Si la situación de las residencias de menores que requieren protección del Estado fueran un paciente, éste permanecería en la UCI y con padecimiento crónico. Así de crítico observa el panorama Paulo Palma, jefe regional del Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) en Antofagasta, quien explicó que la falta de residencias y la especialización de estas para tratar casos complejos es un problema que pasa de un gobierno a otro, a pesar del discurso de que los niños son primero es transversal. Y a las dificultades de los profesionales para trabajar en el área, además se suman casos de explotación de menores que fueron conocidos luego que la Defensoría de la Niñez presentara querellas en Antofagasta y la Región Metropolitana.
Algunas de esas acciones judiciales avanzan y otras por falta de antecedentes fueron cerradas, la información era muy escasa, dijo el abogado. Sin embargo, señaló que hay casos con antecedentes robustos, las denuncias involucran fotos del “vehículo que viene a buscar al niño, foto de la patente, tienen los pantallazos de WhatsApp que hacen los contactos por redes sociales. Hay identificación, puede buscarse la IP, datos permiten llegar a los adultos que acceden a estos menores o las redes que puede haber detrás”.
Una denuncia que llamó la atención del INDH y que relevó en un informe fue la de una adolescente de 16 años que fue sorprendida muchas veces realizando tratos con adultos a través de redes sociales. “Todo eso con citas, Juanito Pérez a las diez de la mañana, Pedrito a las 12, con horarios. Están los pantallazos, están los chats y cómo los adultos le hablan para concertar citas, la insistencia para reunirse”, indicó. Quienes están vinculados a estos hechos son adultos entre los 30 y 40 años absolutamente conscientes de que se trata de menores en condiciones de vulnerabilidad.
“Hay que cambiar el paradigma del modelo y tener un apalancamiento de recursos importantes, porque de partida, se necesitan mejorar ya las condiciones de las residencias. El modelo ideal sería la construcción de un lugar que sirva de residencia y eso es caro. Los gastos son altos en mantenimiento, alimentación, vestimenta, debería tener más de una dupla psicosocial por residencia, porque con una atención psicológica de una vez al mes por 20 minutos, cuál es el tratamiento que puede dar», lamentó el jefe regional del INDH.
- Si habláramos de un paciente, ¿qué tan grave sería la situación de los menores en los centros de acogida?
Estaríamos pasando a UCI. Si usamos terminología, es una enfermedad crónica hasta el minuto. Desde el 2018 se suprimió un informe anual de las situaciones Sename a nivel nacional, se sacó una publicación oficial. Posteriormente como región hicimos otros avances para hacer los monitoreo el 2019, hicimos los informes denuncia respecto de las malas condiciones de habitabilidad, falta de profesionales, rotación excesivas, bajos sueldos, los presupuestos para mantener las residencias, la falta de residencia especializadas para perfiles más complejos. Los problemas de conducta de los menores, por lo cual muchos de los centros residencias que tenían edad de 18 años bajaron sus edades, porque era muy complejo para ellos poder contener a los chicos.
- ¿Cuál es el rango de edad?
Desde los diez hasta los 18 años y algunos bajaron la edad a los 16, otros a 15 o 14. Como es más complejo hicieron esto para evitar el conflicto que se les produce por el hacinamiento y la falta de mayores recursos. Son menores en situaciones de vulnerabilidad, pudieron ser testigos de violencia intrafamiliar, porque fueron violentados por sus familias, por negligencias o falta de cuidados parentales o porque los padres fueron privados de libertad y no tienen quién los cuide. Ahí es cuando decimos que falta la especialización, porque muchas veces vemos la crítica de parlamentarios a nivel nacional y la comunidad que dice los que están en la cárcel, toman la primera escuela del Sename. También está el CIP-CRC, donde hay adolescentes comprometidos con situaciones delictuales, con condenas, pero además hay casos de perfiles complejos relacionados con alguna figura penal, como microtráfico o la misma explotación sexual que ya tiene querellas interpuestas.
Entonces son perfiles distintos, no es lo mismo un niño abandonado por negligencia parental que un niño o adolescente, incluso de la misma edad, que esté con situaciones de alguna discapacidad mental relacionada con el policonsumo. El trabajo es distinto, se necesitan otros especialistas, otros tratamientos, ya que no es lo mismo, no puedes tratar igual a una persona que tenga cáncer y a una que esté resfriada. No puede estar en la misma unidad, son tratamientos, especialidades distintas y ése es el tipo de cosas que vinimos denunciando, no existen los centros especializados en la macrozona norte.
- ¿Han avanzado las querellas?
