El fiscal regional Juan Castro Bekios explicó que la gran diferencia del proceso que terminó con su nombramiento en el cargo es que los postulantes debían elaborar una propuesta técnica para la Corte de Apelaciones, la que debía ser coherente con la exposición ante los ministros y el fiscal nacional y responder a inquietudes levantadas por las universidades y los tribunales. El desarrollo del concurso fue muy diferente a los anteriores que se resumían a una ponencia de 15 minutos en la Corte, sin contra preguntas, donde se confeccionaba la terna que resolvía el jefe nacional de la fiscalía sin escuchar el proyecto de los candidatos.
“El programa de esta gestión obedece justamente a una coherencia desde que se presenta la propuesta técnica hasta que uno es elegido. Hay ruta preestablecida, los énfasis a trabajar son los que se conocen como factores críticos de éxito, que, en términos muy sencillos, son elementos que cualquier organización tiene que cumplir sí o sí para alcanzar los fines para los cuales está dedicada a la institución. En este caso es la persecución penal y la protección de víctimas y testigos”, dijo.
Castro Bekios, antofagastino de 47 años, partió como fiscal en el 2003 en Iquique, investigando delitos sexuales y violentos. Después se trasladó a Santiago, a la Fiscalía Occidente, donde formó parte del inicio de la Reforma Procesal Penal Metropolitana. Antes de la puesta en marcha de la reforma estuvo en el proceso de capacitación de las policías, de los servicios de salud y participó en la selección de los abogados asistentes. Más tarde “junto con otros colegas me tocó participar en la construcción de la Fiscalía de San Bernardo, que tenía la jurisdicción sobre toda la provincia del Maipo, hablamos en aquella época de más de un millón de personas. Me hice cargo de la unidad de drogas y eso me llevó a meterme en crimen organizado, lavado de dinero y anticorrupción, hasta el año 2011”, detalló el fiscal regional.
Junto a Manuel Guerra retornó a Iquique para crear la una unidad de asesoría jurídica y comunicación que dirigió. En aquella época en la Fiscalía de Tarapacá se registraron causas de corrupción ligadas a la política, había una querella en contra de exautoridades, algunas presentadas por parlamentarios y otras por el Consejo de Defensa del Estado. En su regreso a la Región Metropolitana estuvo como asesor en Alta Complejidad Oriente y después volvió a ser fiscal postulando a un cargo Antofagasta para que su familia estuviera cerca de sus padres.
En Antofagasta comenzó con homicidios y posteriormente fue designado jefe del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo, donde retomó las especialidades que había acumulado en su carrera, tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero.
“Comenzamos a trabajar con armas, drogas y había que hacerse cargo de otros fenómenos y Sacfi si bien funciona, hay que reforzarlo para enfrentar situaciones más complejas como la criminalidad organizada. Y una forma de reforzar el sistema es creando en el mediano plazo una fiscalía que además tenga un área de alta complejidad que pueda abordar otros tipos de delitos que para nuestra región sean de relevancia, como los delitos contra la probidad pública. Es necesaria una persecución penal más especializada y no solo pensando en casos más conocidos ahora. Otro tema que me preocupa mucho y está vinculado al crimen organizado es la posibilidad de la corrupción incitada por organizaciones criminales respecto de funcionarios públicos, como ocurre en otros países”, manifestó el fiscal.
Antofagasta ya conoció el caso de un operador de drones de la Subsecretaría de Prevención del Delito que trabajaba en la vigilancia de la ciudad, prestando apoyo técnico en operativos policiales y que a su vez pertenecía a un grupo de tráfico de drogas.
- ¿Le llamó la atención ese caso o desde su experiencia era una variable del narcotráfico que podía ocurrir?
