En esta segunda sesión del año, la Comisión de Libertad Condicional de Antofagasta acogió un total de 39 solicitudes de internos de centros penitenciarios de la región después de revisar 268 peticiones.
En la sesión -desarrollada en modalidad presencial y telemática- el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministro Jaime Rojas Mundaca; junto a las magistradas Claudia Lewin Arroyo y Patricia Alvarado Padilla, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta; y Fabiola Muñoz Fierro junto a Marco Rojas Reyes, del Juzgado de Garantía de Antofagasta; analizaron las solicitudes en base a lo informado por Gendarmería, así como los antecedentes de cumplimiento de cada interno.
El trabajo de la comisión comenzó en septiembre pasado, cuando se reunieron con representantes de Gendarmería de Chile a cargo de la elaboración de los informes que acompañan las solicitudes, con el fin de coordinar diversos aspectos técnicos y prácticos en torno a la información requerida.
Durante esta segunda sesión del año se escucharon 52 alegatos por parte de defensores penales públicos y privados, quienes plantearon a la comisión argumentos adicionales a considerar para acoger las solicitudes de sus defendidos.
“Durante tres días la comisión analizó los antecedentes de 268 solicitudes de libertad condicional presentadas por internos de toda la región. Tras revisar caso a caso, y escuchar 52 alegatos por parte de abogados defensores, se acogieron finalmente 39 solicitudes, lo que equivale al 15% de lo analizado”, indicó el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministro Jaime Rojas Mundaca, quien encabezó la comisión.
La mayoría de las postulaciones correspondían a los centros de la ciudad de Antofagasta, con 132 casos (27 acogidas); mientras que en Calama se presentaron 55 postulaciones (4 acogidas), en Tocopilla 62 (6 acogidas) y 19 en la comuna de Taltal (2 acogidas).
Tras las modificaciones al decreto realizadas a través de la ley 21.124 de fecha 11 de enero de 2019, los requisitos contemplan tiempo de pena cumplida (la mitad o dos tercios); haber observado conducta intachable en el establecimiento penal; y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia.