Algunas avanzan, otras, como todo proceso, por falta de antecedentes fueron cerradas. Denuncias que han hecho los propios directores de las residencias o los organismos que mencioné anteriormente, a veces sus antecedentes son muy vagos. Por ejemplo, hay casos que hemos conocido con antecedentes robustos, tienen fotos del vehículo que viene a buscar al niño, foto de la patente, tienen los pantallazos de WhatsApp que hacen los contactos por redes sociales. Hay identificación, puede buscarse la IP, datos permiten llegar a los adultos que acceden a estos menores o las redes que puede haber detrás. Pero hay otras denuncias en las que simplemente saben que a las niñas la va a buscar alguien, aunque no saben quién ni a dónde las llevan. Los menores no colaboran mucho en ese sentido, porque tampoco se sienten víctimas.
- ¿No se sienten víctimas?
Claro, porque para cooperar ocurre como en la trata de persona. En muchas situaciones cuando el Estado brinda atención y protección internacional a las personas de trata y a los niños en este caso, no se sienten víctimas y al ocurrir eso no sienten que deben colaborar, porque no han hecho nada malo. Algunos casos extramuros no se sienten víctimas y por eso necesitan especial protección con profesionales altamente capacitados.
- ¿Y en las querellas que logran avanzar pudo establecerse algún patrón, una red o se trata de sujetos particulares que cometen delitos?
Mayor conocimiento no tengo porque están investigación. Pero de lo que podemos conversar en los avances, hay patrones, como la captación a través de las redes sociales, chat de WhatsApp, se consiguen los números a través de Instagram u otros medio que son más asiduos a la juventud. Entran los contactos, se pasan el dato y chatean, es un modus operandi, todo a través de Internet. Hay un aprovechamiento, obviamente, porque son niños, niñas y adolescentes vulnerables. Por ejemplo y estoy elucubrando, un niño que por protección no está viviendo en casa con su familia y lo cambiaron hasta de ciudad, quizás no recibe visitas y que alguien se acerque y da apoyo económico, regalos, ropa, son formas de escape.
- En los casos que cuentan con pruebas robustas, como la patente de los vehículos, ¿es gente adulta?
Muy adulta, hemos visto casos de cuarentones.
- ¿Cómo está la capacidad de las residencias?
De 12 a 14 cupos, en promedio, es la capacidad de las residencias y están saturadas, con hasta 24 personas.
- ¿Por qué está adelantando que el escenario será más complejo aún?
Porque cada vez hay más situaciones de vulnerabilidad de niños y por eso se requieren más residencias, pero no hay espacios y este año dos van a cerrar. Si contamos la capacidad oficial de cada unidad, de 12 a 14 niños, tendríamos 28 y sin contar el sobrecupo, que pueda doblar esa cifra. Entonces serían 24 niños que quedarían sin residencia o serían enviados a otras que ya están con sobrecupo. Ya está muy avanzado el proyecto para crear una residencia de aplicación directa, pero también partirá con 12 cupos.
- ¿Hay algún plan del Estado frente a ello?
Mejor Niñez tiene una planificación, porque se proyecta, pero creemos que no da abasto. Es como el problema de las cárceles, antes de que se construye ya están los cupos. Aquí es lo mismo y por eso hay que pensar cuál es el problema, el sistema de trabajo, el sistema de organización de residencia, falta recursos financieros, el Estado debería hacerse cargo con residencia propias siempre con mayor capacidad, cambiar el modelo. En Antofagasta hay modelos de residencia que son de muy alto estándar, propiedades grandes, con mini casas dentro, con una cuidadora siempre que representa la figura maternal o paternal y tienen su espacio completo. Para el país hay otras que simplemente son casas arrendadas y los niños viven adentro y cuando hay sobrecupo, dónde meten más camas, no pueden tener más de dos niños por pieza. Usan el living, el pasillo, el patio, las condiciones van cambiando. No hay sala atenciones y hemos levantado observaciones de las duplas psicosociales que cuando atienden a los niños, hacen la entrevista la misma pieza, en la cama y al lado puede estar durmiendo la otra compañera. Cómo va a progresar el tratamiento de un niño si no tienen las condiciones.
El problema es el sistema, debería hacerse una reforma con un absoluto cambio de paradigma. Actualmente, el sistema está pensado para funcionar, pero en un mundo ideal, con diez niños y ahí tenemos el problema.
- Si alarmas venían encendiéndose desde hace mucho tiempo, ¿por qué no hay una solución más allá de los esfuerzos que no logran hacerse cargo de la demanda?
Hay que cambiar el paradigma del modelo y tener un apalancamiento de recursos importantes, porque de partida, se necesitan mejorar ya las condiciones de las residencias. El modelo ideal sería la construcción de un lugar que sirva de residencia y eso es caro. Los gastos son altos en mantenimiento, alimentación, vestimenta, debería tener más de una dupla psicosocial por residencia, porque con una atención psicológica de una vez al mes por 20 minutos, cuál es el tratamiento que puede dar.
- Como las edades de las residencias bajaron, por ejemplo, a 14 años, ¿qué pasa cuando cumplen 15?
Hay que ver si están en condiciones de egresar o no. Algunos niños son transitorios, están un par de meses, uno o dos años y salen porque sus condiciones de vulnerabilidad ya cesaron. Pero hay otros niños que, por sistema, crecen en dentro de una residencia. No hay un egreso forzoso, salvo cuando cumplen 18 años.