Era algo que podía darse en cualquier momento. A propósito de investigar a agrupaciones criminales normalmente vinculadas al tráfico de drogas, en Santiago me tocó conocer corrupción policial. Es decir, durante la investigación con una policía se descubre que había otros policías que estaban colaborando con organizaciones criminales. O algún otro tipo de funcionario público de algún servicio que les permitiera acceder a información, también lo vi, de manera que era esperable que esto ocurriera. Pero aquí si bien no era un funcionario público propiamente tal, para los efectos penales lo era. Esa esa alerta es muy importante, porque significa que las organizaciones criminales pueden penetrar en funcionarios públicos distintos a las policías para realizar sus negocios ilícitos y que se cumplan los fines de su asiento. Ese tipo de corrupción, además de la que hemos conocido y que normalmente aparece más en los medios, es muy peligrosa, porque eso lo que va socavando las instituciones en países vecinos.
- Como antofagastino habrá escuchado desde hace décadas que la región es una zona de paso para la droga. Con toda la información que maneja ahora, ¿hay “peces gordos” del narcotráfico en Antofagasta?
Depende lo que entendamos por ese concepto. No diría que hay carteles o algo parecido, pero sí agrupaciones criminales que son capaces de hacerse de un importante patrimonio tanto de carácter nacional como extranjero. Eso sí existe.
- ¿El control territorial de los narcotraficantes depende del poder de armamento o del dinero?
Hay que hacer una distinción, porque lo que teníamos antes de la migración con el traficante más tradicional, es que no necesitaba tanto control territorial, por lo menos en Antofagasta. De alguna forma los sectores estaban divididos, con mucha gente que vende droga, pero siempre se trata de buscar al que está más arriba. En nuestro caso, los campamentos se asentaron en los cerros por la geografía de Antofagasta y eso permite una estructura símil a las favelas, donde se construyen casas de manera tal que desde determinado sector hacia arriba no existen caminos de vehículos, solo hay pasajes y las casas tienen puertas entre ellas. Así, la policía llega hasta donde puede en vehículo, pero luego tienen que caminar y desde ese punto la posibilidad de huir es bastante fácil, lo que complica la investigación en los campamentos. Y se asentó en nuestra región y particularmente en Antofagasta, una importante cantidad de inmigrantes, lo que no es ningún misterio. De hecho, sabemos que la proporción de hectáreas se duplicó en los últimos años. Esto trae problemas porque favorece la criminalidad e impide el acceso a la justicia a quienes conviven ahí y no están asociados a la criminalidad, sino que son víctimas de esta.
En el caso de los extranjeros que mayoritariamente están asentados en campamento ahí sí es más importante el control territorial. Eso lo hemos visto, una agrupación criminal que se asienta en un campamento y de alguna manera se hace cargo de la criminalidad que ocurre en ese lugar. Ahí es donde podemos observar rencillas, luchas o choques de poder entre agrupaciones que han terminado en homicidios. Cifra que también conocemos nosotros y que tienen a la región de Antofagasta con la tercera tasa a nivel nacional, cuestión que no había ocurrido. Ahí tenemos una gran diferencia en cuanto al control territorial y lo otro para tener en cuenta es que otros grupos de traficantes no requieren necesariamente el control territorial, porque su giro de negocio funciona igual que la logística de suministros de una empresa.
Corrupción en servicios públicos
- Independiente de cuánto tiempo, ¿cree Karen Rojo terminará cumpliendo cárcel efectiva en Chile?
No es lo que yo crea, es lo que corresponde de acuerdo con la ley y hoy nos encontramos con un proceso de extradición en curso, con una resolución de un tribunal de Países Bajos que acepta la extradición, eso es absolutamente claro e indiscutible. Pero evidentemente, como cualquier imputado, tiene derecho a recurrir y la defensa de Karen Rojo recurre a la Corte Suprema de Países Bajos y mientras eso no se resuelva, no la podemos tener cumpliendo su condena en Chile. Sin embargo, esperamos que eso se resuelva a la brevedad posible para que cumpla la pena donde corresponde.
- ¿Pero dentro de ese marco legal podría ocurrir que el periodo que ella curse en prisión en el extranjero se abone a la pena cuando regrese a Chile y eso implique que tal vez no ingrese a la cárcel?
