiago que el proyecto ha recibido $1.506 millones y que “presenta una ejecución presupuestaria del 22,4% a junio del presente año y además, registra un avance del 54%”.
Explicó que ha concretado 29 acciones y que otras 41 seguirán en ejecución hasta el término del proyecto.
Igualmente, comunicó que este año se han rendido $565 millones, de los cuales se aprobaron $234 millones, quedando casi mil millones aún por rendir. Lo que sí, el año pasado no se realizaron rendiciones.
Cuestionamientos
Por lo mismo, algunos consejeros regionales han cuestionado la falta de información sobre el proyecto. Así lo planteó Piero Blas, quien aseguró al citado medio que no han tenido información a la documentación de esta y otras rendiciones de fundaciones y universidades, ni a los informes trimestrales.
Para Camila Arriagada, dado los montos comprometidos ya deberían existir “muchos más avances”, así como detalles de gastos. En tanto, Javier Sandoval sostiene que “no tenemos certeza de que el proyecto se traduzca en impactos culturales para la región”.
También ha sido cuestionado los llamados públicos a licitación observados en la página web de ProCultura. La fundación explicó que “si bien, como entidad privada sin fines de lucro, no se nos exige licitar, para algunas actividades que varían de acuerdo a las características particulares de cada territorio y/o programa, contemplamos realizar procedimientos comparativos de adquisiciones”.
Sin embargo, se puede tratar de un mecanismo para disminuir los controles del Estado, según expertos consultados por El Mercurio. Por ejemplo, José Vicava, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, planteó que “se podría abrir una posibilidad de vulnerar el sistema con fundaciones que contraten un tercero por un costo menor al establecido”.
Juan Carlos Flores, profesor de Derecho Administrativo de la U. Andes, sostuvo que “los privados deberían prestar el servicio o ejecutar el proyecto al cual se comprometieron y no sublicitarlo o subcontratarlo, porque por ahí se puede perder la cadena de control del órgano público que asignó esos fondos”.
De hecho, actualmente se encuentra dentro de las indagatorias de la Contraloría, al igual que otras 19 iniciativas de la región.