- Pasan a ser adultos, pero tal vez la vulnerabilidad continúa. ¿Ese paradigma también debería cambiar?
Creo que también debería cambiar, porque un niño que ha sido institucionalizado, que pasó toda su educación media en una residencia, no puede ser egresado y abandonado. Habría que hacer un programa de transición y eso es caro, por eso digo que, junto al cambio de modelo, también se necesita financiamiento.
- ¿Cuáles son los casos que más recuerda?
Un caso llamó mucho nuestra atención y lo conversamos con un diputado y lo relevamos en un informe es el de una adolescente de 16 años que fue sorprendida muchas veces contactando tratos con adultos a través de redes sociales. Todo eso con citas, Juanito Pérez a las diez de la mañana, Pedrito a las 12, con horarios. Están los pantallazos, están los chats y cómo los adultos le hablan para concertar citas, la insistencia para reunirse.
- ¿Qué edad tenían esos adultos y cuando iban a buscarla, sabían que se trataba de una menor vulnerable?
Los adultos tenían 35, 40 años y por supuesto que sabían que era vulnerable. Pero también hay otros casos no necesariamente de explotación sexual, como adolescente con compromiso de policonsumo, que evaden para consumir, vuelven en malas condiciones. Las mismas profesionales o directoras de residencia nos han dicho que un niño con policonsumo habitual y al no tener la posibilidad de salir se descompensa, porque la sensación de abstinencia afecta en ocasiones de forma violenta.
- ¿En Antofagasta hay como tratar esos casos?
No hay centros especializados para ese tipo de perfil. Lo que hacen generalmente las residencias es llamar al Samu para que vean la descompensación, pero si está en una situación violenta, es el círculo vicioso. Llega el Samu y con un adolescente violento no pueden entrar, lo que pueden hacer es llamar a Carabineros y al ser un menor descompensado no pueden detenerlo para que lo atiendan.
- La parecer todos los problemas están muy bien detectados, pero cuando toca a la contraparte actuar, al Estado, la realidad choca con una pared.
Ahí es donde nosotros creemos que hay ausencia de Estado, porque es como un secreto a voces, todos saben lo que pasa, los profesionales que trabajan, los organismos relacionados de protección, Mejor Niñez, Defensoría de la Niñez, nosotros, Desarrollo Social, todos saben lo que pasa. Lamentablemente, como Instituto no facultad de imperio, no tenemos poder de obligar a alguien a que haga algo. Nuestro trabajo es observar, relevar, informar y dependiendo la situación, continúa el monitoreo y las acciones constitucionales que pueden ser un recurso de protección. Pero claro, obligar al Estado se presenta un plan de trabajo y con eso está cumplido, sin embargo, hasta que se realice puede pasar mucho tiempo, no cumple su cometido o desde su partida ya es insuficiente. Cuándo podemos calificar que el trabajo del Estado está presente, cuando dejen de ocurrir estas situaciones, cuando inicien los procesos, los programas o el cambio de modelo. Estas son siempre las grandes preguntas y todo eso involucra un problema de financiamiento.
- Un detalle es que Antofagasta tiene recursos por muchas vías, no es como la situación de otras regiones. ¿Eso hace más inexplicable el problema en una zona como ésta?
Es parte de las paradojas, recientemente (la región) quedó con uno de los índices más altos de Chile con casi 920 mil pesos de ingreso promedio por persona y que tengamos estas situaciones de diferencia en la población, más en niños que están bajo la custodia del Estado. Por eso hay que cambiar el paradigma y el modelo, porque generalmente se dice que los niños son lo primero y hay una Convención Internacional de Derecho del Niño que Chile suscribió.
- ¿Cree que a la gente no le interesa el tema?
Pasa, es parte de las explicaciones, puede ser desidia, falta de recursos, paños fríos o son tantas las necesidades que tenemos que ver qué es lo que más importante. Si vamos a dar prioridades, se supone que los niños son prioritarios, más si están bajo la custodia del Estado, porque su vida depende la gestión del Estado.
Esto es un poco más político, no tan solo basta que el Estado ponga los recursos y construya residencias de lujo con el máximo estándar, porque los niños que ya están pasarán a una buena situación. Pero cómo hace el Estado para evitar que las situaciones de vulnerabilidad externas afectan a las familias, pobreza, falta de oportunidades, falta de recursos, falta de inclusión social. Estas son otras aristas, porque una cosa es atender bien a los niños que están, pero cómo hace el Estado para evitar que las situaciones de vulnerabilidad, de segregación, de discriminación, disminuyan para no tener que llegar a esto. Hay que cambiar el paradigma, no solo residencia, las condiciones sociales de la comunidad son el origen del niño vulnerado y debemos ir hacia ese punto o es como estar en un pozo sin fondo.