El tema de la conmutación o no del tiempo que ha estado privada de libertad en el extranjero es una cuestión que tendrán que decidir los tribunales, no es algo de lo que me pueda pronunciar. Hay una resolución de extradición, que no está ejecutoriada y por eso hay un recurso vigente. Una vez ingresando a Chile ya se ejecuta la extradición y tiene que resolverse en los tribunales chilenos. Si la resolución saliera mañana, por ejemplo, se ejecuta la extradición y esta persona imputada o cualquiera que esté en un proceso similar, tendría que entrar a cumplir su condena. Cualquier solicitud de abono, primero es un tema que tiene que hacer la defensa, segundo, debe pasar por un tribunal chileno y ante lo que se resuelva también está la postura del Ministerio Público.
- En el caso convenios hay expectativas de cuándo podrían realizarse las primeras formalizaciones por la investigación de Democracia Viva. ¿Está cerca ese momento, quedará para el próximo año?
El titular de la causa es el fiscal Cristian Aguilar, quien tiene toda la confianza y respaldo para seguir con el caso. Además, se tomarán medidas para apoyar esa investigación que es muy compleja y cuando digo medidas de apoyo me refiero a desde la Fiscalía Regional, con profesionales del área jurídica para la investigación. Habiendo asumido el cargo la semana pasada, viéndolo como fiscal de la región, con 20 años de experiencia y por haber conocido casos de corrupción, soy de la idea de que aquí no hay retraso. Hay algo que no puede olvidarse, el caso convenios ingresa al sistema de justicia criminal porque es la Fiscalía de la Región de Antofagasta la que, de oficio, a los cuatro días, sin haber denuncia ni querella, abre una investigación. Luego, tres o cuatro días después que la fiscalía solo con la información de medios de comunicación tomara la iniciativa de abrir una investigación, está realizando diligencias de allanamiento no solo en la región de Antofagasta, sino que también en otras. Desde un inicio el actuar ha sido absolutamente ágil.
Después y a propósito de la investigación que abre Antofagasta empiezan a destaparse situaciones similares en otras regiones. Y aún más, por la apertura de esta investigación aquí se abren otras aristas de las cuales también es esta misma fiscalía la que tiene que hacerse cargo. En este caso ya estamos hablando de cinco fundaciones, ya no solo Democracia Viva. Si pensamos en la complejidad de investigar fundaciones, no una, sino varias personas, varios convenios y toda la información de carácter tributario, patrimonial, societaria a obtener, la verdad es que habiendo pasado cuatro meses, no creo que exista algún tipo de retraso. Estamos trabajando con la misma diligencia con la única diferencia de que se decretó el secreto de la investigación a propósito de elementos que hacían posible la existencia de delitos regulados en la ley 19.913, que establece los delitos de lavado de dinero.
- ¿El desafío más complejo es seguir el dinero en este tipo de causas?
Una cosa es seguir el dinero y otra es cruzar la información de ese dinero con las personas que puedan estar vinculada. Son varias las complejidades que presenta el caso, no solo el monto, sino la forma en que se hizo, el tipo de transferencias y, además, hay que analizar cada convenio, para qué era cada uno, a qué estaba destinada cada fundación, qué podía y no podía hacer, su experiencia. Y eso tenemos que multiplicarlo por el número de convenios, el número de personas y el número de cuentas corriente.
- ¿Esta causa es prioridad por los desafíos que plantea?
De acuerdo con la hoja de ruta que tiene esta administración, los casos de alta complejidad, sea éste u otro, mañana podría ser un tema de trata de personas, evidentemente tendrán prioridad. Todo caso complejo requiere prioridad por la cantidad de recursos humanos que se necesitan, porque esos recursos son escasos y hay que destinarlos en tiempos razonables.
- Si la fiscalía de delitos complejos que mencionó en su propuesta técnica estuviese operativa en este momento, ¿este caso habría ingresado en ella?
Sí, muy probablemente, por ser un delito contra la probidad y por tratarse de un caso complejo.
