Chile parece ser el único país capaz de tropezar dos veces con la misma piedra constitucional. Llevamos décadas reformulando el texto que dejó la dictadura y, pese a todas las modificaciones posteriores, nuestra sociedad decidió establecer una nueva Carta Fundamental nacida completamente en democracia.
Todos sabemos cómo terminó el año recién pasado el intento que realizamos, a través de la Convención. El impulso fundamental para no dejar el esfuerzo a medio camino lo dio el gobierno de Gabriel Boric, quien animó, contra toda esperanza, un acuerdo político que lo hiciera viable, luego de un fracaso estrepitoso.
A nadie se le ocurrió que habiendo sido testigos de los errores cometidos en un intento tan reciente, que teníamos fresco en la memoria, pudieran estos repetirse ahora de la mano de la posición política opuesta.
Sin embargo, lo que va del proceso reproduce en lo esencial los mismos tropiezos en las mismas piedras. Claro que las apariencias formales engañan, porque los grupos más radicales de izquierda suelen ser histriónicos, bullangueros e informales. Algunos creen que vistiéndose de dinosaurios están rompiendo algún tipo de reglas retrógradas. En cambio, ahora, las formas de urbanidad se cuidan mucho, no se rompen las normas de cortesía y el manual de Carreño parece estar concursando como anexo del nuevo texto.
Pero eso es solo un asunto de forma. Los problemas de fondo con que nos encontramos en la ocasión anterior fueron, en pocas palabras, tres: el intento de imponer a través de la Constitución un proyecto de sociedad representativo solo de un sector de los chilenos; la incapacidad de incorporar los puntos de vista de los adversarios; y, el predominio de un discurso identitario que entendía que la negociación se resolvía entre distintos actores del mismo sector político, pero no más allá.
El resultado de este proceso tan mal llevado provocó una gran decepción en la ciudadanía. Primero, porque se puso en cuestión parte de la tradición constitucional chilena que no estaban siendo cuestionados por la mayoría y que, sin embargo, ahora parecían estar repentinamente en peligro. Segundo, porque se agregaban disposiciones representativos de los valores de un sector político, pero que no integraba a quienes tenían modos de vida diversos al que ahora era el único aceptado. Tercero, muchas votaciones empezaron a ser resueltas dejando a la oposición excluida por principio, con lo cual explícitamente se rechazó el obtener un conjunto de normas de convivencia que verdaderamente fuera una construcción nacional, es decir, una casa común de los que son diferentes.
En una modalidad nueva solo aparentemente distinta, se están repitiendo las mismas faltas. Es cierto que un proceso constitucional no puede ser juzgado hasta que entrega un producto final y para eso quedan aún etapas por cubrir. Próximamente se terminarán de tratar las normas del sistema político, que es un aspecto esencial en una Constitución. También, las votaciones del Consejo y el texto derivado de ella pasarán a ser revisado por la Comisión Experta, puede dar paso a una negociación y eso llevar a nuevas votaciones que cambie lo hasta ahora acordado.
Es cierto que todo esto puede pasar, pero también es efectivo que cuando se establece una cierta dinámica de preeminencia de fundamentalismos, de los sectarismos y un predominio de las visiones parciales, es muy difícil que eso cambie.
Por eso, creemos que es necesario dar una ultima voz de alerta, esperando que se realicen las rectificaciones del caso. No hay que engañarse. Pese a que, en el inicio de las votaciones, pareció que la centroderecha podría jugar un rol de bisagra, lo cierto es que, a poco andar, no ha podido resistir la presión puesta por republicanos.
Cuando se repiten, una tras otra, las votaciones de 33 por un lado (toda la derecha en sus distintas facetas) y 17 por otro (el oficialismo en pleno), no es el diálogo lo que está predominando.
Una buena Constitución debiera reconocer la tradición constitucional chilena, no perder ninguna de sus conquistas y actualizar derechos que no estaban reconocidos con anterioridad. Al mismo tiempo, debiera procurar una distribución del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo que aseguraran una mejor colaboración y que posibilitara la formación de mayorías gobernantes.
De momento, los artículos votados parecen desandar camino en cuanto al aborto en tres causales, consagrar la permanencia de las AFP, incluir normas innecesarias como las referidas a símbolos patrios y un refuerzo unilateral de los derechos de propiedad privada. Ante estos primeros atisbos, varios sectores que votaron Rechazo la vez anterior, han empezado a manifestar su predisposición de votar del mismo modo ahora, si la involución conservadora que parece inspirar todos estos aspectos se ven confirmadas.
De más estará decir que, cuando se terminen de tratar las normas del sistema político, nos podemos encontrar con un no muy sorprendente traje a la medida que le permite a la derecha maximizar su desempeño en las elecciones y en la representación parlamentaria. Es de su gusto un Parlamento más pequeño, distritos más reducidos, un menor número de partidos, un sistema proporcional más acotado y un regreso “en la medida de lo posible”, al sistema binominal.
Pronto sabremos si los temores que se han despertado y nuestra voz de alerta se justifica. La idea es tener una Constitución que sea mejor que la que tenemos en todos sus aspectos, sin incluir retrocesos o que nos meta en problemas que antes no habíamos tenido. Quienes tienen la palabra son los sectores que ostentan la mayoría en el Consejo Constitucional. Ojalá escuchen a quienes pensamos distinto, aunque, para ser sinceros, el diálogo con los adversarios no parece que se les dé con facilidad.
