Las autoridades tienen el deber de abstención en asuntos que tocan en su ámbito de decisiones respecto de una persona con la que tienen un vínculo de parentesco, de amistad o incluso de enemistad. Y es un hecho consolidado que este deber fue vulnerado, declaró el contralor general Jorge Bermúdez, durante la sesión investigadora de la Cámara por el llamado Caso Convenios.
La comisión se reunió la mañana de ayer en el Congreso para escuchar de primera mano los resultados de la investigación especial que desarrolló el organismo de control en la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La indagación que, en paralelo tiene sumarios administrativos y pesquisas desformalizadas por el Ministerio Público, reunió antecedentes sobre los convenios entre fundaciones y la repartición pública, donde destacan las asignaciones para el programa de asentamientos precarios. Las transferencias que iniciaron el caso ocurrieron entre Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja en esa fecha de la diputada Catalina Pérez y Vivienda, que tenía como seremi a Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la parlamentaria en un contexto en el que todos eran militantes de Revolución Democrática.
En una extensa exposición, el contralor general detalló las observaciones más importantes levantadas durante la auditoría, señalando que “hay un hecho consolidado y es que se vulneró el deber de abstención que tienen todas las autoridades, que supone abstenerse o no intervenir en asuntos que tocan en su ámbito de decisión respecto de una persona con la cual tienen, por ejemplo, un vínculo de parentesco, de amistad o incluso podría ser de enemistad”. Sobre esto último, explicó que también puede ser un elemento de abstención cuando se trata de un acto negativo, ya que la autoridad que aplicará una sanción no puede hacerlo si existe una enemistad manifiesta.
En el documento que fue liberado la semana pasada, la Contraloría recogió la respuesta de la Seremi de Vivienda relacionada con esta observación de alta complejidad. En ella, la repartición pública manifestó que los funcionarios desconocían absolutamente el vínculo del entonces secretario regional ministerial y el representante de Democracia Viva, relación que no fue informada por Contreras y que fue conocida cuando apareció la primera publicación de prensa sobre el caso el 16 de junio. Además, precisaron que la obligación de abstención era del exseremi, quien debió declarar e informar el vínculo y militancia política que mantenía con el representante de Democracia Viva, situación que no aconteció.
Bermúdez indició el problema entre el objeto de la fundación y la experiencia para las tareas contratadas. “Hay que tener en cuenta que no hay una relación entre lo contratado, aquello que es el objeto del convenio y el objeto de la fundación. No había una coherencia entre una cosa y otra, de hecho, si uno mira la fundación Democracia Viva está fundamentar o extender la democracia, participación ciudadana, ese tipo de cosas, más que realizar obras que en realidad son públicas. Solo en noviembre del año pasado, la fundación obtuvo la ampliación de giro por el Servicio de Impuestos Internos para realizar obras”, afirmó.
Recuperación de dineros: «Hablamos de 10 años»
Tras la difusión de los vínculos entre el representante legal de Democracia Viva y el exseremi de Vivienda, el ministerio inició los trámites para recuperar los recursos. Sin embargo, el contralor general adelantó las dificultades que tendrá este proceso.
La información entregada al organismo fiscalizador recoge que el 10 de julio se dispuso el término de los tres convenios, requiriéndose la restitución total o parcial de los recursos transferidos, los que debían ser reintegrados en un plazo no superior a 30 días. Este paso se realizó de acuerdo con una cláusula, pero no parece que se hubiesen adoptado las medidas que se estilan y se requieren para liquidar un convenio, dijo Bermúdez. Y eso tiene una consecuencia, ya que de los $426 millones transferidos, había en rendición $116 millones, $34 millones estaban aprobados y se habían rechazado $82 millones. La suma para restituir es de $391 millones. El contralor aclaró que, de acuerdo con la información publicada por la prensa, la cual nos consta de manera oficial al organismo fiscalizador, de la resta de los $391 millones que deberían restituirse de acuerdo con la liquidación, quedan $97 millones.
“Por qué he dicho que es casi imposible recuperar esos recursos, porque no hay una garantía, la fundación no tiene patrimonio, en realidad tiene un patrimonio de $300 mil que es el declarado al momento de su constitución y, por lo tanto, la forma de requerir su devolución será a través de un juicio. Entonces, primero hay que establecer que hay una deuda y esos son juicios de lato conocimiento para obtener una sentencia que luego hay que ejecutarla. Estamos hablando de diez años más por lo menos, frente a una entidad que no tiene patrimonio, por lo tanto, hoy es muy difícil que se puedan recuperar estos $97 millones”, explicó Jorge Bermúdez.
